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Sede electrónica en las cooperativas valencianas

02 nov. 2016
Coop tel 1

En el post anterior hemos trazado las normas y principios esenciales en materia cooperativa valenciana, que recordemos se regula en el Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana.

 

Como no podría ser de otra manera, debido a la temática fundamentalmente digital (y notarial) de este blog, no quiero dejar pasar la oportunidad de detenerme en los aspectos electrónicos y telemáticos que la lectura de dicha norma nos permite analizar y que, dicho sea de paso, está a años luz de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas de ámbito estatal, aunque se acerca en algunas cuestiones al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

 

Domicilio social y sede electrónica

 

El domicilio social y la sede electrónica de la cooperativa se regulan en el artículo 6, con una regulación bastante más extensa de la sede electrónica que la del domicilio social, del que dice simplemente que deberá establecerse en el municipio de la Comunitat Valenciana donde realice principalmente sus operaciones o donde esté centralizada la gestión administrativa. El resto del artículo 6 se centra en configurar la sede electrónica y la responsabilidad por la misma.

 

La sede electrónica y su relevancia en la vida cooperativa

 

El concepto de sede electrónica es relativamente nuevo en materia societaria, pero no en materia administrativa: la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, definió en el artículo 10 el concepto de sede electrónica como la dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Ese concepto se ha trasladado a la ya vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y ha sido utilizado en diferentes normas, como por ejemplo por la Orden TIN/1459/2010, de 28 de mayo, por la que se crea la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

 

Por tanto, sede electrónica, en relación a una persona jurídica o empresa, podría ser definida como la dirección electrónica disponible para los socios, comuneros o partícipes a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una persona jurídica o empresa.

 

La sede electrónica en materia de Cooperativas valencianas es la página web corporativa, en la que necesariamente deberán hacer constar su domicilio social y sus datos identificativos y registrales. El contenido por tanto será el que se acuerde, siendo estos datos los mínimos necesarios para identificar a la cooperativa titular de la misma.

 

En ese sentido, el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital dice que las sociedades de capital podrán tener una página web corporativa, que será obligatoria para las sociedades cotizadas.

 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la existencia de dicha sede electrónica  para las cooperativas no es obligatoria, sino potestativa en todo caso, siendo el órgano competente para su creación o supresión la asamblea general, debiendo además ser notificado a los socios en la forma estatutariamente prevista con anterioridad a la creación de la sede electrónica. Ahora bien, una vez creada, su traslado deberá acordarse por el consejo rector o por el administrador, no por la asamblea general.

 

En el mismo sentido, según el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, para las sociedades de capital la creación de la web corporativa deberá acordarse por la junta general de la pero la modificación, el traslado o la supresión será competencia del órgano de administración.

 

Tanto el acuerdo de creación o supresión como su traslado deberán ser inscritos en el Registro de Cooperativas y ser publicados en la propia página web que se ha acordado crear, suprimir o trasladar, manteniéndose la publicación durante un periodo continuado no inferior a un mes. 

 

Del mismo modo, la página web de las sociedades de capital también se inscribe, en este caso en el Registro Mercantil y se publica en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, según el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

 

La norma decididamente apuesta por centralizar, en la medida de lo posible, la vida cooperativa por medio de esta sede electrónica, que deberá ser gratuita, permitiendo que estatutariamente se configure incluso como la principal vía de comunicación entre el socio y la cooperativa. Podrá ser utilizada por ejemplo para cuestiones tan relevantes como suministrar información a los socios (aunque sin perjuicio de la notificación individual, electrónica o no, de los acuerdos que se refieran a su relación particular con la cooperativa), suplir la publicación de acuerdos en diarios de gran difusión por la publicación en la web del acuerdo, durante tres días consecutivos o convocar la asamblea general, sobre lo cual volveremos más adelante.

 

Por esta trascendencia, es lógico que la Ley también se ocupe del contenido de lo publicado en la sede electrónica y fije responsabilidad por el empleo de la misma. Dice que la cooperativa garantizará la seguridad y visibilidad de la página web, la autenticidad de los documentos publicados en esa página, así como el acceso fácil y gratuito a ella, con posibilidad de descarga e impresión de lo insertado. 

