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Los principios del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

06 ago. 2014
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El Gobierno, finalmente, y tras algunos intentos, ha aprobado un Proyecto de Ley que intenta regular de manera sistemática la jurisdicción voluntaria. El Proyecto considera expedientes de jurisdicción voluntaria todos los que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

 

Esa regulación estaba ya prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, pero hemos tenido que esperar hasta el año 2014 para ver publicado un Proyecto serio y global de la materia. Como vemos, un ejemplo más del rápido y efectivo cumplimiento que de sus propios mandatos hace el Gobierno. Bueno, en este caso varios Gobiernos, para ser más exactos.

 

A pesar de que la norma tiene muchas cosas criticables, y que seguro dará mucho que hablar hasta su entrada en vigor, que es en julio de 2015, también tiene aspectos positivos, que deben ser analizados. Uno de esos aspectos a mi juicio positivos es la elección de las bases de desarrollo de la jurisdicción voluntaria, a saber: 

 

-La separación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

-La atribución a Notarios, Secretarios judiciales y Registradores de la Propiedad y Mercantiles de las funciones de jurisdicción voluntaria.

-El intento de evitar duplicidades procedimentales.

-Determinar la necesidad o no de la actuación con asistencia letrada e intervención del Ministerio Fiscal.

 

Separación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

La primera característica del Proyecto es la separación de la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, dotándola de independencia pero estableciendo el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil. O lo que es lo mismo, juntos pero no revueltos.

 

Es a mi juicio una posición acertada. Ampliar la Ley de Enjuiciamiento Civil con la jurisdicción voluntaria hubiera sido contradictorio con el propio concepto que de ésta se pretende asentar. Una Ley especial complementada con las modificaciones que sean necesarias (Código Civil, Ley del Notariado, etc.) es más acertado, y más sencillo para el jurista que claramente sabrá dónde encontrar cada procedimiento.

 

El Proyecto establece una especie de esquema de cada procedimiento de jurisdicción voluntaria, determinando fundamentalmente el concepto, competencia y valoración sobre la intervención de abogado y procurador. En función de a quién se atribuya competencia, debemos después buscar el desarrollo concreto del procedimiento

 

Por ejemplo, para los supuestos de competencia notarial, hay que acudir principalmente a la Ley del Notariado, sin perjuicio de la incidencia de otras normas como la Ley del Registro Civil o el propio Código Civil. Curiosamente, se añade un nuevo título a la Ley del Notariado para regular profundamente materias como la aceptación a beneficio de inventario, sin modificar, al menos de momento, el Reglamento Notarial. Esto sí genera una cierta contradicción normativa, ya que la Ley del Notariado, es orgánica, es corta (apenas 47 artículos) y contiene normas generales que desarrolla el Reglamento, siendo quizás éste el lugar adecuado para su introducción

 

Atribución a Notarios, Secretarios judiciales y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

 

La segunda característica del Proyecto, y la que quizás pueda suscitar más críticas, es la atribución de las funciones de jurisdicción voluntaria a cuerpos no jurisdiccionales (Notarios, Secretarios judiciales y Registradores de la Propiedad y Mercantiles), siempre y cuando no afecte directamente a derechos fundamentales o supongan afectación de intereses de menores o personas que necesitan especial protección. Por si acaso, la propia Exposición de Motivos aclara que la solución legal tomada es conforme a la Constitución Española.

 

La distribución de los asuntos se realiza intentando asignar cada materia al operador jurídico que tenga un mayor control de la misma (por ejemplo, a los Notarios cuestiones sucesorias y a los Registradores Mercantiles cuestiones societarias).

 

No me queda otra que aplaudir esta decisión, pues es sobradamente conocido el papel que, por ejemplo, los Notarios, realizamos en ciertas actuaciones de jurisdicción voluntaria. Piénsese en la diferencia de coste, complicación y tiempo que presenta una declaración de herederos notarial frente a una judicial en la actualidad.

 

Además, estoy convencido que otras figuras que ahora se atribuyen al Notario hubieran sido más utilizadas por los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis, como la interpelación del artículo 1005 del Código Civil, la declaración de herederos entre colaterales o el beneficio de inventario. Aquí si habrá un ahorro considerable y una mayor agilidad de los procedimientos, de eso no me cabe la menor duda.

 

Intentar evitar duplicidad de procedimientos.

 

Una vez atribuida la competencia al colectivo correspondiente, la Ley intenta evitar alternativas entre el Juzgado y el resto de operadores, para evitar duplicidades o contradicciones. Dicho de otro modo, el Proyecto intenta establecer, en la medida de lo posible, una única vía para cada supuesto de hecho.

