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Los poderes electrónicos para pleitos

23 feb. 2016
Poderes electrónicos

La comunicación telemática con la Administración de Justicia ha sufrido un impulso decisivo con la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

 

 

La obligación de relacionarse telemáticamente con la Administración de Justicia

 

 

Aunque pueda parecerlo, no voy a tratar en este post sobre LexNet. Cualquiera que esté interesado en las nuevas tecnologías y en el derecho ya sabe qué es LexNet, para qué sirve y para qué no sirve, por lo que dejo aquí simplemente un enlace para los (pocos) que todavía no sepan que es. Además, cualquiera que esté en redes sociales conoce de primera mano por los propios profesionales usuarios cómo se está desarrollando su implantación.

 

De momento, no soy usuario de LexNet porque los Notarios no tenemos acceso a dicha plataforma, por lo que me abstengo de realizar una valoración sobre ella. Lo que sucede es que, para tratar el objeto de este post, debo partir de unos conceptos básicos, introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la norma citada al inicio.

 

Concretamente, el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que todos los profesionales de la justicia están obligados al empleo de sistemas telemáticos para la presentación de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren.

 

Las personas que no estén representadas por procurador podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la misma. En relación a ello, hay ciertos colectivos obligados a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia, como los Notarios y Registradores.

 

 

Los actos de comunicación en formato electrónico

 

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil dice en el artículo 152 que los actos de comunicación se tendrán por válidamente realizados cuando quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona, en el domicilio, en la dirección electrónica habilitada al efecto, por comparecencia electrónica o por los medios telemáticos elegidos por el destinatario. Para ello, el destinatario podrá identificar un dispositivo electrónico, servicio de mensajería simple o una dirección de correo electrónico que servirán para informarle de la puesta a su disposición de un acto de comunicación, pero no para la práctica de notificaciones.

 

Los actos de comunicación se practicarán por medios electrónicos (correo electrónico o cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia fehaciente de la recepción, fecha, hora y contenido) cuando los sujetos intervinientes en un proceso estén obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia conforme al artículo 273, o cuando aquéllos opten por el uso de esos medios. No obstante, los actos de comunicación no se practicarán por medios electrónicos cuando el acto vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico o así lo disponga la ley.

 

Finalmente, los jueces podrán emplear datos de correo electrónico y de número de teléfono para localizar a los demandados. De esta forma, el Ministerio de Justicia defiende que se hará habitual en la Administración de Justicia la recepción electrónica de las notificaciones que hasta ahora se recibían en papel. Además, se podrá informar mediante aviso por SMS al teléfono móvil de la persona interesada de que se le ha de practicar una notificación.

 

 

Centrando el asunto: la regulación de la representación procesal

 

 

El artículo 24 dice que el poder en que la parte otorgue su representación al procurador habrá de estar autorizado por Notario o ser conferido apud acta por comparecencia personal ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial o por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial. 

 

Además, la norma introduce la regulación de los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta otorgados presencial o electrónicamente, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2017. La configuración general de los archivos electrónicos está fijado por el artículo 32 bis de la Ley 18/2011, de 5 de julio. De este artículo extraemos que deberán inscribirse los apoderamientos apud acta otorgados presencial o electrónicamente. La consulta a dicho archivo permitirá comprobar válidamente la representación que ostentan quienes actúen ante la Administración de Justicia en nombre de un tercero. En ese sentido, el artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que el apoderamiento podrá acreditarse mediante la certificación de su inscripción en dicho archivo.

 

Los archivos deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registren en sus correspondientes archivos. 

Los apoderamientos inscritos tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

 

 

Las posibilidades que establece ahora la Ley

 

 

Por tanto, las posibilidades de otorgar la representación procesal son las siguientes: la derivada de los tradicionales poderes notariales en soporte papel, y la comparecencia apud acta, que admite a su vez una doble posibilidad: comparecencia personal del poderdante ante el secretario judicial y comparecencia electrónica en la sede electrónica judicial. 

 

Es fácil deducir que la primera, tal y como estaba configurada, puede ser que entre en claro y lógico desuso, al tender la administración al papel cero. La segunda (ante secretario judicial) es de esperar que mantenga su aplicación, al menos mientras la tercera (electrónica) no se consolida. 

 

Lo cierto, es que no es nuevo que los apoderamientos para pleitos puedan otorgarse apud acta. En la Ley de Enjuiciamiento Civil se regulan, y el artículo 1280.5 del Código Civil ya decía que deberán constar en documento público el poder para contraer matrimonio, el general para pleitos y los especiales que deban presentarse en juicio (…). Nótese que habla de documento público y no de escritura pública.

 

Tampoco es nuevo que las relaciones con las administraciones públicas tienden a lo electrónico y, dentro de lo electrónico, a la creación de bases de datos y registros de apoderamientos. Ocurre con la Administración Pública en general y con la Administración Tributaria o la Seguridad Social en particular. 

 

 

Unas consideraciones sobre los apoderamientos electrónicos

 

 

El actual artículo 24 ha logrado hacer confluir las dos tendencias de las que hablábamos en un nuevo tipo de apoderamiento, el apoderamiento apud acta electrónico, y en el nuevo registro formado por los archivos electrónicos vistos.

