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El Notario y el Derecho al Olvido

04 sep. 2014
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¿Qué es eso del derecho al olvido?

 

A estas alturas, prácticamente todos los internautas saben qué es el derecho al olvido. Si acudimos a la fuente de todo el saber en el siglo XXI, la Wikipedia, encontramos definido el derecho al olvido como aquél que asiste al titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. 

 

No obstante, esta definición parece muy ligada a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 en el asunto C-131/12 Costeja y AEPD vs Google INC y Google Spain SL. No me detendré en explicar detalladamente los pormenores de esta Sentencia, que pueden ser revisados por ejemplo aquí, pero sí brevemente comentaré que ha reconocido la obligación de buscadores (el caso concreto, Google) de borrar datos e informaciones personales, delicadas o privadas en Internet, debiendo prevalecer la protección del derecho a la intimidad sobre el legítimo interés de los internautas de conocer esos datos personales. 

 

El derecho al olvido es más amplio y tiene más manifestaciones.

 

El derecho al olvido es mucho más amplio, y ya se había planteado y debatido sobre él antes de que esta Sentencia se refiriera al mismo, por ejemplo en relación a comentarios publicados en blogs, en foros o en redes sociales. También se había confundido y relacionado en ocasiones con el derecho de acceso, rectificación y cancelación regulado en la normativa de protección de datos, con la retirada de material protegido por derechos de autor difundido sin consentimiento del titular o con eliminación de fotografías o documentos particulares obtenidos de forma ilícita.

 

Por tanto, cuando se habla de derecho al olvido en sentido amplio, se debe incluir tanto la difusión de datos propios y personales en la red, como de la denominada reputación digital, que es la que nos sembramos en Internet con las manifestaciones que hacemos públicas por cualquiera de las vías que Internet permite. En ambos casos, hay que equilibrar ese derecho con el derecho a la información de los internautas.

 

Como comenta el Notario Don Ignacio Maldonado Ramos en este artículo, más que derecho al olvido, pues olvidar es una actividad interna y particular de uno mismo, el derecho es a ser olvidada una persona, un dato o un contenido, esto es: “el derecho subjetivo a que dicho recuerdo deje de ser asequible para terceras personas”.

 

El derecho al olvido, no obstante, también tiene detractores. En este post se comenta, por ejemplo que la defensa del derecho al olvido se basa en errores, como la creencia de que alguna vez ha existido un derecho natural a ser olvidados y de que la reputación es algo que pertenece a uno mismo, cuando en realidad es lo que los demás piensan de uno en función de sus actos.

 

El protocolo notarial y el derecho al olvido.

 

Mi profesión es la de Notario. Como tal, documento la vida de las personas: observo sus intereses, miedos e ilusiones, recojo sus manifestaciones y redacto documentos que tengo obligación de conservar en el Protocolo, primero yo y luego el Archivo Histórico. No hace falta decir que el derecho al olvido se conjuga mal con los documentos notariales

 

Dicho de otro modo: Lo que se dice ante Notario no se puede borrar. Se puede matizar, aclarar, o complementar. Se puede incluso subsanar. Pero no se puede eliminar. Y eso es así y debe ser así porque las vicisitudes jurídicas de una persona no se pueden incluir dentro del concepto de derecho al honor, intimidad y propia imagen, ya que éstas no le afectan normalmente sólo a ella, sino que también pueden afectar a terceros: Pueden crear derechos, expectativas u obligaciones susceptibles de tutela. 

 

Ahora bien, para eso está el secreto de protocolo y la obligación del Notario de ponderar en todo caso el interés legítimo del peticionario de la copia del documento que contenga datos reservados, aunque esta cuestión está más relacionada con la protección de datos que con el derecho al olvido.

 

A pesar de ello, hay que distinguir los documentos que tienen una carga personal, e incluso personalísima (como los testamentos, por ejemplo), del resto de documentos. Un ejemplo que quizás sí estaría dentro de los parámetros del derecho al olvido sobre manifestaciones realizadas es el típico testamento en que un padre, cabreado con un hijo, lo deshereda y manifiesta cosas desagradables en el testamento. Incluso aunque el padre se arrepienta al día siguiente y revoque el testamento, y aunque éste no sea título sucesorio, el hijo podría obtener copia del testamento revocado como dice el artículo 226 del Reglamento Notarial, “a los efectos limitados de acreditar su contenido” y conocer las manifestaciones de su padre, siempre y cuando se acredite el interés legítimo del hijo, lo cual implicará control notarial, y no expedición de copia  automática e indiscriminada, como sostiene Antonio Ripoll Jaén en este artículo.

