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El requerimiento notarial del 1005 al heredero

20 jul. 2015
JV - 1005

Una de las modificaciones a mi entender más importantes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria será, si valoramos la importancia por la utilidad práctica y no por las portadas de periódicos, la modificación del artículo 1005 del Código Civil. El texto definitivo de este artículo ya está fijado en la Ley 15/2015 de 3 de julio de la Jurisdicción Voluntaria. Por tanto, una vez entre en vigor la ley, el artículo 1005 del Código Civil dirá: 

“Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente.”

El texto del anterior artículo 1005 decía: “Instando, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá el Juez señalar a éste un término, que no pase de treinta días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada”. Una precisa comparativa entre ambos ha sido realizada por mi amigo y compañero Francisco Rosales en su blog, concretamente en este post.

Hay que tener en cuenta además que el artículo 1004 del Código Civil dice que hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o repudie.

 

¿Cuál es la situación a la que se aplica el artículo 1005 del Código Civil?

 

La situación típica de aplicación de este artículo es, tras el fallecimiento de una persona, la existencia de uno o varios legatarios, acreedores o herederos (normalmente varios que forman una comunidad hereditaria) que no pueden recibir sus legados, cobrar sus créditos o realizar la partición y adjudicación de los bienes porque uno de los herederos no se manifiesta sobre dos puntos: si quiere o no aceptar la herencia, y si consiente en hacer la partición.

Este artículo da solución al primero de los dos puntos, la indeterminación de uno de los herederos sobre su voluntad de aceptar o renunciar a la herencia. Para el segundo, hay que acudir a un procedimiento contencioso de división de herencia, que sí está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que es competencia exclusivamente judicial.

Y es importante hacer esta distinción, pues el artículo que tratamos no implica ni supone que el heredero notificado, aunque acepte expresamente, vaya a colaborar en las tareas particionales.

 

¿Qué pasaba antes de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria?

 

Pues que cualquier persona que acreditara interés legítimo debía acudir a un procedimiento judicial para que el Juez notificara al heredero que no se manifestaba que tenía un plazo corto para decidirse, y que, de no decidirse, se entendía aceptada la herencia.

Esto eliminaba la incertidumbre de si el notificado era o no heredero, con todas las trascendentales consecuencias que de ello se derivan: adquisición de bienes y derechos, responsabilidad por deudas y obligaciones, posesión civilísima de los bienes, obligación de entrega de legados, de conservación de los bienes, liquidaciones fiscales, etc.

 

¿Qué pasa con la nueva Ley de la Jurisdicción Voluntaria?

 

Pues básicamente lo mismo, solo que mejor, más rápido, más barato y más eficaz, al evitar acudir a juicio con la actuación del Notario. Mejor, porque será un procedimiento igual de seguro pero con muchas ventajas. Más rápido porque la actuación notarial siempre es más rápida que la judicial, más barato porque simplemente es un acta (luego seguidamente veremos si es de comunicación, notificación o de notificación y requerimiento), cuyo coste es pequeño frente a un procedimiento judicial. Más eficaz por la suma de todo lo anterior.

No obstante, coincido con el post que he enlazado antes de Francisco Rosales en el sentido de que hacer el procedimiento más barato no es lo único que cuenta: Según los casos, con la idea de abaratar costes, prescindir de abogado puede será una mala idea, pues el heredero rebelde, aunque se avenga a manifestar si acepta o repudia, probablemente después pondrá problemas para partir, y el asesoramiento de abogado puede ser importante.

 

El interés legítimo del requirente en el artículo 1005 del Código Civil.

 

Lo primero que hay que determinar es quién puede requerir al Notario. Decía antes el artículo 1005 que era un “tercer interesado”, pero ahora sólo dice que “cualquier interesado”. Esto no es más que una manifestación concreta y legal del principio general notarial de que debe existir un interés legítimo en la actuación del requirente. Ese interés legítimo debe ser apreciado por el Notario, y entiendo que en este caso el Notario expresamente deberá hacer constar por qué, a su juicio, existe ese interés legítimo. Para ello deberá hablar con el requirente e indagar la finalidad del acta, debiendo plasmarlo en el cuerpo de la misma.