 

Además, matiza que la carga de la prueba del hecho de inserciones en la página web, así como de la fecha o periodo en que hayan tenido lugar, corresponderá a la cooperativa respecto de los documentos y al consejo rector respecto de los contenidos. Vemos aquí un doble responsable en función de que lo inserto o publicado sea simplemente contenido o un documento, sin que llegue a quedar claro a qué documentos o contenidos alcanza cada una de las denominaciones. Quizás la norma esté pensando por una parte en documentos cooperativos y por otra en el resto del contenido.

 

El derecho del socio a relacionarse electrónicamente con la cooperativa

 

Desarrolla esta idea el artículo 25, que recoge entre los derechos del socio la posibilidad de que las comunicaciones entre la cooperativa y las personas socias que no tengan previsto otro medio específico en la ley, incluida la remisión de documentos, solicitudes e información, puedan realizarse por medios electrónicos, siempre que dicho sistema hubiera sido aceptado por el socio, de forma voluntaria y expresa.

 

Como vemos, no está ligado el derecho a relacionarse electrónicamente con la cooperativa a la existencia de sede electrónica. Dicho de otro modo, es derecho del socio comunicar a la cooperativa su voluntad de relacionarse electrónicamente con ella, sin que parezca que la cooperativa pueda oponerse a dicha voluntad, ya que la propia norma no lo condiciona a un acuerdo previo asambleario, ni a un modo técnico concreto ni a la existencia de sede electrónica.

 

De hecho, de la redacción de la norma, no parece que al socio se le esté dando el derecho siempre que haya existido un previo acuerdo de la asamblea, sino de manera independiente de ésta. Parece que quien tiene en este punto capacidad de elegir es el socio, no la cooperativa, a diferencia de lo que ocurre, como luego veremos, en materia de comunicación de convocatoria de asamblea general, que sí deberá partir de una habilitación estatutaria concreta.

 

Tampoco se está determinando un medio concreto técnico, aunque lo lógico es pensar que se realizará mediante correo electrónico, pero no debería excluirse cualquier otro medio de difusión de información, ya sea mediante sms o mediante cualquier aplicación de mensajería instantánea. 

 

Esto nos plantearía, no obstante, si corresponde al socio o a la cooperativa elegir el medio, sin que encontremos norma que lo aclare, aunque bien es cierto que el artículo 34 al hablar de convocatoria por medios postales o electrónicos, a quien atribuye facultad de elegir es al socio.

 

Entiendo que no habrá problemas cuando el medio sea, digamos, común y titularidad de la sociedad (correo electrónico), pero que obligar a la cooperativa a habilitar por ejemplo un número de teléfono móvil o utilizar una aplicación de mensajería concreta para comunicarse ya no es decisión del socio, sino que debe acordarse con la cooperativa. Por eso, volviendo al artículo 34, es el correo electrónico o el postal entre lo que debe elegir el socio, aunque no podemos olvidar que se deja abierto a otras configuraciones en estatutos que, por cierto, entiendo que no podrán derogar estos dos medios, que siempre deberán ofrecerse (el correo electrónico y el postal).

 

En tercer lugar, tampoco se está relacionando este derecho con la existencia o no de sede electrónica, pues continúa el artículo 25 diciendo que la cooperativa podrá habilitar, a través de la página web corporativa, si existe, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre los socios y la cooperativa.

 

Este inciso en primer lugar se dirige a la cooperativa que haya decidido dotarse de sede electrónica, lo cual, como dijimos, no es obligatorio. Pero incluso si se ha dotado de ella, faculta, pero no obliga, a la cooperativa a habilitar este procedimiento indeterminado de contacto

 

Por establecer una comparativa, en materia de comunicaciones electrónicas, el artículo 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital, dice que las comunicaciones entre la sociedad y los socios, incluida la remisión de documentos, solicitudes e información, podrán realizarse por medios electrónicos siempre que dichas comunicaciones hubieran sido aceptadas por el socio. La sociedad habilitará, a través de la propia web corporativa, el correspondiente dispositivo de contacto con la sociedad que permita acreditar la fecha indubitada de la recepción así como el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados entre socios y sociedad.