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España discrimina en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones

11 sep. 2014
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La Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea de 3 septiembre 2014, como es conocido, declara que España ha permitido que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste. Parece además, que este no es un caso aislado, pues una Sentencia del día siguiente, fija la misma consideración para Alemania.

 

Resumen de los argumentos de fondo.

 

La Comisión mantiene, y así lo declara el Tribunal que la Ley estatal permite a las Comunidades Autónomas establecer diversas reducciones fiscales que se aplican únicamente en caso de conexión exclusiva con el territorio de esas Comunidades, de lo que nace una diferencia de trato contraria a la normativa comunitaria. Entiende la Comisión, y así lo refrenda el Tribunal, que las reglas que pueden adoptar las Comunidades Autónomas sólo pueden abarcar los aspectos relacionados con la liquidación del impuesto, y estas reducciones discriminatorias inciden directamente en el cálculo de la cuota tributaria.

 

Se ve afectada entonces la libertad de circulación de capitales, en lo que se denominan “movimientos de carácter personal”, y que incluye las donaciones, las dotaciones y las sucesiones.

 

Por tanto, la legislación española recoge una discriminación, dado que no existe ninguna diferencia objetiva que pueda fundamentar una diferencia de trato entre los residentes y los no residentes o entre los residentes que poseen un bien inmueble en España y los que lo poseen en el extranjero. Las delimitaciones terminológicas son, como siempre, importantes, pues se aplica a los residentes y no residentes, con independencia de su nacionalidad, por lo que pueden resultar afectados, como así ha ocurrido, españoles que tienen su residencia habitual en otro país miembro de la Unión Europea. 

 

Digo miembro de la Unión Europea porque existe la posibilidad de plantear si el fallo del Tribunal es también extensivo a los no residentes no miembros de la Unión Europea. Mi opinión es que la resolución del Tribunal (de la Unión Europea) está aplicando la normativa comunitaria, y por lo tanto es a los sujetos al derecho comunitario a quienes tiende a proteger, bien directamente, o bien mediante la protección de la unidad de mercado.

 

Algunas cuestiones procedimentales interesantes.

 

Para llegar a ese desenlace, previamente hay que tener en cuenta cómo se desarrolló el procedimiento, en el que el comportamiento español ha sido más que cuestionable, tanto por las dilaciones que ha podido generar, como por la argumentación empleada, más centrada en atacar el proceso que el fondo del asunto, quizás porque el fondo del asunto era muy poco defendible.

 

La Comisión envió en julio de 2007 un escrito de requerimiento a España, en el que advertía de la posible incompatibilidad de algunos aspectos de la legislación estatal del impuesto con la normativa comunitaria, que España contestó rápidamente, en octubre de ese mismo año.

 

La Comisión envió en mayo de 2010 un dictamen motivado a España, que fue respondida también con celeridad un par de meses después manifestando que la normativa a que se refirió el requerimiento estaba derogada y había sido sustituida. Lo que imagino no se comentaba es que tanto la norma anterior como la posterior eran en esencia similares, y que lo que se informó para aquella era válido para ésta.

 

La Comisión tuvo que enviar en febrero de 2011 otro dictamen motivado complementario del anterior, con la consiguiente pérdida de tiempo y la dilación procedimental que no tuvo en cuenta que, en el ínterin, muchos ciudadanos europeos podían verse afectados, y mucho, por una resolución en la materia. En este punto llevamos ya tres años de procedimiento. España contestó, de nuevo, con relativa rapidez un par de meses después. Los razonamientos españoles dejaron a la Comisión insatisfecha, por lo que interpuso un recurso por incumplimiento en marzo de 2012, contestado por España en primer lugar invocando la existencia de vicios que afectaron a la fase administrativa del procedimiento. 

