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Inconstitucionalidad de la Ley valenciana de uniones de hecho

28 jun. 2016
Uniones de Hecho 2

La Sentencia del Tribunal Constitucional de nueve de junio de dos mil dieciséis resuelve el recurso de inconstitucionalidad número 4522/2013, interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana. Ha sido Ponente el Magistrado Don Ricardo Enríquez Sancho y cuenta con el voto particular del Magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos.

Esta norma fue tratada ya con anterioridad en el blog en esta entrada, en la que se daba una visión general de las uniones de hecho para después exponer las cuestiones en las que incidía la normativa valenciana, con especial referencia a su constitución y al régimen sucesorio. Ya se planteaba aquí la problemática cuestión de que la normativa valenciana se remitía a un derecho sucesorio valenciano todavía no desarrollado, lo cual se antoja cada vez más complicado tras la presente sentencia, la relativa al régimen matrimonial y el previsible desenlace de la relativa a la norma de relaciones familiares.

Si bien la norma sufre de dos reproches de inconstitucionalidad, uno de carácter competencial y otro de carácter sustantivo, siguiendo su doctrina general el Tribunal Constitucional comienza por resolver el competencial, ya que si resuelve que la totalidad la norma adolece de vicio de incompetencia, se hace innecesario resolver sobre el segundo (que solo afecta a algunos artículos concretos).

 

La compentencia de la Comunitat es el primer reproche a la norma valenciana.

 

El primer motivo de insconstitucionalidad es el competencial. Se cita a vulneración de los artículos 49.1.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y 149.1.8 de la Constitución, que regulan la distribución de competencias en materia de legislación civil, entendiendo que la Comunidad Autónoma carece de competencia civil para regular estas materias.

Este recurso, en este aspecto, es coherente con los otros presentados en relación a la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano (que ya ha sido declarada inconstitucional por este motivo) y a la Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, pendiente éste último todavía de resolución.

De hecho, de manera similar a lo que ocurrió con la norma de régimen matrimonial, se solicitó la suspensión de la norma, pero el Tribunal por auto 280/2013, de 3 de diciembre, mantuvo la suspensión únicamente en relación al artículo 14 de la Ley (el que reconoce los derechos de la persona conviviente supérstite en la sucesión de la persona premuerta), levantando la suspensión en el resto.

Las tres normas citadas, al estar incluidas en un proceso de recuperación del Derecho foral valenciano “con el objetivo y la intención de poder desarrollar en el futuro un Código de Derecho foral valenciano”, son tratadas de idéntica forma en los recursos, y, al menos en las dos sentencias ya recaídas, resueltas de modo similar. Sirve para la presente, por tanto, muchos de los razonamientos en materia competencial que emplea la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016 para tratar la competencia autonómica en materia civil en relación a la Ley 10/2007, de 20 de marzo, lo cual admite el propio Tribunal Constitucional.

El Gobierno valenciano defiende que el calificativo foral incluido en el artículo 49.1.2 y en la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril para referirse al Derecho civil valenciano (“Derecho civil foral valenciano”) se refiere directamente los antiguos Furs valencianos, y que la competencia legislativa en materia de Derecho civil no deriva de la aplicación del artículo 149.1.8 citado como base del recurso, sino de la transferencia llevada a cabo por la LOTRAVA (Ley Orgánica 12/1982). También se cita que sería posible reconducir la competencia al artículo 49.1.1.

Estos razonamientos no son compartidos por el Tribunal Constitucional: en relación a la primera cuestión, dice el Tribunal expresamente que no es esa la interpretación que ha mantenido del calificativo “foral”, y en relación a la segunda, se remite directamente para desecharla a la STC 82/2016 de 28 de abril. En consecuencia, admite que para resolver el recurso hay que estar al artículo 149.1.8 de la Constitución, y no es posible reconducir el criterio competencial al artículo 49.1.1, que habla de competencia sobre instituciones de autogobierno. En este sentido, el Tribunal aclara que no guarda relación con el principal objeto de la Ley impugnada que es, según proclama su artículo 1.1 establecer los derechos y deberes de quienes son miembros de las uniones de hecho formalizadas. La única relación es secundaria y simplemente por la existencia de un registro administrativo de uniones de hecho.

