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El estatuto del Notario tras la Ley de la Jurisdicción Voluntaria

06 oct. 2015
JV

Finalmente tenemos ya en vigor la Ley 15/2015 de 3 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, por lo que ya conocemos todos sus detalles y ya podemos dar una respuesta definitiva a ¿casi? todas las preguntas que nos íbamos haciendo mientras veíamos pasar proyectos, enmiendas y modificaciones. 

 

Dos de las preguntas que quedan por hacerse son: ¿Qué es un expediente notarial de Jurisdicción Voluntaria? y, las que fundamentalmente voy a tratar hoy: ¿Cómo queda el estatuto del Notario y del Notariado tras la aprobación de la Ley? ¿Somos jueces o Notarios? ¿Se nos aplica la Ley de Enjuiciamiento Civil supletoriamente?

 

 

La estructura general de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

 

 

Está claro que la voluntad de la Ley es regular, de una sola vez y sin dispersión normativa, toda la Jurisdicción Voluntaria, motivo por el cual se ha optado por configurar una nueva norma y no incluirla en el seno de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por eso su artículo 1, al tratar el objeto y ámbito de aplicación de la Ley dice que su objeto es la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.

 

Ese es el objeto del texto articulado: Regular única y exclusivamente los expedientes jurisdiccionales. Todos los no jurisdiccionales, al menos los notariales, se regulan fuera de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, introduciendo modificaciones sustantivas, por ejemplo en el Código Civil, pero desarrollándolos en nuestra Ley, en la Ley Orgánica del Notariado.

 

Ese criterio lo obtenemos ya del preámbulo de la Ley. En él leemos que por razones de sistemática legislativa, se extrae de su articulado la regulación de todos aquellos expedientes cuya tramitación se mantiene fuera de la Administración de Justicia, con la consecuencia de que tan sólo se regularán en su seno los actos de la competencia del Juez o del Secretario judicial. Por su lado, los expedientes encargados a Notarios y a Registradores se regulan respectivamente en la legislación notarial e hipotecaria.

 

La Jurisdicción Voluntaria judicial.

 

 

Por tanto, la jurisdicción voluntaria puramente judicial se regula en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que es aplicable a los Jueces y Secretarios Judiciales, titulares de la potestad y la fe pública judicial respectivamente, y a la que, conforme fija el artículo 8, le es de aplicación supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su Ley. La suya. La de los Jueces y Secretarios Judiciales. La que les es conocida y familiar.

 

La Jurisdicción Voluntaria notarial.

 

La jurisdicción voluntaria puramente notarial no se regula en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, sino en el Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, introducido por su Disposición final undécima. Nuestra Ley. La de los Notarios. El propio preámbulo habla claro de la separación al mencionar que son materias específicas “que se desgajan de la órbita de la Autoridad Judicial”.

Dice la Ley que a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles se les encomienda el conocimiento de aquellas materias donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para el ciudadano. Su participación como órgano público responsable, en el caso de los Notarios, tiene lugar en la mayoría de los actos de carácter testamentario sucesorio.

Como los Secretarios judiciales y Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial se les atribuye, de forma concurrente, la tramitación y resolución de determinados expedientes de sucesiones, la consignación de deudas pecuniarias y también las subastas voluntarias. 

Para el supuesto de concurrencia, el artículo 6 dice que cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados, principio que es expresamente aplicado a los expedientes tramitados por Notarios y Registradores en aquellas materias en las que la competencia les venga atribuida concurrentemente con la del Secretario judicial. Ciertamente, este parece ser el único artículo del texto articulado que se ocupa de los Notarios de manera directa, y lo hace precisamente para tratar la posible concurrencia con los Secretarios Judiciales.

Igualmente se produce la concurrencia en el ámbito mercantil. La intervención del Registrador mercantil, junto al Secretario judicial, se justifica por la especialidad material de estos expedientes en donde asume un relevante protagonismo.

En el texto legal notarial no hay una llamada a la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, por otra parte, nos es del todo extraña a los Notarios en cuando a terminología, configuración y procedimiento, por lo que la supletoriedad hay que buscarla en la propia normativa notarial, en la misma Ley y Reglamento. Esa es la razón de que se reconduzcan todas y cada una de las nuevas atribuciones al tradicional concepto de escritura o acta, como veremos.

 

 

El concepto de expediente de jurisdicción voluntaria.

 

 

 

Aunque el concepto de “expediente” sea conocido para los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que es uno de los conceptos completamente ajenos al Notariado. El Notario nunca ha tramitado expedientes. A pesar de eso, parece que deberemos ir acostumbrándonos a dicha nomenclatura, pues el actual y ya vigente Título VII de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, introducido por la Disposición final undécima, habla de la intervención de los Notarios en expedientes y actas especiales.

 

El primer artículo, el 49, ya dice como regla general que los Notarios intervendrán en los expedientes especiales autorizando actas o escrituras públicas, en función de su contenido: Cuando el expediente tenga por objeto la declaración de voluntad de quien lo inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento, el Notario autorizará una escritura pública. Cuando el expediente tenga por objeto la constatación o verificación de un hecho, la percepción del mismo, así como sus juicios o calificaciones, el Notario procederá a extender y autorizar un acta. 

