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Identidad electrónica: ¿Es posible un ID digital?

14 jun. 2016
ID Notarial

Cuando se habla en blogs jurídicos de identidades o domicilios virtuales, uno tiene la impresión de que sólo le importa a él lo que se comenta, pues la trascendencia jurídica del concepto no parece ser mucha. 

 

De hecho, hicimos un interesante #retoblog sobre identidad virtual, que destapó distintas ideas y distintos puntos de vista, y me gustaría desarrollar unas reflexiones relativas a la posible expedición de un ID notarial.

 

 

La idea previa: ¿Anonimato o identificación en Internet?

 

 

La idea está estrechamente ligada con el concepto que manejemos de identidad virtual, como conjunto de datos que nos identifican inequívocamente en el ámbito digital e internet.

 

Cuando nos conectamos a Internet, podemos hacerlo sin ningún tipo de control previo o con controles. Realmente, la primera opción, en sentido absoluto, es muy residual, pues sólo accede a Internet con absoluto anonimato quien quiere, utilizando TOR o similares. Esos usuarios son avanzados y minoría.

El resto accedemos sin identificarnos directamente, pero siendo indirectamente identificables por nuestra IP, si bien mediante requerimiento a quien nos preste el servicio de internet, con justa causa y a solicitud judicial, si no estoy equivocado. Y en estos casos lo que se obtiene es la la IP de un dispositivo que se conecta, no la identidad del usuario que lo controla.

 

Por tanto nos ponemos ahora en un nuevo escenario: ¿Solicitamos que exista un control previo de identidad para acceder a internet o a alguno de los servicios? Dicho de otro modo: ¿Pedimos el DNI a todo el que acceda a internet?

 

Yo no soy partidario de establecer un control previo y universal de acceso a Internet, o lo que es lo mismo, no soy partidario de tener que identificarme cada vez que, en general, accedo a internet. 

 

Esta premisa es importante porque creo que cualquier sistema que establezca la identificación obligatoria no causaría más que suspicacias y rechazo en el usuario: ¿Por qué voy a querer yo voluntariamente dejar una absoluta trazabilidad de datos, seguimiento de hábitos, qué webs he visto, qué he comprado, con qué tarjeta, Big Data, etc.? Pues o por nada, o por servicios gratuitos, pero eso está más ligado con webs concretas o con apps específicas. Y si no, que se lo pregunten a los usuarios de Ashley Madison.

 

Ahora bien, una cosa es no identificarme previamente y otra cosa es que, para a acceder a determinadas redes sociales, a la adquisición de determinados productos, a la contratación de determinados servicios o a determinadas webs sí se me exija que me identifique. Aquí incluiría cualquier web o servicio que pueda generar una relación personal o económica con un tercero: webs de compraventa, segunda mano, redes sociales, chats o foros, etc.

 

En este caso, si el servicio o la acción del sujeto puede generar en el prestador del servicio o en terceros un efecto negativo, sí podría valorarse el exigir esa obligación. El ejemplo típico sería exigir que una persona se identifique inequívocamente y demuestre su edad para abrir un perfil en alguna red social, o para adquirir bienes reservados a mayores de edad (alcohol, por ejemplo) o para realizar actividades de azar como apuestas on line. Incluso más pensando en quien vende, que puede tener obligación de comprobar que su producto es adquirido por quien puede comprarlo.

 

 

Y es ahí donde los sistemas de identificación digital pueden entrar en juego. 

 

 

La idea es que a la persona física una autoridad pública le expida un ID digital para que pueda válidamente identificarse en una transacción on line sin género de duda (en otras palabras, que quien utiliza el ID sea quien dice ser) y además que se pueda comprobarse que está facultado para la actuación que realiza (o sea, que exista seguridad de que la persona pueda hacer, comprar o solicitar el bien o servicio concreto). 

 

Los Notarios diariamente identifican a miles de personas, por lo que no sería complicado llevar esa identificación al campo digital: El cliente acude a la Notaría y se identifica debidamente ante el Notario. Al identificar al solicitante y comprobar su información personal (edad, lugar de nacimiento, restricciones judiciales para realizar alguna actividad, minusvalías, etc.), se garantiza un alto nivel de seguridad, ya que, además, la empresa ante quien se identifique el usuario no recibiría información sobre el dato concreto (la edad o la fecha de nacimiento) sino únicamente un sí/no al parámetro solicitado (mayoría de edad). Se busca de este modo ser consecuente con la normativa de protección de datos.

 

Hasta aquí el cómo. El siguiente problema es el dónde y el tercero el para qué. Quiero decir que esta es una vía de identificación digital, pero no es la única, y, de hecho, cada país puede tener una estructura jurídica o económica distinta que haga más o menos viable una forma de identificación digital homogénea.

