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El arancel notarial

22 abr. 2015
Arancel notarial

El precio que cobran los Notarios por sus servicios está fijado en el arancel notarial, igual que el de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles en el suyo propio. El arancel de los Notarios se estableció por el Gobierno en el Real Decreto 1426/89 de 17 de noviembre y, desde entonces ni se ha actualizado ni se ha revisado más que a la baja, y eso que los aranceles españoles son, después de los de Portugal, los más bajos de Europa

 

Es incuestionable que el arancel lo fija el Gobierno, y que sobre él no se puede influir ni individual ni corporativamente. Eso quiere decir que los Notarios no tienen ningún tipo de potestad ni de capacidad de modificación del arancel. Lo único que pueden es interpretarlo y aplicarlo. Por supuesto, si el usuario del servicio no está conforme con la interpretación y aplicación que haga el Notario, puede impugnar la minuta notarial. Por ello, los notarios estamos obligados a tener a disposición de los clientes un ejemplar completo del arancel con una tabla de aplicación.

 

Es también incuestionable que el arancel lo paga el usuario del servicio notarial. Eso supone que quien utiliza el servicio notarial sufraga el coste del documento, el mantenimiento de la oficina notarial y la retribución del Notario. 

 

Por tanto, eso implica que los Notarios no cuestan absolutamente nada a quien no solicita la actuación notarial, ni directa ni indirectamente, pues no se percibe ningún tipo de suelo o salario del Estado, ni éste costea la oficina notarial, ni a los empleados del notario ni sustenta su organización. Si no se firman escrituras, no se cobra, pero los costes de la oficina notarial sí se han de pagar. Tan sencillo como eso.

 

 

¿Cómo se aplica el arancel notarial?

 

 

La principal distinción en el arancel notarial es la de documentos sin cuantía o de cuantía. En principio, la idea que subyace es que hay documentos más sencillos, rápidos y con una menor responsabilidad para el Notario. Eso es erróneo, pues un “sencillo” testamento, que es un documento sin cuantía, puede ser el título de una cuantiosa herencia, con la correspondiente responsabilidad grave del Notario por haber autorizado un simple documento sin cuantía.

 

Son documentos sin cuantía aquellos en que el montante económico de la operación no se expresa o que, aún expresándose un valor, éste no constituye el objeto inmediato del acto jurídico contenido en el instrumento. Se incluyen por ejemplo los poderes o testamentos. Los documentos sin cuantía tienen un arancel fijo (entre los 15,02 y los 36,06 euros, dependiendo del tipo de documento).

 

Son documentos de cuantía los que sí tienen un valor relevante para el negocio jurídico o están sujetos por su contenido a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o sobre el Valor Añadido. Son ejemplos las compraventas o donaciones. Sobre ese valor se aplicará el arancel en los documentos de cuantía: Cuando el valor no exceda de 6.010,12 euros se percibirá 90,15 euros, y luego el porcentaje que se aplica sobre el exceso resulta de una escala decreciente: a mayor cuantía, menor porcentaje aplicable (comienza en 4,5 por mil y termina en 0,30 por mil).

 

Este coste puede después incrementarse o disminuir. Disminuirá si hay alguna bonificación o reducción aplicable, como por ejemplo en documentos de tipo social o en los préstamos y créditos personales o con garantía hipotecaria (se reduce un 25 por 100, que incluso llega al 50 por cien en caso especiales). Por otro lado, se incrementará con el coste de las copias simples o autorizadas, testimonios, salidas del despacho u otras circunstancias concretas del documento.

 

Otras cuestiones relevantes son las siguientes: 

 

-Por la salida de la Notaría, el Notario devengará, si es dentro del término municipal de su residencia 18,03 euros por hora o fracción, y si es fuera de él o en días festivos, o de guardia, o fuera del horario de trabajo del despacho, la friolera cifra de 24,04 euros.

 

-La obligación de pago corresponderá a los que hubieren requerido los servicios del Notario, y si de conformidad con los requirentes se hubiere redactado un documento y no llegare a autorizarse por desestimiento de alguno o de todos, el Notario tendrá derecho a percibir del que haya desistido la mitad de los derechos correspondientes a la matriz y todos los gastos que en su caso haya anticipado. 

 

-El notario no podrá exigir anticipadamente provisión de fondos, salvo para los pagos a terceros que deba hacer en nombre del cliente y que sean presupuesto necesario para otorgar el documento. 