Añade que la remisión a los derechos civiles forales o especiales alcanza a los derechos civiles que habían sido objeto de compilación al tiempo de la entrada en vigor de la Constitución y a normas civiles de formación consuetudinaria subsistentes y preexistentes a la Constitución. Cita como ejemplos las costumbres de carácter agrario como la venta a ull o per alfarrassada, la venta a peso o arrovat, el espigueo o espigolar, el herbatge, usos en materia de riegos y jurisdicción especial del Tribunal de las Aguas.

 

La falta de referencia escrita o consuetudinaria a las uniones de hecho.

 

Todo lo anterior, debe entenderse para la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil preexistente, no para crear otras instituciones nuevas, sino únicamente las conexas con las ya reguladas, dentro de una actualización o innovación de sus contenidos.

Por lo anterior, para el ejercicio de la competencia civil de la Comunitat es necesario acreditar la subsistencia de ese derecho consuetudinario como presupuesto del legítimo ejercicio de la competencia, y la norma no menciona, ni se refiere, ni toma como base ninguna institución consuetudinaria con la que pueda guardar una razonable conexión.

De hecho, es el propio legislador valenciano el que reconoce en el preámbulo de la Ley que las formas de convivencia more uxorio han aparecido solamente en los últimos años, por lo que no cabe buscar institución conexa ni en los Fueros ni en derecho consuetudinario mantenido tras su derogación, no admitiendo el Tribunal las referencias a la “costumbre testamentaria de l’une per l’altre” o el “fideicomiso foral”, citadas por el letrado de las Cortes.

Tampoco puede admitirse que sirva de base la remisión que hace la propia exposición de motivos a la norma valenciana anterior que regulaba las uniones de hecho (la Ley 1/2001 de 6 de abril), pues lo es a una norma que, de estar vigente y haber sido impugnada, hubiera resultado igualmente inconstitucional por los mismos motivos.

De todo lo anterior se deriva entonces “al igual que en la STC 82/2016, de 28 de abril, la falta de competencia de la Comunidad Valenciana para regular las consecuencias civiles de las uniones de hecho formalizadas, tal y como las denomina la Ley recurrida, y ello debe conducir a declarar la nulidad de todos los preceptos que así lo hagan”.

A pesar de lo categórico de dicha afirmación, matiza el Tribunal que no cabe hablar de la nulidad de toda la Ley, sino de todas las normas que regulen exclusivamente las consecuencias civiles de dichas uniones, lo cual es coherente por una parte con el objeto del recurso y con otra con la jurisprudencia del Tribunal que admite que las Comunidades Autónomas sin competencia en materia civil regulen las uniones de hecho a los efectos que consideren oportunos para el ejercicio de sus competencias, como en materia de derechos sociales o incluso de registros administrativos.

 

Entonces ¿qué artículos son inconstitucionales?

 

El artículo 1, que regula el objeto de la Ley, solamente resulta inconstitucional en el inciso que da soporte a la normativa civil comentada (el inciso “los derechos y deberes de quienes son miembros”), por lo que dice el Tribunal que el resto del precepto puede seguir dando soporte a las normas válidas de la Ley. 

El artículo 2, que regula su ámbito de aplicación, resulta inconstitucional pues se centra en el criterio de la vecindad civil cuando debería hacer referencia al principio de territorialidad de las competencias que el Tribunal ha declarado “implícito al propio sistema de autonomías territoriales”.

Los artículos 3, 4 y 5 no son inconstitucionales, sino neutros, pues solo definen lo que la Comunidad Autónoma entiende por unión de hecho en legítimo ejercicio de sus competencias y establecen un registro para su publicidad y constancia, y ello no entra en colisión con la competencia civil.

Son nulos completamente el artículo 6 (revocación automática de los poderes que cualquiera de sus miembros hubiera otorgado a favor del otro), el artículo 7 (libertad de regulación de las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia), el artículo 8 (gastos comunes de la unión de hecho formalizada), el artículo 9 (derecho de alimentos entre los convivientes), el artículo 10 (disposición de la vivienda habitual de la unión de hecho), el artículo 11 (responsabilidad patrimonial), el artículo 12 (destino del ajuar doméstico y uso de la vivienda tras el fallecimiento de uno de los convivientes), el artículo 13 (representación legal de la persona conviviente) y el artículo 14 (derechos de la persona conviviente supérstite en la sucesión de la persona premuerta). 

