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Inconstitucionalidad de la Ley valenciana sobre régimen matrimonial

17 may. 2016
Inconstitucinalidad REM CV

ACTUALIZACIÓN: La Sentencia ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 31 de mayo de 2016 con el número 82/2016, y se puede encontrar en este enlace. 

 

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016 resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, cuyo contenido básico podía encontrarse en este post que publiqué en mi blog. En la Sentencia ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, y presenta un interesante voto particular del Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos.

 

 

Resumiendo: ¿Qué ha pasado con la Ley de Régimen Económico Valenciano?

 

 

El Presidente del Gobierno impugnó la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano (LREMV) por considerar que incurría en un doble motivo de inconstitucionalidad. 

 

El primero, al incidir en la materia del régimen económico matrimonial, por invadirse la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil derivada del artículo 149.1.8 de la Constitución, y el segundo por incidir en la ordenación de los registros e instrumentos públicos, lo cual es una materia reservada al Estado. Sobre esta segunda cuestión, no llega a pronunciarse el Tribunal pues al declarar inconstitucional toda la norma, se incluyen por extensión los artículos que trataban la inscripción en registros públicos.

 

Como comenta mi compañero Antonio Ripoll en su blog, no es lógico que decidir sobre esta cuestión haya rondado los nueve años, dada la trascendencia de la materia objeto de recurso, y la gran cantidad de matrimonios que durante este período se han celebrado.

 

Además, durante este tiempo, en cierto modo, se ha contribuido a normalizar la existencia del régimen de separación de bienes como supletorio en la Comunidad Valenciana tanto por que el propio Tribunal levantó la suspensión de vigencia de la norma, que ha estado produciendo sus importantes efectos desde el 1 de junio de 2008, como por los siguientes dos motivos que trata el Tribunal en la Sentencia y que ahora expondré separadamente.

 

 

¿Es inconstitucional toda la norma o solo parte de ella?

 

 

Durante la tramitación del recurso, se circunscribió la inconstitucionalidad a los artículos 15, 17.2, 27.2, 30, 33, 37, 39, 42, 46, 47 y 48 en el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación de la Administración General del Estado y Generalitat Valenciana, de 8 de junio de 2007, por lo que se defiende por la Generalitat Valenciana que la impugnación únicamente debe incluir dichos preceptos. 

 

En principio, el Tribunal comparte dicha alegación y dice que en relación al resto, el recurso es extemporáneo, pues en los supuestos en que se acude al trámite conciliatorio previo, el marco de la discrepancia o controversia es el que se establece en el acuerdo sobre iniciación de las negociaciones, que es objeto de publicación oficial y se comunica al Tribunal Constitucional. Es este acuerdo, por tanto, el que desempeña una función de delimitación del contenido de un eventual recurso de inconstitucionalidad posterior. 

 

No obstante, lo cierto es que pese a este razonamiento, finalmente el Tribunal entiende que, al declarar inconstitucional dichos artículos, por conexión la totalidad de la norma es inconstitucional, como veremos más adelante.

 

 

¿No es relevante que se hayan modificado los artículos impugnados?

 

 

Durante la tramitación del procedimiento, la Ley 8/2009, de 4 de noviembre reformó los artículos a los que se circunscribía el recurso, por lo que el Tribunal se plantea si dicha reforma implica la vigencia o no de la controversia sobre la constitucionalidad por pérdida de objeto del recurso de inconstitucionalidad.

 

Para el Tribunal Constitucional esta circunstancia no es relevante: razona que los recursos no pierden su objeto cuando la norma impugnada es modificada, ni cuando es derogada y sustituida por otra, si con ello se mantienen esencialmente los mismos problemas competenciales, que es lo que ocurre en este caso.

 

 

Centrando el contenido: La competencia en materia de derecho civil valenciano existe.

 

 

Dando por sentado lo anterior, no existe discrepancia en el encuadramiento material de los preceptos impugnados en el ámbito relativo al régimen económico matrimonial, y por tanto al derecho civil. 

 

Por ello, continúa el Tribunal valorando si existe o no competencia por parte del legislador autonómico en materia de derecho civil, enfocando el problema en la interpretación y extensión de los artículos 149.1.8 de la Constitución, 49.1.2 del Estatuto de Autonomía y la LOTRAVA, para delimitar la asunción de la competencia exclusiva en materia de conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano que la última norma citada culminó y que fue confirmada posteriormente por la Ley Orgánica 5/1994, de 24 de marzo, de reforma del Estatuto y, finalmente, por la reforma de 2006. 