Entiendo que es obvio que un coheredero o un legitimario tendría esa facultad, pero también un legatario incluyendo a los de parte alícuota, pues puede ser que necesite saber quién es el heredero que debe entregarle el legado. Podría ser más discutible si el contador partidor podría estar facultado, pues sus facultades se centran en hacer la partición y, como presupuesto para ello, debería saber quiénes y en qué proporción son herederos. También estarían legitimados los acreedores de cualquier heredero, para aplicar el artículo 1001 párrafo primero del Código Civil, pero para eso deberían acreditar de manera suficiente su derecho de crédito. En el mismo sentido, los acreedores del causante también tendrían interés legítimo para conocer si pueden proceder contra el patrimonio personal del heredero.

Debemos tener en cuenta que el interés legítimo lo es para que el heredero se manifieste sobre si acepta o repudia, por lo que el interés del requirente podrá basarse en una potencial renuncia hereditaria del llamado, de modo que ya quede claro si aquél va a ser o no llamado.

 

La actuación por medio de apoderado.

 

El interesado podrá, como es regla general, actuar personalmente o por medio de apoderado a quien haya conferido poder en forma auténtica, ya sea general o especial, pero con dos particularidades:

-No creo que el poder para pleitos sea suficiente, pues éste se otorga para que el abogado realice actuaciones judiciales, como era el anterior artículo 1005. No obstante, muchos poderes para pleitos llevan incluida como cláusula especial la facultad de instar actas notariales, en cuyo caso, si no se circunscriben a las típicas actas de declaración de herederos, se podría admitir.

-Ahora bien, debe quedar acreditado el interés legítimo al Notario, y si para ello es necesario o conveniente a juicio del Notario, hacer alguna declaración o apreciación que no esté incluida en el poder, éste debería desecharse.

 

¿Es aplicable para intimar al legatario a que se manifieste sobre la aceptación?

 

No habla el artículo más que de “heredero”, presuponiendo un llamamiento a título universal. No obstante, no veo inconveniente en que el interpelado sea un legatario y el requirente el heredero, para que se manifieste sobre la aceptación o no del legado, por las importantes consecuencias que eso puede tener en la masa hereditaria, por ejemplo, si se refunde por la renuncia sin sustitutos del legatario.

Del mismo modo, creo que si la finalidad del artículo es que finalicen las situaciones de indeterminación en los llamamientos y delaciones hereditarias, en cualquier otro caso al que se pueda aplicar analogía de concepto, el artículo 1005 debe ser aplicado.

 

El tipo de instrumento: Acta de ¿comunicación, notificación o requerimiento?

 

Partimos de la idea de que no hay normativa notarial que regule esta actuación, como otras muchas que recoge la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, por lo que hay que acudir a la única normativa que tenemos, el Reglamento Notarial. En él encontramos los artículos 202 a 206 dedicados a las actas de notificación y requerimiento, diciendo éste último en su primer inciso que las notificaciones o requerimientos previstos por las Leyes o Reglamentos sin especificar sus requisitos o trámites se practicarán en la forma que determinen los artículos precedentes. 

No obstante, estos artículos están pensados para el caso de que una persona solicite del Notario que transmita a otra una decisión, declaración o efecto (notificación) o para que además solicite de ésta un comportamiento determinado (requerimiento). Es el mismo artículo 202 del Reglamento Notarial, que regula dichas actas, el que distingue entre que se notifique y además, en su caso, se requiera, cuando dice que: “Las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una persona una información o una decisión del que solicita la intervención notarial, y las de requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta.” No creo que la actuación del artículo 1005 encaje plenamente en ninguno de esos supuestos, si bien adelanto que está más cerca de la primera que de la segunda.

La fórmula que emplea el artículo 1005 es la de “comunicará” al llamado, y utiliza ese término  en vez de “notificará”, y luego además utiliza “indicará” en vez de “requerirá”, en pocas líneas, como ocurre en las comunicaciones que hay que hacer a acreedores y legatarios en otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, el de la formación de inventario. 

