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Conclusiones del Abogado General TJUE sobre irretroactividad y cláusula suelo

21 jul. 2016
Clausula suelo

Todos hemos tenido ya conocimiento de las conclusiones del Abogado General, el Sr. Paolo Mengozzi, presentadas el 13 de julio de 2016, que sugieren que es acorde al Derecho de la Unión la decisión de declarar el carácter abusivo de las cláusulas suelo, ordenar que cese su utilización y que se eliminen de los contratos existentes y declarar su nulidad limitando, al mismo tiempo los efectos restitutorios a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido.

 

Dicho de otro modo, las cláusulas suelo que sean declaradas nulas por abusivas no dan derecho a reclamar lo percibido de más por el Banco sino desde la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo que así lo determinó. Por eso en el blog ¿Hay Derecho? se preguntan en este análisis de las conclusiones si la banca siempre gana.

 

 

La vuelta a las hipotecas a tipo fijo

 

 

Sea como fuere, lo cierto es que la mayoría de las entidades financieras han desterrado ya las cláusulas suelo de sus hipotecas. De hecho, muchas de ellas están comenzado a desterrar, en general, las hipotecas a tipo variable: muchas de ellas han virado ya hacia una oferta de préstamos a tipo fijo que ya supera, en número de operaciones, a las de interés variable, que parecen haber quedado desterradas a las pólizas personales sin garantía hipotecaria. Esto, hace unos años, era impensable que ocurriera.

 

Eso sí, las hipotecas a tipo fijo suponen cierta tranquilidad para el Banco, que tiene menos frentes por los que ser atacado en materia de abusividad de tipo de interés. También suelen suponer una mejor planificación económica para los prestatarios, que tienen la certeza de cuánto van a pagar en las sucesivas cuotas durante toda la vida del préstamo, lo cual en una economía familiar ordinaria es esencial. Queda ver cómo se desarrollarán los tipos fijos en los próximos años.

 

Ahora bien, hay que prestar atención a las vinculaciones que los Bancos ofrecen para rebajar los tipos de interés, que suelen implicar tener todos o casi todos los productos financieros ordinarios de una familia o de una empresa en el mismo Banco. ¿Vendrán por estas vinculaciones nuevas declaraciones de abusividad? Veremos…

 

Todo lo anterior no quita que las conclusiones del Abogado General, y la futura Sentencia del Tribunal de Justicia, tenga una enorme trascendencia respecto de las hipotecas con cláusula suelo ya formalizadas.

 

 

Pero ¿qué dicen las conclusiones del Abogado General?

 

 

Lo cierto es que las conclusiones no se centran ya en hablar del carácter abusivo o no de la cláusula suelo, que el Tribunal Supremo, en la Sentencia referida ya delimitó, sino que dan por sentada dicha calificación. De hecho, va el Abogado General quizás más allá al afirmar respecto de las cláusulas suelo posteriores a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que deben desaparecer del ordenamiento jurídico español, que deben ser eliminadas de todos los contratos existentes y que los profesionales no pueden ya incluirlas en nuevos contrato. Esto último como dice el Abogado General, si mi comprensión es correcta, no lo ha dicho el Tribunal Supremo.

 

Por tanto, confirma las teorías fijadas en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y en las posteriores de 25 de marzo de 2015 y de 29 de abril de 2015, en las que concluyó que los consumidores sólo pueden obtener la devolución de las cantidades que satisficieron a las entidades de crédito en virtud de las cláusulas suelo a partir de la fecha de la Sentencia. Para ello, justifica que la retroactividad podía limitarse en aplicación de los principios de seguridad jurídica, equidad y prohibición de enriquecimiento injusto.

 

Para ello, las conclusiones se centran en los efectos que deben derivarse de la apreciación del carácter abusivo, concretamente en si la limitación de los efectos es compatible con el Derecho de la Unión en general y el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 en particular, para valorar después si se han aplicado correctamente por el Tribunal Supremo los criterios de buena fe y riesgo de trastornos graves.

 

 

La interpretación de la “no vinculación”

 

 

Centra entonces las conclusiones en el estudio del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, en la parte del mismo que dice que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales. Y dentro de dicho artículo, basa su razonamiento en el “no vincularán” y en los “Derechos nacionales”, que son las dos cuestiones que deben tratarse más detenidamente.

 

Entiende el Abogado General que, al decir que las cláusulas “no vincularán” no se está dando más que un término neutro que no revela la posible intención del legislador de dotar a la falta de efecto vinculante de una dimensión retroactiva. 

 

Entiendo que el Abogado General acude a una interpretación literal de la Directiva, en la que el uso del término “vinculación” no quiere decir que la Directiva entienda que son nulas, anulables o cualquier otro término que, según la normativa de cada estado miembro, sea aplicable, y de ahí que no se pueda colegir la retroactividad o no de su declaración de “no vinculación”, lo cual justifica el Abogado General con la idea de que la Directiva no pretende armonizar ni fijar un efecto concreto.

 

Por tanto, las cláusulas abusivas no vincularán cuando el juez nacional las deja sin aplicación, y ello por el carácter disuasorio que tiene el hecho de que pura y simplemente no se apliquen. De este modo, la eficacia de la sanción de las cláusulas abusivas se aprecia en relación con el objetivo de que cese su utilización.

 

 

Los derechos nacionales y los efectos de la “no vinculación”

 

 

Completa el razonamiento ligando la idea de que esa “no vinculación” debe ser decidida, en cuanto a sus efectos, por los derechos nacionales. Y aquí la segunda parte de su razonamiento entra en juego: son los derechos nacionales los que deben fijar qué se entiende por no vinculación y desde cuándo se produce (o no) la misma. 

 

Resumiendo, la cuestión es si con ello se concede a los Estados miembros libertad plena de configurar la falta de fuerza vinculante de las cláusulas declaradas abusivas. Y parece, por el razonamiento del Sr. Mengozzi, que así es.

 

Dice el Abogado General que al Tribunal de Justicia no le corresponde esa configuración, ya que las particularidades de esa organización deben ser decididas por los propios Estados miembros, razón por la cual el Tribunal no ha contemplado la nulidad de las cláusulas abusivas como la única vía para cumplir con el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, sino como una posibilidad entre otras. 

 

Por tanto, el Tribunal de Justicia ni puede ni ha intentado subsanar la imprecisión y neutralidad aparente del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, ya que, de hacerlo imponiendo una consecuencia jurídica concreta, privaría de todo efecto útil la remisión expresa a los Derechos nacionales contenida en esa disposición.

 

Dado que el Derecho de la Unión no armoniza ni las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de una cláusula ni las condiciones en las que un órgano jurisdiccional supremo decide limitar los efectos de sus sentencias, la situación queda regida por el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal.

 

Resumiendo, las cláusulas suelo no dejan de considerarse abusivas y nulas, si bien esa nulidad sólo surtirá sus plenos efectos a partir de la fecha de la sentencia del órgano jurisdiccional supremo que la declara, lo cual no perjudica la efectividad de los derechos reconocidos por la Directiva 93/13 ni de los objetivos perseguidos por ésta.