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Las sociedades cooperativas y su normativa en la Comunitat Valenciana

18 oct. 2016
Cooperativas

Las cooperativas valencianas, como ocurre en el resto de comunidades autónomas, son agentes económicos de todos los tamaños y que actúan en prácticamente todos los sectores económicos. No en vano están presentes en todo el territorio de la Comunitat Valenciana y suponen una parte importantísima de creación de empleo.

 

Las bases legislativas de las cooperativas valencianas

 

La figura de la actividad cooperativizada tiene un profundo e importante arraigo en la Comunitat. De hecho, la primera Cooperativa de la que se tiene constancia fue la de los Escoberos de Torrente en 1837, seguida en los años siguientes por los Papeleros de Buñol o los Acomodadores de la Plaza de Toros. Durante el siglo XX el modelo cooperativo siguió desarrollándose y el número de cooperativas creció, para continuar durante la transición y ya en democracia, tras la Constitución, con un nuevo impulso y un nacimiento de normativa propia valenciana. 

 

El desarrollo de la normativa sobre cooperativas más reciente y posterior a la Constitución Española parte de su artículo 129.2, que dispone que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en las empresas y fomentarán, mediante la legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Esta promoción y fomento se produce fundamentalmente con normativa estatal y autonómica y con un régimen fiscal específico.

 

El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio reconoció a la Generalitat, tanto en su primera redacción del artículo 31.21 como tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, en el actual artículo 49.1.21, la competencia exclusiva sobre cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad Social, respetando la legislación mercantil. Además, el artículo 49.1.34 recoge la competencia exclusiva en materia de instituciones de crédito cooperativo, público y territorial y Cajas de Ahorro, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica del Estado. Finalmente, la tercera mención estatutaria al cooperativismo se encuentra en el artículo 80.4, que atribuye a la Generalitat la facultad para promover formas de participación de los trabajadores en la propiedad de los medios de producción y fomentar la participación en las empresas y la creación de sociedades cooperativas y otras figuras jurídicas de economía social.

 

La dinámica normativa sobre cooperativas

 

Con objeto de dar un desarrollo dinámico, adaptativo y moderno a las cooperativas, las normas autonómicas son de todo menos estáticas. Aproximadamente cada diez años hay un importante cambio y actualización en la normativa, sin perjuicio de que durante la vigencia de cada una haya a su vez reformas de más o menos calado.

 

La primera norma valenciana mediante la que se ejercitó esa competencia exclusiva fue la Ley 11/1985 de 25 de octubre, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. En su exposición de motivos se aprovecha para recordar que el cooperativismo valenciano tiene un marcado carácter rural y agrario, siendo también relevante la tradición en materia de cooperativas de viviendas y de trabajo asociado. En esta primera norma, por ejemplo ya se recoge que la constitución de las cooperativas se realizaba mediante otorgamiento de escritura pública notarial e inscripción en el Registro de Cooperativas.

 

Esa norma estuvo vigente los diez años siguientes, hasta la amplia actualización que supuso la Ley 3/1995 de 2 de marzo, de modificación de la Ley 11/1985 de 25 de octubre. Pese a que la Ley mantiene la misma noción básica de cooperativa, introdujo novedades que ya venían siendo aplicadas en otras Comunidades, como permitir la adquisición del carácter de socio de las sociedades civiles y mercantiles.

 

Poco después, se aprobó mediante el Decreto Legislativo 1/1998 de 23 de junio, el Texto Refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. Dicho Texto Refundido fue, a su vez, objeto de dos reformas, introducidas por las Leyes de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat aprobadas en 1998 y 2001. 

 

Estos cambios y la necesidad de adaptar y modernizar de nuevo algunos aspectos de la norma desembocaron en la Ley 8/2003 de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, a su vez también modificada por las Leyes de Medidas Fiscales de 2004, 2007, 2010, 2011 y 2012 y de manera significativa por la Ley 4/2014 de 11 de julio, de modificación de la Ley 8/2003 de 24 de marzo, que avanza en la armonización con el resto de la legislación cooperativa española en algunas de sus regulaciones esenciales. 