 

Como vemos, si tomamos literalmente el artículo 49, cada expediente es una escritura o un acta. Siguiendo la letra de la norma, un expediente comenzaría, se desarrollaría y finalizaría en un único instrumento, sin poder hablar de instrumento de apertura, de documento separado o de acta de cierre.

 

Esa interpretación literal de la norma, si bien en la mayor parte de expedientes se podrá cumplir, en algunos, por la propia naturaleza de la actuación notarial, se requerirá al menos un acta inicial y otra de cierre, como por ejemplo en las declaraciones de herederos. Entiendo que en este caso, un expediente podría estar compuesto de dos actas sin dañar el espíritu de la norma.

 

Ahora bien… ¿qué es un expediente? ¿cuándo se inicia y cuándo se acaba? Estas preguntas deber obtener una respuesta clara para poder plantearnos después la competencia notarial y el deslinde con otros operadores jurídicos.

 

Si tomamos de nuevo el Título VII de la Ley del Notariado, veremos que cada capítulo habla de los expedientes que en él se regulan: El segundo de las actas y escrituras públicas en materia matrimonial, a las que obvia, probablemente de manera intencionada, llamar expedientes; el tercero de los expedientes en materia de sucesiones, el cuarto de obligaciones, el quinto de la subasta notarial, el sexto en materia mercantil y el séptimo sobre conciliación.

 

Y dentro de cada capítulo, también la sistemática división en secciones ayuda a la misma conclusión: cada sección regula una actuación, y cada actuación es un expediente. Por tanto y por ejemplo, el expediente del beneficio de inventario comienza con el requerimiento al Notario y finaliza con la formación de inventario. La aceptación o renuncia posterior son actos sucesorios comunes, no de jurisdicción voluntaria, que ya no están sometidos a las normas de ésta, sino a las generales, de competencia por ejemplo. 

 

Es importante esta puntualización porque en la normativa notarial no encontramos norma similar al artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que viene a decir que el tribunal que tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y transacciones que aprobare.

 

Este artículo es únicamente aplicable a las actuaciones judiciales, no notariales, pues la normativa notarial tiene competencia clara definida en cada expediente, y de no haberla, la propia Ley y el Reglamento notariales tienen normas sobre la fe pública notarial y su extensión, sobre su acotamiento al Distrito y sobre el principio de libre elección de Notario. Además, aún siendo aplicable, habría que sustituir el término “pleito” por el término “expediente” y ahí, la propia normativa notarial sí que cubre ese supuesto, no ampliándolo a los conexos.

 

Otra manifestación importante de este asunto, por ejemplo, sería la prioridad de la Ley del Notariado sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 50 de la primera, que trató mi compañero Javier González Granado en este post.

 

Resumiendo: La Ley de la Jurisdicción Voluntaria tiene como supletoria, porque así lo dice el artículo 8, la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley del Notariado y el Reglamento Notarial, como ley especial, se rigen por sus propias normas de supletoriedad, en las que no entra la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (primero) y la de Enjuiciamiento Civil (después), salvo en aquello que no pueda resolverse interpretando e integrando primero la normativa notarial, lo cual entiendo que será residual. Aunque algún caso podría darse.

 

 

¿Cambia entonces la Ley el estatuto del Notariado?

 

No pero sí. O lo que es lo mismo: sí pero no. 

 

El Notario siempre ha sido funcionario público, que por su propia naturaleza tenía atribuido el control de legalidad de los actos y contratos en los que intervenía, pese a las derogaciones e interpretaciones normalmente interesadas que de ello se hagan para desvirtuar la actuación notarial.

 

El Notario sigue siendo funcionario público, por lo que en principio su estatuto legal no se ve alterado. El artículo 1 de la Ley sigue diciendo que el Notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales. La Ley no nos convierte en jueces, no nos atribuye potestad jurisdiccional de juzgar ni de hacer ejecutar lo juzgado. Pero nos acerca en algunas cosas a ellos y a su régimen de actuación.

 

A pesar de eso, debemos tener en cuenta que incluso antes de esta Ley el Notario ya practicaba la jurisdicción voluntaria de facto, aunque no se denominara así, por ejemplo en las declaraciones de herederos. Pero también tenía reconocido el carácter de autoridad pública, concretamente en el artículo 60 del Reglamento Notarial, que dice que el Notario tendrá en el distrito a que corresponda la demarcación de la misma el carácter de funcionario público y autoridad en todo cuanto afecte al servicio de la función notarial.

 

Por tanto, lo que ha hecho esta norma es potenciar y maximizar el aspecto de autoridad pública del Notariado, lo cual es un paso más allá del concepto de funcionario público, pero que se deriva de éste: Por ejemplo, el Notario ahora puede crear y destruir un vínculo que crea e incide directamente en el estado civil de las personas, como es el matrimonio. Pero también puede recabar mediante oficio el auxilio de los órganos, registros y autoridades públicas, por ejemplo en materia de declaración de herederos.

 

Volviendo al principio, la Ley no cambia el estatuto del Notario, pero lo amplia. O lo que es lo mismo, lo expande pero manteniendo su esencia.