 

El Tribunal afirma que si bien no cabe duda de que la Comunidad Autónoma Valenciana posee competencia legislativa en materia de derecho civil valenciano, ésta, como cualquier otra Comunidad Autónoma con derecho civil propio, debe ejercerla de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución, que consagra la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

 

Sobre esta cuestión disiente el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos en su voto particular. Opina que la ley impugnada se funda en una competencia reconocida inequívocamente en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y los derechos históricos en materia de instituciones privadas son reconocidos cuando se consagran en un Estatuto, a diferencia de lo que ocurre con las instituciones públicas de autogobierno, ya que la disposición adicional primera de la Constitución las refiere al País Vasco y a Navarra.

 

 

Los límites impuestos por el artículo 149.1.8 de la Constitución.

 

 

Por tanto, la competencia en materia de derecho civil en ningún caso puede ir más allá de lo dispuesto en el artículo 149.1.8 de la Constitución. Eso quiere decir que la normativa puede desarrollarse con la finalidad de conservar, modificar o desarrollar las normas legales o consuetudinarias que formen parte de su acervo jurídico a la entrada en vigor de la Constitución. 

 

En efecto, recuerda la Sentencia que la expresión “allí donde existan” referida a los derechos civiles forales o especiales alude a la previa existencia de un Derecho civil propio. Una preexistencia que no debe valorarse con referencia a cualquier coordenada temporal, como se pretende desde la Comunidad Autónoma, sino muy precisamente al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución. 

 

Ahora bien, ese derecho civil propio preexistente incluye no sólo a aquellos derechos civiles que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución, sino también a normas civiles de formación consuetudinaria preexistentes a la Constitución que subsistiera en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

 

Discrepa el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos en su voto particular, en el que expone que  el Derecho foral de Valencia, aun cuando no estuviera vigente en el momento de la entrada en vigor de la Constitución, puede ser calificado como sistema de Derecho privado efectivamente vigente en el ámbito histórico, geográfico y sustantivo.

 

 

El problema: la acreditación del derecho civil propio.

 

 

La lógica consecuencia es que, para el ejercicio de la competencia legislativa es presupuesto indispensable la acreditación de la existencia del derecho civil propio que se pretende conservar, modificar o desarrollar en el momento de entrada en vigor de la Constitución. Debido a lo anterior, la Comunidad Autónoma debería haber justificado no sólo la existencia de dicho derecho consuetudinario, sino también su pervivencia y aplicación a través del tiempo

 

Dicho de otro modo: la validez de la LREMV depende de que la Comunidad Autónoma pueda acreditar la existencia de reglas consuetudinarias que en materia de régimen económico matrimonial existieran en vigor a la entrada en vigor de la Constitución, como sucedió en el caso de los arrendamientos rústicos, o bien otra institución civil diferente a la regulada pero conexa con ella, de manera que pueda servir de base para apreciar un desarrollo de su Derecho civil propio. 

 

A estos efectos, para el Tribunal, no basta la posible conexión entre los antiguos y derogados Furs del Reino de Valencia y las instituciones económico-matrimoniales reguladas en la LREMV, a diferencia de lo sucedido con los arrendamientos históricos, no se ha acreditado la vigencia de tales costumbres. 

 

En suma, el Tribunal concluye que no se ha aportado prueba que permita apreciar la concurrencia de los requisitos que el artículo 149.1.8 de la Constitución exige a la Comunidad Autónoma de Valencia para legislar un régimen económico matrimonial propio. Este razonamiento lleva al Tribunal a declarar la nulidad de todos los preceptos que así lo hagan y no sólo los artículos impugnados, ya que el resto de normas que integran la regulación del régimen económico matrimonial valenciano, y que forman una unidad inescindible, incurren en la misma e causa de inconstitucionalidad. 

 

No comparte el razonamiento el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, que en su voto particular razona que si se admite que existe un Derecho consuetudinario valenciano, sería suficiente probar  la relación de conexión existente entre la ley impugnada y las instituciones reconocidas como forales. Añade que los Derechos forales o especiales son subsistemas jurídicos completos, autosuficientes, modernos y susceptibles de desarrollo, por lo que el Derecho civil foral no debe ser concebido como una serie más o menos residual de normas e instituciones aisladas y asistemáticas.

 

 

¿Y qué efectos va a producir la declaración de inconstitucionalidad?