 

Como no podía ser de otro modo, la propia norma autoriza al Consell para que mediante decreto legislativo apruebe un texto refundido, lo cual ha llevado al vigente Decreto Legislativo 2/2015 de 15 de mayo, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

 

Del artículo 1 de la Ley, podemos destacar el ámbito de aplicación de esta norma valenciana, que son las cooperativas que desarrollen mayoritariamente la actividad cooperativizada con sus socios en el territorio de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que las relaciones con terceras personas o actividades instrumentales del objeto social se realicen fuera de dicho territorio

 

La consecuencia de este desarrollo normativo es que el número de cooperativas a 31 de diciembre de 2014 era de 2.547, lo que supone que el cooperativismo valenciano está consolidado como el tercero más potente de España, siendo Valencia la provincia de España con mayor número de personas empleadas en cooperativas y la segunda con mayor número de ellas.

 

Otra normativa que incide en la materia

 

La normativa general debe ser completada con normas sectoriales especiales en función del objeto social de la cooperativa, como por ejemplo el Decreto 83/2005, de 22 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las Cooperativas de Crédito de la Comunitat Valenciana o el Decreto Legislativo 1/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de las cooperativas con sección de crédito de la Comunitat Valenciana.

 

Es destacable la existencia de normativa también especial para cuestiones específicas dentro del régimen cooperativo, como la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas.

 

Todo ello sin perjuicio de la aplicación de normas estatales que inciden directamente en la materia, como la Ley 20/1990, de 19 de Diciembre de Régimen Fiscal de las Cooperativas, de manera subsidiaria como la Ley 27/1999, de 16 de julio de Cooperativas de ámbito estatal.

 

La promoción del cooperativismo por los poderes públicos

 

Debido a lo anterior, los poderes públicos se han decantado por realizar una política de fomento del cooperativismo, adoptando las medidas necesarias para promover la constitución y el desarrollo de cooperativas, así como la relación entre ellas. Por ejemplo, la figura del Consejo Valenciano del Cooperativismo, regulado en el Decreto 228/1996, de 10 de diciembre, que es un órgano de promoción, asesoramiento y planificación de la política y legislación en materia de cooperativas.

 

En lo que no encontramos normativa propia valenciana, pero sí normativa estatal es en lo relativo a la fiscalidad de las cooperativas, ya que la normativa es común al resto de las cooperativas españolas (exceptuando las peculiaridades propias de los regímenes forales vasco y navarro) al estar regulada en la ya mencionada Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas. De ella extraemos las cooperativas que se hayan constituido correctamente con arreglo a su normativa y hayan sido inscritas en el Registro de Cooperativas siempre son figuras fiscalmente protegidas, pero en ocasiones esa protección queda minorada o potenciada.

 

La regla general es que las cooperativas regularmente constituidas tengan derecho a aplicar los beneficios fiscales previstos en el artículo 33, por ejemplo en relación al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), al Impuesto de Sociedades (tributación a un tipo reducido) o a la bonificación general del 95% en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas. Además, también le son de aplicación los artículos 15 a 29, de los que resulta, que podrán minorar la base imponible en el 50% de la parte de los resultados que de forma obligatoria se destinen a la reserva obligatoria o que podrán deducir como gasto las cantidades que, con cargo a los excedentes, destinen obligatoriamente al fondo de formación y promoción cooperativa.

 

Las que tienen la protección que hemos denominado minorada son las que de manera sobrevenida han incurrido en alguna causa de pérdida de protección fiscal y que tributarán al tipo general del Impuesto de Sociedades. Esto no significa que hayan perdido todos los beneficios fiscales, ya que mantienen su aplicación los artículos 15 a 29 anteriormente vistos.

 

Finalmente, las cooperativas especialmente protegidas son un grupo cualificado que, por razón del objeto, disfrutan de un régimen todavía más bonificado en materia del Impuesto de Sociedades y de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Son las cooperativas de trabajo asociado, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, del mar y las de consumidores y usuarios.

 

¿Qué es una cooperativa? ¿Cuántas clases hay?

 

El concepto de cooperativa lo establece el artículo 2 de la norma, incluyendo en la definición los rasgos esenciales que delimitan sus peculiaridades, como una mención al carácter voluntario de la constitución y unión a la Cooperativa, así como la posibilidad de que sean socios de la cooperativa tanto personas físicas como jurídicas.

 

Dice que es cooperativa la agrupación voluntaria de personas físicas y, en las condiciones de la ley, jurídicas, al servicio de sus personas socias, mediante la explotación de una empresa colectiva sobre la base de la ayuda mutua, la creación de un patrimonio común y la atribución de los resultados de la actividad cooperativizada a los socios y socias en función de su participación en dicha actividad. Además, define actividad cooperativizada como la constituida por el conjunto de las prestaciones y servicios que, sin mediar ánimo de lucro, realiza la cooperativa con las personas socias, en cumplimiento del fin de la cooperativa. 

