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Los Notarios ya pueden casar

01 jul. 2015
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Una de las cuestiones más populares de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria es el de las bodas realizadas ante Notario. El Proyecto inicial, que traté en este post, fijaba como fecha de entrada en vigor de la Ley el día 15 de julio de 2015, para coordinar la entrada en vigor de la nueva normativa con la entrada en vigor de la nueva regulación del Registro Civil. 

 

Se daba por hecho que al llegar el día 15 de julio de 2015 la Ley de Jurisdicción Voluntaria estaría aprobada, en vigor y todos preparados para la celebración de bodas notariales, y el Registro Civil estaría ya sujeto a su nueva normativa. Nada más lejos de la realidad: Ante el sucesivo retraso de la nueva organización del Registro Civil, la Ley de la Jurisdicción Voluntaria ha continuado su trámite parlamentario y ha llegado a su aprobación con la imposibilidad de coordinar ambas normas, siendo su texto definitivo el que salió aprobado del Senado y resultó publicado el 17 de junio de 2015, que luego fue aprobado por el Congreso sin modificaciones. Finalmente, la publicación en el Boletín Oficial del Estado ha sido el día 3 de julio de 2015.

 

Como consecuencia de ello, la normativa sobre las bodas notariales ha quedado aparentemente en suspenso hasta el 30 de junio de 2017, pues una rápida lectura de su disposición final así lo establece, y así salió publicado en prensa, de manera quizás un tanto precipitada. 

 

Vamos a tratar de justificar por qué esto no es así, y por qué el Notario podrá, desde el mismo día de entrada en vigor de la Ley, celebrar matrimonios con plenitud de competencia.

 

 

Las disposiciones relativas a la entrada en vigor general de la Ley

 

 

Partimos de que la disposición final vigésima primera, relativa a la entrada en vigor de la Ley, fija en general el plazo de 20 días a contar desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

 

Antes de seguir, me gustaría hacer un inciso para decir que, aunque es de agradecer que el legislador no haya optado, como suele ser habitual últimamente, por fijar el mismo día de la publicación como fecha de entrada en vigor, es obvio que ese plazo es notoriamente corto para adaptar tantos y tantos procedimientos. No obstante, el mal menor es que ya tenemos el texto definitivo y podemos ir preparándonos.

 

 

Excepciones a la entrada en vigor general de la Ley

 

 

Pero continuando con la lectura de la misma disposición final vigésima primera, encontramos una serie de excepciones a dicha entrada general en vigor, interesándonos especialmente el punto 3 y el 5, que posponen a 30 de junio de 2017 la entrada en vigor de las modificaciones que permiten a los Notarios celebrar bodas. Dicen estos artículos lo siguiente:

 

3. Las modificaciones de los artículos 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 62, 65 y 73 del Código Civil contenidas en la Disposición final primera, así como las modificaciones de los artículos 58, 58 bis, Disposición final segunda y Disposición final quinta bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, incluidas en la disposición final cuarta, relativas a la tramitación y celebración del matrimonio civil, que entrarán en vigor el 30 de junio del 2017. 

5. Las disposiciones de la Sección 1.a del Capítulo II del Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, contenidas en la Disposición final undécima, que establecen las normas reguladoras del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio, que entrarán en vigor el 30 de junio del 2017.

 

 

¿Entonces no pueden casar los Notarios hasta el 30 de junio de 2017?

 

 

Lo que se pospone hasta el 30 de junio de 2017 es la normativa que regula la tramitación notarial del expediente matrimonial previo y la celebración notarial del matrimonio. Otras competencias notariales en materia matrimonial son plenamente aplicables, como el acta de fijación del régimen económico matrimonial, la separación o el divorcio de mutuo acuerdo.

 

Si nos quedamos en este texto, la cuestión parece clara: El Notario no podría ni tramitar expedientes ni casar. Además, en los artículos del Código Civil cuya modificación se pospone a 2017, concretamente en el artículo 57, se dice que el Notario sólo podrá casar cuando él mismo, u otro Notario, haya tramitado el expediente. Por tanto, si no se puede tramitar el expediente, que no se puede, no habría posibilidad de boda notarial.

 

 

El régimen transitorio especial de la disposición transitoria cuarta

 

 

Pero lo cierto es que antes de ese artículo, bastante antes, de hecho, encontramos la nueva disposición transitoria cuarta, que trata los expedientes matrimoniales y que parece ser fue introducida como enmienda en el Senado, por eso lo de “nueva”. Concretamente, el número 2 comienza diciendo que: “Los expedientes matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio del 2017 se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil conforme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957”. 

 

Por tanto no hay duda de que la disposición transitoria cuarta, como su nombre indica, está pensando en un régimen transitorio que abarque desde la entrada en vigor de la Ley hasta la fecha de entrada en vigor definitiva de las modificaciones legislativas que regulan las bodas notariales: En principio, hasta el 30 de junio de 2017.

 

Hasta esa fecha, los expedientes serán siendo tramitados única y exclusivamente por el Encargado del Registro Civil, y además conforme a la normativa actual, pues las modificaciones en esta materia que introduce la Ley de la Jurisdicción Voluntaria también quedan pospuestos hasta el año 2017.

 

No cabe pensar que esta disposición transitoria cuarta también está desplazada en el tiempo hasta 2017, pues entonces habría una clara contradicción entre procedimientos y normativa. Además, interpretarlo de ese modo la vaciaría completamente de razón de ser, la convertiría en una superflua disposición que más que solucionar un problema, lo crearía.