Presta el Tribunal Constitucional especial atención al artículo 15, que es el artículo que equipara la unión de hecho al matrimonio en relación a “otros efectos” (se entiende no civiles) de la unión de hecho formalizada. 

1. Al efecto de “la regulación de la función pública que es competencia de la Generalitat, en cuanto a licencias, permisos, situaciones administrativas, provisión de puestos de trabajo y ayuda familiar”. El Tribunal, en contra de lo sostenido por el Abogado del Estado, entiende que este inciso no es inconstitucional.

2. Al efecto de “los derechos y obligaciones de derecho público establecidos por la Generalitat en materias de su competencia, tales como normas presupuestarias, indemnizaciones, subvenciones y tributos autonómicos”. El Tribunal tampoco entiende que este inciso sea inconstitucional, ni siquiera en relación a los tributos autonómicos, siempre y cuando las parejas hayan expresado su previa voluntad de constituirse como tal unión de hecho formalizada e inscribirse como tal en el Registro administrativo.

3. Al efecto de “los derechos a percibir pensiones de viudedad y a las indemnizaciones por accidentes laborales o enfermedades profesionales”, el propio artículo dice se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable en cada caso, por lo que tampoco aprecia aquí el Tribunal inconstitucionalidad.

Bajo el prisma anterior, tampoco son inconstitucionales la disposición adicional única (que regula la posibilidad de que las uniones de hecho inscritas conforme a la legislación anterior pasen a regularse por la nueva Ley), las habilitaciones reglamentarias de la disposición final segunda (por supuesto, una vez limitado su potencial objeto) ni la disposición transitoria única (ya que se declara constitucional el Registro administrativo).

 

El segundo reproche de inconstitucionalidad: el contenido de la norma.

 

El segundo reproche de inconstitucionalidad se califica por el Abogado del Estado como de carácter sustantivo, estando en colisión con el principio de libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 10.1 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal Constitucional 93/2013, de 23 de abril, que declaró la inconstitucionalidad de parte de la Ley Foral de Navarra 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables.

No llega a entrar en esta cuestión, ya que admite que, siendo la inscripción en el Regisro constitutiva, quienes cumplan los requisitos previstos en la Ley pueden optar libremente entre formalizar su unión como unión de hecho y adquirir todos los efectos de la norma no inconstitucionales (como los tributarios o de la función pública) o no hacerlo.

 

¿Qué ocurre con las uniones de hecho preexistentes?

 

El Tribunal Constitucional tiene en cuenta, en cuanto al alcance temporal de la declaración de inconstitucionalidad, la existencia del régimen anterior previsto en la Ley 1/2001, de 6 de abril y el hecho de que la propia norma no había sido suspendida (salvo lo visto del artículo 14), por lo que tanto en las relaciones entre los miembros de la unión y con terceros, la Sentencia solo tendrá efectos “pro futuro”, sin afectar a las “situaciones jurídicas consolidadas”. 

 

El voto particular del Magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos

 

Es lógico que el Magistrado Don Juan Antonio Xiol Ríos exprese su opinión discrepante con el parecer de la Sentencia, pues ya formuló voto particular en la STC 82/2016, de 28 de abril, visto que el presente fallo sustancialmente coincide con lo fallado en relación a la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de régimen económico matrimonial valenciano. 

Por tanto, y de manera coherente, expresa las razones de su discrepancia en el mismo sentido del anterior voto particular. Resumiendo, cree que “también la regulación de determinados aspectos de la normativa valenciana sobre uniones de hecho se funda en una competencia reconocida inequívocamente en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, que los derechos históricos en materia de instituciones privadas son reconocidos por el Tribunal Constitucional cuando se consagran en un estatuto de autonomía; y que aunque no fuera así, dentro de las competencias ordinarias en materia de Derecho civil, la Comunitat Valenciana puede regular esta materia”.