 

Esto podría ser criticado, pues se elimina la facultad de elección del sujeto afectado del procedimiento. No obstante, si el sistema que se trata de eliminar y depurar no funciona, o funciona mucho peor que el instaurado, la facultad de elección es ilusoria en la práctica, y no hay perjuicio alguno para el usuario. Más bien al contrario, se evita que el usuario, por una deficiente información, utilice medios más costosos y menos eficientes.

 

Cuestión distinta es que el sistema funcionara y se eliminaran opciones buenas y legítimas, como ocurre por ejemplo con la eliminación del doble título inmatriculador al que hice referencia en este post. Por tanto, en este caso, la valoración también ha de ser positiva.

 

No obstante, hay ciertos expedientes que sí se mantienen como compartidas, como por ejemplo  el ofrecimiento de pago y consignación de deudas pecuniarias, atribuídas de forma concurrente a Notarios y  Secretarios judiciales.

 

Actuación de Abogados, Procuradores y del Ministerio Fiscal.

 

Quizás los colectivos profesionales a priori más afectados sean los Abogados y Procuradores, pues el Proyecto no establece un criterio general para su intervención en dichos expedientes, dejando el carácter preceptivo de su intervención a cada caso concreto

 

En la práctica muchos expedientes no necesitarán de Abogado ni de Procurador, o quedará condicionada su actuación preceptiva a que la cuantía sea superior a seis mil euros. Entre otros expedientes, podemos citar los relativos al albaceazgo, o al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad judicialmente complementada.

 

No obstante, que su actuación no sea preceptiva no significa que se prohiba su actuación, incluso el Proyecto sí la exige para la presentación de recursos de revisión y apelación. De hecho, en muchos de los casos en que el Proyecto establece como no preceptiva su intervención, ésta será solicitada por las partes, pues previamente éstas habrán acudido a su Abogado para que les aporte una visión global de su problema.

 

Por otro lado, el Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente.

 

Relación de expedientes regulados directamente en el Proyecto

 

El Título II trata los expedientes en materia de personas, cuya regla general es que la competencia sigue siendo judicial, y que no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador. Entre ellos encontramos: 


-La autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial.

-La habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial.

-El acogimiento de menores y la adopción.

-Los relativos a tutela, la curatela y la guarda de hecho. En este caso será preceptiva la intervención de Abogado en la remoción del tutor o curador.

-La concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad.

-La protección del patrimonio de las personas con discapacidad.

-Los relativos al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.

-La autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente. En este expediente sí será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador si el supera los 6.000 euros.

-La declaración de ausencia y fallecimiento.

-La extracción de órganos de donantes vivos.

 

El Título III trata los expedientes en materia de familia cuya regla general, del mismo modo, es que la competencia sigue siendo judicial, y que no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador. Entre ellos encontramos el de la dispensa de impedimento matrimonial, el de la intervención judicial en relación con la patria potestad y en los casos de desacuerdo conyugal y administración de bienes gananciales. En este último expediente sí será preceptiva la intervención de Abogado y Procurador si la actuación patrimonial supera los 6.000 euros.

 

El Título IV trata los expedientes en materia sucesora. La regla general en estos casos es que la competencia es judicial y que no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador cuando la cuantía del haber hereditario sea inferior a 6.000 euros.

 

-Remoción o renuncia del albacea, de prórroga del plazo, de rendición de cuentas o para la obtención de autorización para que el albacea pueda efectuar actos de disposición sobre bienes de la herencia.

-Aprobación de la partición realizada por el contador-partidor, cuando resulte necesario. En este expediente la tramitación y decisión corresponderá al Secretario judicial.

-Aceptación y repudiación de la herencia que necesite autorización o aprobación judicial.

 

El Título V trata los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos al derecho de obligaciones. La competencia general es para el Secretario judicial en el caso de fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones y del Juzgado de Primera Instancia para la consignación. En ninguno de los casos será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.

 

El Título VI trata los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales: La autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo será competencia judicial y no será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. En el deslinde de fincas no inscritas (para las inscritas se aplicará lo dispuesto en la legislación hipotecaria) la competencia es del Secretario judicial y será preceptiva la intervención de Abogado si el valor de la finca fuera superior a 6.000 euros.

 

El Título VII trata los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil, siendo la competencia general atribuida al Juzgado de lo Mercantil y preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. Comprende la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, el nombramiento y revocación de administrador, liquidador, auditor o interventor de una entidad y la disolución judicial de sociedades.

 

El Título VIII, relativo a la conciliación, atribuye la competencia al Secretario judicial y no exige la intervención de Abogado ni Procurador.