 

Ese régimen transitorio es un régimen completo por sí mismo, que está pensado para dar respuesta a un momento temporal concreto, y que agota su contenido y efectos en la misma disposición. Con esto quiero decir que no hay más normativa que la disposición transitoria cuarta, no siendo posible aplicar la normativa todavía no vigente. Por eso hay que estar exclusivamente a lo que ella dispone, que es lo siguiente:

 

 

No hay competencia notarial para tramitar el expediente matrimonial…

 

 

El Notario no tiene atribuida por la disposición facultades para tramitar el expediente previo, por lo que dicha posibilidad, al no estar facultado expresamente, debe desecharse. Como todavía no está vigente la nueva redacción que comentábamos del artículo 57 del Código Civil, que parece vincular la celebración notarial del matrimonio a que la tramitación del expediente haya sido notarial, el hecho de no poder tramitar expediente no es obstáculo para celebrar matrimonios notariales. 

 

 

… pero sí para la celebración del matrimonio.

 

 

De hecho, expresamente lo reconoce la norma al fijar, resuelto favorablemente el expediente por el Encargado del Registro Civil, quiénes podrán celebrar el matrimonio, siempre basándose en el criterio principal, que es la libre elección de los contrayentes. 

 

Estos podrán contraer matrimonio ante el Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegación de aquél, el Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue, el Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración o el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero. 

 

En este punto cabe destacar que el expediente matrimonial que tramite el Encargado del Registro Civil deberá fijar, por solicitud de las partes, ante qué funcionario público va a celebrarse el matrimonio. Aquí nos planteamos las siguiente dudas: 

 

-Lo lógico es que en los expedientes finalizados antes de la entrada en vigor de la Ley no se haya podido escoger por los futuros contrayentes que la boda será notarial. En ese caso, una interpretación literal de la norma excluiría que posteriormente a la celebración del expediente los contrayentes puedan cambiar el funcionario elegido por el Notario. Entiendo que esa interpretación es demasiado rigurosa y literal, y hay que facilitar que los contrayentes, aún no habiendo elegido al Notario, puedan acudir, si así lo quieren ambos, a la celebración notarial de la Boda.

 

-En los expedientes no finalizados antes de la entrada en vigor de la Ley, y los que se inicien estando ésta en vigor, los contrayentes ya habrán tenido la posibilidad de elegir al Notario, pero, de no haberlo hecho así, me plantea muchas dudas que si sobrevenidamente cambian de opinión, por la razón que sea, no puedan acudir a la boda notarial.

 

En ambos casos hay que tener en cuenta que la compentencia para la celebración del matrimonio deriva de una norma con rango legal, y que los requisitos internos del expediente matrimonial están regulados en la Ley pero también en el Reglamento del Registro Civil. Consecuentemente, que una formalidad basada en la voluntad de los futuros contrayentes plasmada en el expediente, elimine posibles cambios de esa misma voluntad, me parece limitar artificialmente la capacidad de elección de los contrayentes.

 

Conectando con lo anterior, es importante en este punto el artículo 53, que dice que la validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento del Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente.

 

 

Actuación del Notario en el momento de la celebración del matrimonio.

 

 

La disposición carece de normas concretas sobre cómo debe actuar el Notario, más allá de decir que ”la prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades que se establecen en esta disposición”.

 

Por tanto, entiendo que el Notario procederá conforme el Código Civil dispone en el artículo 58 vigente: leerá los artículos 66, 67 y 68, del Código Civil, preguntará a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio.

 

La diferencia entre este artículo 58 y el que entrará en vigor en 2017, además de nombrar al Notario, es que determina como documento susceptible de recoger el consentimiento matrimonial la escritura pública. Esto, por otra parte es obvio, pues ese es el cauce documental ordinario para constatar notarialmente las prestaciones de consentimiento.

 

Para paliar esa mención, la misma disposición transitoria cuarta prevé expresamente que si se celebra el matrimonio ante Notario, éste se haga constar en escritura pública que deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

 

Por tanto, los dos testigos mayores de edad a los que se refiere el actual artículo 57 del Código Civil deben comparecer y firmar la escritura junto con los contrayentes y el Notario. 

 

Autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el Notario autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil. 

 

Es en este punto en el que podemos encontrar más dificultades prácticas, concretamente para enviar telemáticamente copia autorizada electrónica al Registro Civil, pues no parece haber habilitada actualmente vía electrónica de comunicación directa entre éste y los Notarios. 

 

Por supuesto, entiendo que esta circunstancia no puede ser la excusa para que la disposición transitoria cuarta devenga inaplicable, pues por un principio básico de neutralidad de medios de comunicación, si no está habilitada (o mientras o donde no lo esté), podrá remitirse copia autorizada física al Registro Civil sin mayores problemas, para su calificación por el Encargado del Registro Civil competente.

 

Seguramente surgirán dudas y problemas de índole práctica, pero lo cierto es que el matrimonio, como acuerdo entre partes, tiene un contenido fijado por la Ley en el que no cabe autonomía de la voluntad para regular forma y efectos, por lo que la redacción de la escritura pocos problemas nos puede dar. 

 

En los pactos y elementos conexos con el matrimonio, como las capitulaciones matrimoniales, sí podemos encontrar un amplio hueco para la autonomía de la voluntad, pero es ya es materia de otro documento, con otra problemática distinta a la que ya estamos acostumbrados a enfrentarnos los Notarios.