 

 

¿Sería posible un ID digital en España o en Europa?

 

 

Parto de la idea que exponía en el resumen: No me parece descabellada la idea de una forma de ID digital, e incluso bien trabajada podría ser altamente positiva en muchos aspectos, pero veo muchos obstáculos en su aplicación y posible implementación. 

 

En efecto, poder acceder, si es necesario, a saber qué persona ha hecho un comentario determinado injuriando a alguien en un foro, o conocer si alguien es menor o mayor de edad cuando accede a una web de contactos, podría suponer un avance en la seguridad preventiva.  Pero como casi siempre, hay un contrapunto polémico, que en este caso es la privacidad, la voluntad de anonimato, el sentimiento de control y la protección de datos.

 

El problema del dónde es esencial, pues un sistema de identificación digital puede ser planteado de manera local o de manera universal. Este en concreto, en mi opinión está tratado de manera local, por lo que es difícilmente exportable a otros sistemas incluso dentro de Europa, que tengan un funcionamiento distinto. Incluso la propia idiosincrasia del público usuario es importante. También es cierto que podría pensarse en extrapolar no el funcionamiento concreto, sino el concepto en sí.

 

Imaginemos que en España encontramos algunas empresas que prestan servicios web potencialmente susceptibles de aprovechar esta idea. Luego imaginemos que les decimos que es bueno para ellos controlar a quién venden y que sólo pueden vender a quien use ese ID. Pensemos que dicen que sí y que implantan la tecnología. Mucho imaginar hasta ahora, pero nada que una buena campaña de marketing creando imagen de marca responsable no pueda lograr.

 

Seguidamente imaginemos que le decimos a la gente que a partir de ahora para comprar en esas webs debe identificarse previamente. Pongamos que lo aceptan sin problemas, o que la porción de población que no lo acepta es pequeña. Pero luego les decimos que tienen que ir al Notario a identificarse, ellos o sus padres o tutores, con lo que tienen que echar la mañana en el Notario. Y el Notario les va a cobrar por eso. Entiendo que no mucho, pero algo sí. Finalmente, les advertimos que sus datos personales van a formar parte de una gran base de datos que sería paralela al Registro Civil.

 

Con esta premisa, yo ya veo bastantes escollos importantes prácticos para una aplicación voluntaria de esta tecnología. Claro, otra cosa es que se opte por un Decreto Ley a traición un sábado por la mañana en el BOE y que las empresas queden obligadas a pedir, los usuarios a tener, y los Notarios a expedir, ese ID. Pero así cualquiera… y sin contar que quizás el mismo producto para el que aquí se pida el ID lo podrían pedir en otro Estado Miembro de la UE que no lo pida, en China, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo.

 

 

Ventajas e inconvenientes del uso de un ID digital

 

 

La primera pregunta es clara: ¿Sería el ID digital una firma electrónica? La respuesta, a la gallega: Depende. Ya sabemos que la firma electrónica, sobre todo tras el Reglamento UE 910/2014 eIDAS, puede ser un medio de identificación del firmante válido, como podría llegar a serlo la huella dactilar o cualquier forma de identificación biométrica. 

 

Por tanto, cualquier ID que pretenda de manera inequívoca fijar la identidad del firmante debe estar dotado de algo más que firma electrónica simple: Para mí debería ir anejo el ID a una firma electrónica cualificada. Pero eso no quiere decir que el propio ID sea la firma cualificada, pueden ser momentos de autenticación distintos.

 

Pero entonces, si ya tenemos formas de identificarnos online… ¿qué nos aporta? Pues un añadido a la mera identificación, ya que la mera firma electrónica excluye a priori, y sin perjuicio de que pudiera adaptarse, cualquier otro tipo de atributo personal que indique la capacidad del sujeto. Y en lo que se centra esta idea es en el resto de atributos personales que pueden modalizar la actuación del sujeto.

 

 

La cuestión relativa a la capacidad del firmante en el mundo digital

 

 

Esta cuestión de la capacidad plantea problemas desde el punto de vista jurídico en general y notarial en particular, pues la apreciación de la capacidad de una persona para un acto o negocio nunca se puede hacer de forma general y apriorística. Lo único que podemos asumir es que por el hecho de la tenencia y uso de la firma electrónica o del ID, una persona puede ser sujeto de derechos y obligaciones, y que, por tanto, tiene capacidad jurídica.

 

Pero que una persona tenga capacidad jurídica (de ser sujeto de derechos y obligaciones) no implica que tenga capacidad de obrar (de realizar un negocio jurídico con conocimiento de sus consecuencias y efectos). Y aún teniéndola con carácter general, puede haber momentos concretos de la vida en que la tenga modificada, limitada o incluso prohibida, total o parcialmente, definitiva o temporalmente. 