 

Los artículos 85 a 99 se refieren a las distintas clases de cooperativas: por su base social podrán ser de primero o de segundo grado (que son las integradas por cooperativas y otras personas jurídicas para desarrollar una actividad económica de modo cooperativizado en favor de todos los integrantes), por su estructura socio-económica podrán ser de producción (cuyo objetivo es aumentar la renta de sus socios) o de consumo (cuyo objetivo es obtener ahorros en las rentas de sus miembros) y finalmente también se debe distinguir según  la clase de actividad que constituya su objeto social.

 

Los valores y principios cooperativos

 

Este concepto especial deriva de las peculiaridades que le atribuyen los valores y principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional, que son asumidos expresamente en el artículo 3 por la normativa valenciana. 

 

Por una parte, entre los valores cooperativos que se reconocen son los de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, siendo su misión la informar la totalidad de las actuaciones en materia cooperativa. Los principios cooperativos tienen una eficacia distinta, pues suele entenderse que son a la vez complemento de la ley y principios generales con criterio interpretativo.

 

El primer principio cooperativo es el de adhesión voluntaria y abierta. Este principio suele ser denominado de puerta abierta, y permite la libre adhesión de cualquier persona a la cooperativa, de modo que podrá pasar a formar parte de ella quien reúna los requisitos de ingreso a ella y esté interesada, salvo que lo impida una causa justa derivada de la actividad u objeto social de la cooperativa.

 

También supone que nadie pueda ser obligado a formar parte ni a permanecer en la cooperativa, por lo que todo socio puede causar baja voluntaria en cualquier momento, salvo que los estatutos establezcan que la baja no se produzca sin justa causa hasta que finalice el ejercicio económico en curso o se cumpla el plazo mínimo de permanencia obligatoria determinado estatutariamente, que no podrá exceder de cinco años. Además de la baja voluntaria, existen supuestos de baja obligatoria y de expulsión.

 

El segundo principio cooperativo es el de gestión democrática por parte de los socios, tanto en la formación de la voluntad social como en la exposición de los derechos del socio, que está ligado con el cuarto principio, que es el de autonomía e independencia: los órganos cooperativos pueden tomar, dentro del ámbito de sus competencias, los acuerdos oportunos para el desarrollo de la actuación cooperativa, tanto en un aspecto intracooperativo (permitiendo que sean los socios quienes efectivamente tomen las decisiones sociales), intercooperativo (garantizando la independencia de la cooperativa frente a las entidades federativas o cooperativas de segundo o ulterior grado) y extracooperativo (garantizando que ninguna organización puede alterar o condicionar la autonomía de gobierno de las cooperativas, con independencia de la ayuda financiera o administrativa que preste).

 

El tercero es la participación económica de los socios. La Cooperativa tiene un sustrato mutualista, ya que la reciprocidad de prestaciones no tiene lugar de forma directa entre los socios, sino por medio de la cooperativa. Sin embargo, siempre que sean beneficiosas para los fines cooperativos, se admiten las operaciones con terceros no socios como excepción y con limitaciones, como la de que en general su importe no supere el 50% de la realizada con las personas socias y la de integrar los beneficios en un fondo de reserva. 


El quinto principio que encontramos es el de educación, formación e información, tanto de la idea de cooperativa y sus beneficios como de formación de socios y trabajadores, el sexto el de cooperación entre cooperativas (incluyendo las cooperativas de segundo grado, los consorcios o uniones, los grupos cooperativos, las federaciones de cooperativas y la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana) y el séptimo el interés por la comunidad, al fomentar la autoorganización empresarial e trabajadores y usuarios.

 

La naturaleza jurídica de las cooperativas

 

El concepto legal de cooperativa y los principios y valores que la informan plantea dos cuestiones en atención a su naturaleza jurídica: la primera de ellas es si la cooperativa es o no una sociedad y la segunda si tiene o no carácter mercantil. Sea como fuere, lo cierto es que la normativa, tanto estatal como autonómica, tiende a configurarlas como sociedades y al menos parte de la normativa que se les aplica es mercantil, como ya reconoció la Sentencia del Tribunal Constitucional 72/1983, de 29 de julio, resolviendo en recurso de inconstitucionalidad promovido contra determinados artículos de la Ley del País Vasco 1/1982, sobre Cooperativas. Razona el Tribunal que el hecho de que se les aplique normativa mercantil no las convierte en sociedades mercantiles, pues de ser así las Comunidades Autónomas carecerían de competencia para su regulación, al ser ésta exclusiva del Estado.