 

 

¿Me puede hacer el Notario un descuento o no cobrarme la escritura?

 

 

En cuanto a los descuentos que puede hacer el Notario, hay que tener en cuenta que actualmente, el Notario podrá hacer un descuento de hasta el 10 por cien o dispensar totalmente los derechos devengados, pero no tendrá la facultad de hacer dispensas parciales. Aquí hay un límite, que intenta salvaguardar la competencia y la libre elección de notario: No podrá aplicarse la dispensa total a uno o varios actos o contratos conexos o económicamente relacionados con otros otorgados por el mismo sujeto respecto de los cuales no conceda la misma dispensa.

 

Este régimen es distinto del que tenían los anteriores Corredores de Comercio colegiados, que al tener el carácter de aranceles de máximos, permitían aplicar los descuentos que estimaran pertinentes. Cabe tener en cuenta que los Corredores de Comercio colegiados adquirieron poco después el carácter de Notarios, por lo que sus actuaciones pasan a estar regidas por la normativa notarial, incluida la arancelaria.

 

 

El Impuesto sobre el Valor Añadido en los documentos notariales.

 

 

Otra cuestión importante es la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la prestación del servicio notarial. Hasta el 31 de diciembre de 2014, muchas de las operaciones notariales estaban sujetas a IVA, quedando únicamente exentos, en virtud del artículo 20.1.18.ñ de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, los servicios de intervención prestados por fedatarios públicos, incluidos los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en las operaciones financieras exentas.

 

Dicha letra ñ del artículo 20.1.18 ha sido derogada por la Ley 28/2014, de 27 de noviembre con entrada en vigor el 1 de enero de 2015, por lo que a partir de esa fecha, todas las operaciones notariales están sujetas a IVA, al tipo general de 21 por ciento, incluidas las cancelaciones de hipoteca, préstamos hipotecarios, garantías reales o personales, pólizas de aval, préstamo o crédito.

 

La consecuencia para el consumidor final es claramente negativa, pues va a encarecerse un 21 por ciento su factura notarial y registral. Excepto, por supuesto, para los empresarios, que podrán contabilizarlo como como IVA soportado.

 

Es importante matizar que esta extensión en la aplicación del IVA procede directamente de la normativa comunitaria sobre IVA, que prevé la exención en favor de los servicios financieros, pero no en favor de la intervención notarial, que no tiene carácter financiero, pues consiste en preparar documentos públicos, y ello incluso en el caso de que los servicios notariales se presten en relación con una transacción financiera.

 

 

Tendencias en materia arancelaria.

 

 

A pesar de todo lo dicho, ese arancel existe y está vigente, y aún así, cada vez que se publica una norma que menciona la palabra “escritura” o “acta”, seguidamente se atribuye facultades al Gobierno para regular su arancel. No es necesario decir que el Gobierno tiene esas facultades sin que lo diga la Ley, por lo que esa coletilla ha quedado como un aviso para navegantes de que no se aplicará el arancel notarial, sino una bonificación o rebaja sobre éste. O ambas. O lo que se está poniendo más de moda últimamente, un precio o coste fijo por documento que, de otra parte, no tiene cabida en el arancel más que como mínimo.

 

El arancel está constantemente bajo rumores de actualización, de sistematización o de aclaración, y quizás sí fuera conveniente un nuevo arancel, más claro, previsible y con vocación de durar en el tiempo sin sujetarse a sucesivos parches en cada norma que se publique, como por ejemplo en el Proyecto de Jurisdicción Voluntaria, cuya Disposición adicional segunda prevé fijar aranceles en normativa separada para los expedientes regulados por ella.

 

Digo esto, aún sin saber cómo serán estos futuros aranceles, porque la única mención concreta que hasta ahora se hace en el Proyecto es la relativa a la gratuidad en la designación notarial de peritos prevista en la normativa del contrato de seguro, lo cual, visto el procedimiento del artículo 77 de la Ley del Notariado que se introduce, no parece tener mucha lógica.

 

Por otro lado, es lógico pensar que, si el acceso a la justicia gratuita está reconocido por cumplir con los requisitos legales para un expediente determinado, éste acceso se intente mantener en las condiciones más cercanas posibles y que esto suponga una reducción o bonificación del arancel notarial. De hecho, en el propio Proyecto se prevé que la acreditación de los requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, se realice ante el Colegio Notarial, que verificará la exactitud y realidad de los datos económicos que proporcionen los solicitantes.