 

Esto nos lleva a distinguir entre los documentos privados y los documentos públicos. En los primeros, que, resumiendo, son todos aquellos en los que no interviene Notario, son las partes las que deben asegurarse de que aquél con quien contratan es quien dice ser, que tiene capacidad y legitimación para el acto concreto. Por eso, en la actuación privada, esos sistemas de ID digital que dan un añadido de diligencia a la ordinaria, pueden tener cabida.

 

Donde no pueden tener cabida es en el documento público, en el que es el Notario el que se encarga, bajo su responsabilidad, de apreciar si una persona tiene o no capacidad para el acto concreto. Y eso es así porque cuando una persona se identifica ante Notario y le exhibe su documento identificativo, el juicio de capacidad del Notario no consiste en decir únicamente si es o no mayor de edad. Tiene que apreciar que, siendo mayor, no tiene limitada la capacidad, no está coaccionado ni bajo error, que puede conocer los efectos de la prestación de consentimiento, que su voluntad queda realmente plasmada en el documento, etc.

 

Donde yo quiero llegar, es que el juicio de capacidad notarial de una persona no se puede grabar como dato en un token, se tiene que apreciar en un momento determinado, para un negocio concreto y con una responsabilidad aparejada.

 

Sí es cierto que se pueden grabar datos que ayuden a comprender y valorar la capacidad de obrar de la persona, como su edad o si existe alguna modalización judicial de la capacidad por estar sometido a tutela o curatela. Pero nunca la existencia o no de capacidad de obrar en sí misma. Por eso, el sistema de verificación de un atributo objetivo, como es la mayoría de edad, puede servir en todas las transacciones en que este atributo sea, per se, determinante, y siempre en la esfera negocial privada.

 

 

¿Cuál es el público objetivo de esta idea?

 

 

Desde luego, el usuario de un ID digital tenemos claro que es el titular, pero parece que sus ventajas están más enfocadas en la empresa o administración prestadora del servicio, ya que puede parecer a primera vista que no hay muchos incentivos para el usuario, digamos, estándar (si entendemos por tal aquel mayor de edad y que tiene plena capacidad jurídica), entre otras cosas porque debe perder tiempo y dinero en obtener un ID que le servirá para adquirir productos en webs o servicios determinados, sí los puede haber para las empresas prestadoras de servicios. 

 

Pero esta reflexión puede rápidamente enlazarse con la protección de los menores o de las personas con la capacidad modificada, a quienes esta medida podría ayudar, debido a la protección que les podría brindar. Y los interesados serían los propios sujetos (como por ejemplo quien formaliza un documento de autotutela) o sus representantes legales (padres o tutores).

 

En ese caso, ayudaría que se tratara de una identificación obligatoria exigible por todas las empresas y usuarios, o que se potencie por las administraciones públicas en sus servicios online, porque de lo contrario el usuario puede quedar desincentivado ab initio y ni siquiera llegar a probar dicho ID digital. 

 

Esto, aunque no imposible, es improbable, al menos de momento y hasta que la identidad virtual no se convierta en un problema jurídico mayor que el actual. Y es que, a pesar de todo, el anonimato en Internet sigue siendo un valor para la gran mayoría de los usuarios… si no consideramos el subir selfies a Instagram, el compartir gustos, comidas o calorías quemadas, o el ceder nuestros datos a cualquier juego o app freemium que encontremos.

 

Pero más allá del usuario estándar también hay vida en Internet, y este ID digital también podría servir a las empresas o personas jurídicas para potenciar su marca y su presencia en Internet, desde un doble punto de vista, en mi opinión.

 

Por una parte, si lo exigen de sus clientes, cumplen con creces una posible obligación legal de comprobar que presta el servicio a quien puede solicitarlo. La idea es clara: la empresa o administración se asegura de quién es aquél a quien le presta un servicio, en un ejercicio de responsabilidad importante. Se posiciona como una empresa seria, capaz de generar confianza y de que su reputación on line sea positiva.

 

Pero por otra parte, también las empresas pueden generar esa confianza y seguridad identificándose debidamente en sus comunicaciones, páginas web o redes sociales. ¿Quién nos dice ahora que una empresa que sitúa su negocio en Google es quien dice ser? ¿Y en una cuenta de Twitter? Vale que existen las cuentas verificadas, pero no hablamos de las grandes compañías que todos conocemos. 

 

Hablamos de PYMES. Hablamos de seguridad jurídica. Es más, hablamos de seguridad jurídica preventiva. Y eso es lo mismo que hablar del Notario: las sociedades se crean, se modifican y se extinguen ante Notario. Los administradores y los representantes legales se determinan en escritura pública. La titularidad real queda acreditada o manifestada en documento notarial. Por tanto… ¿quién mejor que el Notariado para dar esa garantía, de forma segura e inmediata?