 

Aunque todavía no se ha desarrollado ampliamente el concepto de comparencia electrónica en sentido técnico, podemos estar hablando de dos tipos de actuaciones distintas: La primera es una versión light de la comparecencia electrónica, que requeriría que el compareciente lo hiciera personalmente ante el secretario judicial de cualquier oficina judicial, pero que la actuación se encauzara a la forma electrónica, de modo que se permitiera inscribir electrónicamente el poder de manera directa, pero manteniendo la comparecencia personal.

 

Esa es a la entiendo que se refiere el artículo 40.2 de la La Ley 18/2011 de 5 de julio, al decir que la representación otorgada por comparecencia apud acta ante secretario judicial se acreditará adjuntando copia electrónica de la misma o mediante indicación del número, fecha y secretario judicial ante quien se otorgó. No se habla de identificación mediante DNIe ni de firma electrónica, pero es lógico pensar, ante el reto del papel cero, que se llegará a ello.

 

La otra actuación es la que se realiza de manera íntegramente telemática, o como lo denomina el artículo, por comparecencia electrónica en la correspondiente sede judicial. Entendemos que se está refiriendo aquí a sede electrónica judicial, pues de otro modo el concepto sería el mismo que el anterior. En este sentido, el artículo 32 bis antes citado sí dice que la comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica judicial se realizará haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley,

 

Esta última interpretación extiende el concepto de comparecencia de manera amplísima, pues ya no se exige que el poderdante se presente físicamente en un lugar, basta para la identificación la firma electrónica, tal y como se reconoce en nuestra normativa de firma electrónica nacional y europea (de momento, nada se dice sobre videocomparecencia). Pero esa expansión no sólo queda ahí, sino que también afecta al contenido de los poderes, que, como vimos, ahora podrán ser generales para cualquier actuación judicial, para determinadas clases de procedimientos o para un procedimiento concreto.

 

 

¿En qué posición queda la actuación notarial en los poderes para pleitos?

 

 

Entiendo que la posición del documento notarial queda inalterada. Se sigue mencionando, además en primer lugar, y ello porque la comodidad, agilidad y eficiencia de nuestra actuación es notoria. Nadie puede dudar que el poder para pleitos autorizado por Notario es un documento rápido, barato y que ha demostrado sobradamente su eficacia. Rápido, porque su redacción y otorgamiento no lleva mucho tiempo. Barato porque su coste es muy pequeño, siendo quizás el documento sin cuantía más barato y eficaz por la cantidad de poderes para pleitos otorgados sin incidencias en las notarías.

 

No obstante, lo cierto es que, vista la tendencia telemática en materia de Justicia, los Notarios debemos seguir prestando ese servicio pero adaptado a la nueva situación electrónica. Por tanto, debemos mantener la actuación notarial pero facilitar, vía electrónica, que los poderes para pleitos notariales sean conocidos y puedan utilizarse por sus destinatarios.

 

Con ese preciso objeto, además de con la finalidad de que procuradores, jueces y secretarios judiciales puedan consultar el contenido y la vigencia de los poderes para pleitos, se firmó el 23 de noviembre de 2015 un Convenio entre el Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España (CGPE) y el Consejo General del Notariado (CGN), para la remisión telemática de escrituras públicas electrónicas de poderes para pleitos, sus modificaciones y revocaciones.

 

Efectivamente, del enlace extraemos que el Convenio se enmarca precisamente en la Ley 42/2015, y “en la necesidad de acometer una cambio en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar el uso de los medios telemáticos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel, en aras de conseguir mayor eficiencia en la tramitación de procedimientos, y un ahorro de costes a Estado y ciudadanos, reforzando incluso las garantías procesales”. 

 

Por tanto, a partir de ahora los poderes para pleitos notariales se seguirán autorizando presencialmente y en soporte papel, del mismo modo que hasta ahora, pero su acreditación podrá realizarse bien mediante entrega de copia autorizada física o mediante la actuación telemática. Para ello, se atribuirá a cada poder de un Código de Verificación Seguro (CSV). La tendencia, no obstante, será el lógico abandono paulatino de las copias en soporte papel.

 

En este último supuesto, el Notario comunicará mediante su plataforma SIGNO (Sistema Integrado de Gestión del Notariado) el otorgamiento del poder, con lo que el destinatario del mismo podrá comprobar su existencia y el contenido del poder, su subsistencia, modificación o revocación, incluso con el desarrollo de un sistema de alertas que permita a los procuradores conocer la modificación o revocación de los mismos y obtener, si es necesario, una copia autorizada electrónica.

 

A esto entiendo que es a lo que se refiere la Ley 18/2011 de 5 de julio en su artículo 40.1 cuando dice que el secretario judicial podrá, en caso de impugnación, comprobar el apoderamiento a través de la Agencia Notarial de Certificación.

 

En definitiva, un gran avance en materia de actuación notarial electrónica, que abre la puerta a la colaboración telemática del Notario con otros operadores jurídicos, y sitúa de nuevo al notariado en cabeza de la adaptación digital.