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Hacia un Notariado digital

30 abr. 2015
Notariado digital

Seguimos con la segunda parte del resumen de la charla del día 24 de abril de 2015 en Valencia Una vez tratada la primera parte, que era una introducción y un acercamiento a la relación del notariado con las redes sociales, voy a centrarme en el concepto de Notario digital, dejando para el tercer post el tema de la creación de servicios digitales.

 

 

II. Desarrollo del concepto de notario digital.

 

 

Hay una serie de empresas que se aglutinan bajo el descriptivo nombre de notarios digitales, que traté de manera más extensa en este post. El eje de toda esta situación es una mezcla entre el sellado de tiempo, la firma electrónica y el tercero de confianza (que explica en este post mi compañero Francisco Rosales) o figuras afines que se pretende en ocasiones hacer coincidir, en la vertiente electrónica, con la figura del Notario para dos supuestos distintos: contratación electrónica y creación de pruebas electrónicas oponibles en juicio.

 

Contratación electrónica.

 

En el primer supuesto, la contratación electrónica, nos movemos de momento en el ámbito de la contratación privada, y todavía no suponen una amenaza para el documento público, por supuesto mientras el ordenamiento jurídico no les otorgue mayor eficacia o los intérpretes del mismo, los Jueces, no comiencen a admitirlos para materias reservadas al documento público. 

Esos cambios legislativos que hagan palidecer la eficacia del documento público parecen lejanos, pero ya están ahí. Hablo del Reglamento 910/2014 de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, que avanza mucho en el reconocimiento de la identificación plena mediante el uso de la firma electrónica. 

 

Es obvio que, tal y como está el panorama legislativo actual, una firma electrónica puede garantizar la identidad de la persona, sobretodo si a la tarjeta se añade o complementa una identificación biométrica basada en huella dactilar o en escáner de retina.  En cualquier caso, y como dice mi compañero Luis Fernández-Bravo, no puede garantizar dos extremos de gran importancia: La necesaria solemnidad del acto jurídico, ya que no es comparable la actitud en cualquier compra por internet que cuando se firma un préstamo hipotecario, y que sólo la existencia de un fedatario público garantizará la ausencia de vicios de la voluntad, la capacidad y la legitimación del otorgante. 

 

Pero eso será así mientras el ordenamiento jurídico quiera que sea así, y no se opte por un sistema de seguridad jurídica reparativa de corte anglosajón, en el que los documentos privados electrónicos con firma electrónica produzcan los mismos efectos que los públicos y sean además inscribibles en el Registro correspondiente, como pretendía el artículo 41 de la Ley de Emprendedores.

 

De hecho, es importante que el Reglamento dice que no se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales, por el mero hecho de estar en formato electrónico a una firma electrónica cualificada (que tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita), a un documento electrónico, a un sello electrónico, a un sello de tiempo electrónico ni a un servicio de entrega electrónica certificada. 

Eso puede llevar a la situación de que uno varios archivos electrónicos, como puede ser un correo ofreciendo un inmueble y como otro aceptando la compra, que tengan un sello en tiempo de los admitidos por el Reglamento, sean indiscutibles en juicio en cuanto a su fecha, hora e integridad.

 

Es destacable que en ese Reglamento en ningún caso se usa la palabra Notario, ni fedatario público ni nada asimilable, pero sí se usa el concepto de Tercero de Confianza o el de Prestador de Servicios de Certificación.

 

Ya hay empresas con interesantes servicios que permiten seleccionar textos legales o contenidos publicado en web y saber ciertamente si ha habido cambios y, en su caso, qué versión estaba vigente en un momento determinado. Se utiliza fundamentalmente para demostrar que un usuario al celebrar un contrato a distancia ha aceptado un determinado texto de condiciones generales o para certificar que la convocatoria de la Junta de una sociedad ha sido publicada en la página web corporativa y que no ha cambiado en ningún momento.

Sin embargo, otra como “Stampery” sí se ha querido posicionar como como el “Über de los Notarios”, en referencia al ataque de dicha App contra los taxistas, y lo deja claro con su lema: “Send the Notaries on vacation”. Tiene claro que su futuro no pasa únicamente por España y, de hecho, su página web ni siquiera está traducida al español. Añado: No está traducida al español porque probablemente se dirija a un público extranjero, siendo su targetfundamentalmente el “notary anglosajón”.