 

 

El propio Tribunal se ve obligado a manifestarse sobre los efectos de su decisión. Esta es una cuestión que había sido debatida y sobre la que se había opinado bastante (por ejemplo, en el blog de Montoliu Notarios) y que hasta que no hemos tenido acceso al texto completo de la Sentencia no hemos podido comprobar. De hecho, el Tribunal podía haber declarado la inconstitucionalidad y simplemente dejar a los operadores jurídicos la labor de interpretar la retroactividad o no de la Sentencia, y en su caso, en qué grado. 

 

Pero no lo ha hecho. Ha decidido posicionarse en relación a los efectos jurídicos de la Sentencia en relación a las relaciones jurídicas ya creadas durante el período de tiempo en que sobre la norma ha gravitado la amenaza de la declaración de inconstitucionalidad, y lo hace con tres importantes reflexiones, si bien algo escuetas en relación con el resto de la Sentencia. En mi opinión, hubiera sido procedente una mayor profundidad y casuística en este punto.

 

 

Primero: no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas.

 

 

Lo primero que aclara el Tribunal es que el pronunciamiento de inconstitucionalidad no afectará a las situaciones jurídicas consolidadas, pues entiende que si durante la vigencia de la Ley los cónyuges no han hecho uso de su facultad de capitulación se debe a su voluntad de someterse al régimen subsidiario en primer grado que aquélla establece. 

 

Es una decisión lógica y conservadora. La cuestión es su alcance: lo primero es pensar que los matrimonios a los que se les aplique la norma y que hayan contraído matrimonio entre el uno de junio de 2008 (fecha del levantamiento de la suspensión de la vigencia de la norma recurrida) y la fecha de la publicación de la Sentencia, van a quedar sometidos al mismo régimen que tenían en el momento de contraer matrimonio. 

 

Por tanto, desde el punto de vista práctico, quizás haya que tomar alguna medida para cumplir con lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento Notarial, que dice que en las escrituras públicas se deberá expresar el régimen económico de los casados no separados judicialmente. 

 

Según este artículo, si el régimen fuera el legal bastará la declaración del otorgante. Por régimen legal, debemos entender el supletorio en defecto de capitulaciones que estuviera vigente al tiempo de contraer matrimonio. Y aquí deberemos obtener la información sobre cuándo contrajeron matrimonio, para encuadrarlo en una de las tres posibilidades: 

 

-Si fue previo al uno de julio de 2008 será el de gananciales del Código Civil.

 

-Si fue entre el uno de julio de 2008 y la publicación de la sentencia, será el de separación de bienes de la normativa valenciana. Por tanto, estos matrimonios estarán sujetos a un régimen petrificado, recogido en una norma inconstitucional y sin más recorrido normativo. 

 

Aún no siendo necesario ni obligatorio en este caso otorgar capitulaciones matrimoniales, en mi opinión sería conveniente que quienes se encuentren en esta situación otorguen capitulaciones matrimoniales para sujetarse al régimen de separación de bienes del Código Civil, cuya normativa y efectividad está contrastada. 

 

De todos modos, ambos regímenes son sustancialmente similares, existiendo diferencias por ejemplo en la valoración del trabajo de casa (más detallada en la norma valenciana), en la gestión que hace uno de los cónyuges de bienes o intereses del otro (que está específicamente recogido en el artículo 1439 del Código Civil) o en los casos en que no se pueda acreditar a cuál de los cónyuges pertenece algún bien o derecho poseído por ellos (la norma valenciana habla de respetar el mejor derecho que pueda corresponder a terceras personas y tiene norma concreta si se trata de bienes muebles que sean de uso personal o estén directamente destinados al desarrollo de la actividad de uno de los cónyuges y no sean de extraordinario valor).

 

-Si fue posterior a la publicación de la sentencia, de nuevo será el de gananciales del Código Civil.

 

Esta información se basará en meras manifestaciones de los otorgantes no siendo en mi opinión necesaria la acreditación de la fecha en la que se contrajo el matrimonio. Cuestión distinta es que puede ser conveniente hacer constar la fecha exacta, o al menos la incardinación de la celebración del matrimonio en uno de esos períodos, para que la determinación del régimen no deje lugar a dudas.

 

También dice el artículo 159 que si el régimen matrimonial fuese el establecido en capitulaciones matrimoniales será suficiente que se le acredite al notario su otorgamiento en forma auténtica. Nada cambia aquí, puesto que si se exhiben capitulaciones matrimoniales el Notario las referenciará e identificará el régimen matrimonial conforme a lo dispuesto en ellas. 