Por eso debemos tener en cuenta que la actuación del Notario es la de comunicación de una solicitud del requirente, con un contenido claro: Se le comunica que tiene un plazo determinado para manifestar si acepta o no, y que de no hacerlo, se entenderá aceptada pura y simplemente la herencia. Ese contenido, además de claro, viene predeterminado por la Ley, sin que la autonomía de la voluntad de comunicante ni requerido puedan introducir modificaciones de ningún tipo en su contenido.

Por tanto, de tener que reconducirlo a uno de los supuestos reglamentarios, sería más un acta de notificación, que de notificación y requerimiento, pues no se requiere al llamado para que realice en el mismo acta una actuación, sino que se le notifica incluso la consecuencia de no manifestarse en plazo.

Quiero decir que si el notificado en plazo manifiesta su voluntad expresa en uno u otro sentido, no debería poder hacerlo en el mismo acta de notificación y asumiendo el coste el requirente. El acta se cierra cuando se practica la notificación y pasa el plazo que el propio artículo indica.

Dicho de otro modo, cabe que el comunicado conteste, por ejemplo, que ya había aceptado o renunciado, pero no cabe en ese acta una diligencia de aceptación de herencia o de renuncia, pues eso es materia de una escritura separada, que podrá autorizarse por el mismo o distinto Notario, siendo el arancel de cargo del aceptante o repudiante.

 

La notificación del Notario en el artículo 1005 del Código Civil.

 

Si entendemos aplicable plenamente la normativa notarial, lo más seguro es interpretar que la notificación bien realizada será la que se reciba por el notificado. Esta frase, que puede parecer absurda, engloba un criterio de competencia básico: Que es más seguro que se requiera al Notario que personalmente pueda hacer la notificación.

Eso es así porque puede intentarse un envío por carta certificada con acuse de recibo y, de ser recibida, la notificación se entiende realizada. Pero si no se recibe, hay que intentar la notificación personal, por lo que el único notario competente será el que personalmente pueda desplazarse a entregar la cédula al notificado.

Eso no obsta a que se inicie el procedimiento ante cualquier otro Notario, y si llegado el momento de la notificación física el Notario requirente no fuera competente, siempre puede solicitar que sea un compañero hábil para actuar en el lugar el que practique la diligencia, pero con el consiguiente aumento del tiempo y del coste.

Pero aunque esta sea la solución más segura, creo que ni es la opción más barata para el requirente ni la más ágil para el tráfico. Y es en este punto en el que podría hacerse valer la diferencia entre “comunicar” y “notificar”, y entender que la actuación del Notario en el artículo 1005 es una comunicación sui generis, admitiendo que la comunicación pueda realizarse exclusivamente mediante correo certificado con acuse de recibo por cualquier Notario, incluso fuera del Distrito. Dicho de otro modo, reconducirlo a un concepto más cercano al acta de remisión de documentos que de notificación. Pero como digo, esto es sólamente una opinión, y lo más seguro y afinado quizás sea proceder como se determina para las actas de notificación en el Reglamento Notarial.

 

Posibilidades del notificado.

 

Aplicando la normativa del Reglamento Notarial sobre notificación, el notificado podrá, como vimos, en el plazo general de dos días contestar mediante diligencia y en el mismo acta, asumiendo el coste el requirente, cuando la contestación no tenga por objeto manifestarse sobre aceptar o repudiar. Eso sí, podrá manifestar exclusivamente que ya ha aceptado o renunciado, o que está en trámites la formación de inventario, pero nada más. Entiendo que, al ser una manifestación congruente con la finalidad del requerimiento, podría admitirse también fuera de esos dos días, y dentro de los treinta pero ya a cargo del requerido.

También podrá, en el plazo de treinta días naturales y en escritura separada, aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. Y podrá hacerlo ante cualquier Notario, no necesariamente ante el que remitió la notificación.

En este caso, aunque ni siquiera creo que éste esté obligado a notificar fehacientemente al requirente que ha aceptado o renunciado, es prudente que lo haga, para que el requirente no tenga una falsa configuración de la situación y para que el notificado pueda probar su buena fe.

El Notario ante el que se acepte o renuncie podrá saber o no, si la actuación se realiza motivada por un acta de notificación. De saberlo, podría plantearse que sería prudente mandar un oficio al compañero que ha autorizado el acta de notificación, lo cual supliría una posible inacción del propio llamado que no notifica al requirente que ha cumplido con la notificación.