¿Qué es lo que hace? Dice que proporciona seguridad con tecnología Bitcoin. Mejor que yo lo expone mi compañero Javier González Granado en este post de su muy recomendable blog. Sin embargo, resumiendo: Se sube a sus servidores un contrato privado en un pdf, firmado digitalmente por dos personas. Se crea, con los datos del documento (contenido, autoría, etc.) un algoritmo que pasa a una red interconectada y descentralizada de ordenadores. Ese algoritmo es inmodificable, y permite probar electrónicamente la existencia de ese documento y de todo su contenido. Podríamos decir que es una especie de documento privado matriz que puede ser cotejado en cualquier momento.

Otras empresas o webs reciben declaraciones de voluntad contractuales, las remiten al destinatario o destinatarios, reciben la contestación y la archivan conjuntamente, creando una especie de contrato privado virtual del que envían copia a cada firmante, con su huella y con su sellado de tiempo.

Además de verlos como una futura amenaza, también podríamos valorar si nosotros podríamos utilizar la tecnología que poseen y que han desarrollado para fortalecer la actuación notarial, crear nuevos servicios notariales o extender el concepto de documento público electrónico. Incluso hay compañeros que están teorizando sobre un cambio de modelo tecnológico en el documento notarial e incluso en el Registro de la Propiedad en base a conceptos como el blockchain de Bitcoin.

 

Creación de pruebas electrónicas.

 

En segundo lugar, en relación con la creación de pruebas electrónicas oponibles en juicio, podemos comenzar por asumir que cuando nos metemos en campo de las certificaciones electrónicas, la fe pública es relativamente ineficaz. Lo que sucede entre unos y ceros, lo que ocurre electrónicamente, escapa de la percepción directa de los humanos en general y de los Notarios en particular. Hasta ahí estamos de acuerdo: Podemos percibir las grietas de un edificio y plasmarlas en una fotografía, pero no podemos percibir la dirección IP de una página web o la hora exacta en la que un e-mail ha llegado a su destinatario. 

Para percibir esos datos electrónicos, tanto los Notarios como el resto de profesionales técnicos, como los peritos informáticos, por ejemplo, deben confiar en aplicaciones y programas, e interpretar los datos que de ellos reciben para con ellos crear una prueba pericial electrónica, que constituye la prueba técnica de aquello que se quiere constatar. Esa prueba electrónica está admitida en la Ley de Enjuiciamiento Civil sin problemas y, hoy por hoy, tiene mayor fiabilidad y seriedad desde el punto de vista técnico que un acta notarial de contenido electrónico. Eso es así. 

Pero no debemos olvidar que la seriedad y por tanto la valoración judicial de una prueba radica en la confianza en el sujeto que la obtiene y en la seguridad del sistema empleado para obtenerla. De lo primero, de confianza, creo que vamos sobrados: cualquier Juez o abogado serio que recibe un documento notarial confía en el autor y en la institución. 

Por eso hay que abordar la segunda parte: dotarnos de un sistema seguro para obtener la prueba electrónica. Partimos de una base ya consolidada: Nuestra conexión es reconocidamente segura, el acceso a la información se hace directamente por el Notario (y no por el usuario), y desde un equipo del Notario (y no del usuario). Todo eso elimina suspicacias de alteración de la prueba electrónica si es el propio interesado el que obtiene la prueba.

Y con esa base consolidada... ¿qué pasaría si los Notarios tuviéramos herramientas técnicas y dispusiéramos de un aplicativo generalizado que nos permitiera confiar en que los datos que recibimos son lo que son? Pues que podríamos aportar una prueba técnica revestida de fe pública. Dicha prueba, como ocurre con los documentos privados, sería alternativa y concurrente con la pública, de modo que cualquier persona pudiera optar por la que más se adecue a sus necesidades.

De hecho, ya lo hacemos diariamente: confiamos en que los datos técnicos que recibimos en la plataforma segura SIGNO son reales, y por ello damos fe de que hemos enviado a cierta hora copia autorizada al Registro de la Propiedad, de que éste la ha recibido, de que hemos obtenido el CIF provisional o definitivo de una sociedad, etc.

Por eso mismo urge que trabajemos sobre el asunto, ya que si las pruebas periciales informáticas o los informes de terceros de confianza comienzan a ser entendidos y aceptados por los Jueces y Magistrados, el valor probatorio de las actas notariales electrónicas será nulo, y será difícil, por no decir imposible, recuperar ese hueco.