 

Obviamente, aunque la Ley quede inconstitucional, las capitulaciones matrimoniales otorgadas durante su vigencia producen todos sus efectos con independencia del régimen pactado. Ahora bien, durante la etapa en que la norma ha estado en vigor han coexistido, en la Comunidad Valenciana, al menos cinco regímenes: los de gananciales, separación de bienes y participación del Código Civil (nada obstaba a pactar, aún mientras estaba vigente la Ley, regímenes del Código Civil) y los de separación de bienes y germanías de la norma valenciana. 

 

Sobre los tres primeros no se plantean problemas, pero sí sobre los dos segundos. Concretamente, lo que ya comentábamos en relación a quedar sujetos a un régimen petrificado y regulado en una norma inconstitucional, siendo conveniente otorgar nuevas capitulaciones matrimoniales para fijar y adaptar el régimen matrimonial, optando por aquél del Código Civil que sea más similar al pactado con anterioridad.

 

Por cierto, que el Tribunal parece centrarse en los efectos jurídicos en relación al régimen supletorio en defecto de pacto, olvidando otras situaciones que, aún de menor incidencia, pueden plantear problemas, como el hecho de que han existido pactos capitulares en que se ha pactado el régimen de germanías, que se hayan realizado donaciones por razón de matrimonio sujetas a la normativa valenciana y no a la del Código Civil o que en capítulos matrimoniales se hayan constituidos derechos por terceros a favor de los cónyuges o de sus hijos

 

En los tres casos entiendo que el mantenimiento de efectos hace que perviva para esos matrimonios el régimen de la germanía, que las donaciones no se vean afectadas y que los derechos a favor de los cónyuges o de los hijos subsistan en función de la vigencia o no del matrimonio cuando se produzca su efectividad.

 

 

Segundo: posible manifestación de voluntad en contra.

 

 

Está claro que en esta materia rigen el principio capitular y la autonomía de la voluntad, por lo que tras la publicación de la sentencia, seguirán rigiéndose por el mismo régimen económico matrimonial preexistente, salvo que su voluntad contraria sea manifestada mediante las oportunas capitulaciones. 

 

Lo que comenta el Tribunal aquí es lógico: los cónyuges deberán analizar su situación y valorar si quieren continuar con el mismo régimen o quieren convertirlo en uno de los regímenes del Código Civil mediante la oportuna escritura de capitulaciones matrimoniales y su inscripción en el Registro Civil.

 

Pero lo cierto es que queda una duda que el Tribunal no ha resuelto: ¿pueden los cónyuges, si no hay perjuicio para terceros, atribuir carácter retroactivo a un pacto adaptativo de régimen matrimonial? En principio puede parecer descabellado, pero tampoco tiene porqué serlo y la dicción literal de la Sentencia deja la puerta abierta si la interpretamos literalmente. Eso sí, entiendo que la finalidad en este caso sería “sustituir” el régimen valenciano por el homólogo del Código Civil, y que esta idea difícilmente podría plantearse para cambiar de régimen por uno diferente y no homólogo.

 

Si se pactó el régimen de separación de bienes valenciano, o éste fue de aplicación por su carácter supletorio, se podría ahora fijar con efectos retroactivos la aplicación del régimen del Código Civil, evitando el fraccionamiento en dos regímenes sustancialmente similares. Este punto, por esa identificación práctica entre normas, sería la menos problemática.

 

Si se pactó el régimen de germanías, se podría ahora fijar con efectos retroactivos el de gananciales del Código Civil, para evitar tener que aplicar a largo plazo una norma inconstitucional. Podemos pensar en que respecto de unos cónyuges que pactaron en 2015 el régimen de germanías, la disolución del régimen puede producirse dentro de veinte, treinta o cuarenta años, en el que el régimen de germanías será una mera anécdota legal. Claro que también podrían pactar el simple cambio de régimen de germanías a gananciales sin liquidar el mismo, en cuyo caso coexistirían en el futuro momento de la liquidación bienes sujetos a uno y otro régimen.

 

 

Tercero: no afectará a las relaciones conyugales con terceros.

 

 

Finalmente, la consecuencia lógica es que la declaración de nulidad de la Ley no ha de afectar a las relaciones de los cónyuges con los terceros que, en todo caso, se regirán por el régimen matrimonial vigente en cada momento.