 

Los vicios que interpretaba España son la incoherencia del objeto y que, al introducir ejemplos relacionados con la Comunidad Autónoma de Madrid, se ampliaba el objeto del procedimiento. Quizás tenga un sustento jurídico la posición española, pero visto el desarrollo del procedimiento, parece más un intento de defenderse por defectos procedimentales ante un flojo razonamiento de fondo, y así lo considera el Tribunal al decir que la inserción de ejemplos no puede considerarse una modificación sustancial del objeto del recurso en cuanto esos ejemplos sólo constituyen una ilustración de la imputación aducida. Vamos, lo que viene siendo un ejemplo, de toda la vida.

 

Consecuencias inmediatas de la Sentencia.

 

Defiende Alejandro del Campo Zafra en su muy recomendable post sobre cómo queda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que la consecuencia más importante a medio plazo es que “se fuerce y acelere la armonización del Impuesto Sucesiones y Donaciones”, resultando en este caso una más que probable subida de tipos en las Comunidades con tipos bajos y reducciones y bonificaciones muy generosas. De manera inmediata, otra consecuencia es la posibilidad de solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos por impuestos pagados en relación con los cuales no haya transcurrido el plazo de prescripción” y “en relación con impuestos pagados ya prescritos, con actos administrativos firmes o sentencias no recurridas, cabría la posibilidad de exigir responsabilidad patrimonial al Estado, el resarcimiento del daño a título de indemnización, por haber exigido impuestos con normas tributarias no conformes al Derecho de la UE”. 

 

¿Y la discriminación por residencia entre las Comunidades Autónomas?

 

Sin embargo, del post citado me voy a quedar con la idea de que la sentencia prohibe discriminar a no residentes, pero no se pronuncia sobre las también graves situaciones entre residentes en España en distintas Comunidades Autónomas. Obviamente no se pronuncia porque ni puede ni debe hacerlo, pero el Gobierno sí debería tomar nota y admitir, de una vez por todas, que el sistema autonómico de cesión de impuestos es muchísimas veces injusto. Para eso no hace falta una Sentencia europea. Lo único que hace falta es hablar con cualquier profesional que en su despacho tenga situaciones en las que intervengan personas con distinta residencia. 

 

Mi despacho, por ejemplo, pese a estar ubicado en la Comunidad Valenciana, es limítrofe con la comunidad de Castilla la Mancha. Nos separan unos escasos 20 kilómetros del núcleo de población más cercano de la otra Comunidad y, como es natural, hay una importante movilidad entre dichos municipios, ya sea por trabajo, por inversión, por cercanía a un Hospital, etc. No son pocas las situaciones desiguales e injustas que se ven en el despacho, y que recuerdan a otros esperpentos como el tener que acudir a un Hospital que está tres veces más lejos que el que tienes al lado de casa sólo por el hecho de estar en otra Comunidad. Pero bueno, esto es el Estado de las Autonomías, y ya sabemos cómo funciona.

 

Esperemos que la necesaria actualización legislativa del impuesto frene estas desigualdades. Yo no estoy especialmente confiado en que eso ocurra, pero importantes Sentencias como esta pueden (y deben) hacer cambiar al legislador, ya que el precedente que tenemos es el auto del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 2013 sobre inconstitucionalidad respecto del artículo 12 bis de la Ley valenciana, que entiende que el tratamiento desigual en la bonificación fiscal que deriva del elemento de la residencia no responde a ningún fin constitucionalmente legítimo y constituye un trato desigual entre españoles. Lo que no tenemos, de momento, es resolución del Tribunal Constitucional, por lo que quizás antes se produzca un cambio forzado de legislación que una Sentencia.


¿Y qué ocurre con el resto de herencias y donaciones?

 

Está claro que las herencias devengadas con posterioridad a la Sentencia deben ser entendidas en el sentido de ésta y las ya devengadas y satisfecho el impuesto, generan el derecho a devolución visto antes. 

 

El problema se plantea con las herencias devengadas que todavía no han sido liquidadas. Y en el mismo sentido, aunque con menor recorrido temporal, pues el plazo es de un mes, para las donaciones. Entiendo que, si la Sentencia no tiene delimitación temporal, y permite la devolución de ingresos indebidos, lo que no es lógico es liquidar ahora conforme a normativa declarada discriminatoria.