 

La intervención del Notario en el derecho al olvido digital.

 

Lo cierto es que la intervención notarial en el derecho al olvido en Internet es limitada, pues los cauces adecuados para ejercitar el derecho al olvido son regulados por cada red social o buscador. El proceso para ejercitar el derecho al olvido en Google se encuentra aquí, con la paradoja de tener que proporcionar más datos para que se borren otros, como “los motivos por los que la inclusión de cada URL como resultado de búsqueda resulta irrelevante, obsoleto o inaceptable de cualquier otro modo”. En cierto modo no deja de ser lógico, pues algún control tendrá que hacer el buscador de las solicitudes, sobre todo teniendo en cuenta que “al realizar esa solicitud, Google realizará una ponderación entre los derechos de privacidad de los usuarios y el derecho del público a conocer y distribuir información”.

 

De hecho, lo que el Notario puede documentar es todo lo contrario, la permanencia de un comentario, un tuit, una fotografía o una página web con cierto contenido, mediante el otorgamiento de actas notariales de hechos digitales. Estas actas, realizadas a solicitud siempre de persona que tenga interés legítimo, quedarán incluidas en el protocolo notarial, y por tanto no van a poder ser objeto de olvido fácilmente.

 

Cierto es que, debido al secreto de protocolo, tampoco van a ser públicas, sin perjuicio de que el requirente del acta, que recibe como es su derecho copia del acta, bajo su responsabilidad, proceda a la difusión pública de la misma. Esta difusión pública, en la que bajo ningún concepto interviene el notario, se realiza bajo la única y exclusiva responsabilidad del autor del hecho.

 

La cuestión subsiguiente es si, recayendo sobre el contenido documentado en acta una Sentencia favorable al derecho al olvido de ese comentario o circunstancia documentada en acta, el Juez podría, a solicitud del afectado, ordenar que no se expidieran más copias del acta. Ahí lo dejo.

 

El derecho al olvido y la cuestión sucesoria.

 

Otra circunstancia relevante que ha hecho modificar la política de privacidad en la red social twitter es el incidente derivado del fallecimiento del actor Robin Williams, y por eso ahora los familiares directos o personas autorizadas de usuarios de twitter que hayan fallecido podrán solicitar que se borren imágenes o vídeos en las que aparezcan. 

 

Como ya traté en este post, nuestras normas sucesorias distan mucho de la flexibilidad para actuar representando a una persona por causa de muerte. Sin perjuicio, de nuevo, de la conveniencia de nombrar un albacea digital para estas cuestiones, aplicando la normativa sucesoria serían todos los herederos deberían ejercitar los derechos de acceso a la cuenta, y por tanto, los que deberían también ejercitar o continuar, en su caso, las acciones tendentes al derecho al olvido.

 

Para ello, lo primero que debemos defender es que ese derecho al olvido no se extingue por causa de muerte, y por tanto se incluye en la esfera protectora de los herederos del honor, intimidad y propia imagen, que ha reconocido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa antes comentada. En segundo lugar, que corresponde a todos los herederos de común acuerdo, en régimen de unanimidad, pues lo que se está protegiendo es el derecho al olvido del causante, no el interés o afección particular de cada uno de los herederos.

 

El derecho al olvido y los menores de edad.

 

Finalmente, un apunte sobre los menores de edad: Según la política de privacidad de twitter, la red social “no se dirigen a personas menores de 13 años”, por lo que si los progenitores observan que un hijo ha facilitado datos personales sin consentimiento pueden solicitar su retirada, e incluso dar de baja la cuenta del niño

 

Esta conclusión puede hacerse extensiva para el resto de redes sociales o buscadores, y quizás no únicamente hasta los trece años, sino mientras sean menores de edad. No obstante, la cuestión relativa a los menores de edad y la capacidad para actuar en Internet merecen un tratamiento separado, por su complejidad, matizaciones y diversos puntos de vista.