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STJUE de 21 de diciembre sobre cláusulas suelo

02 mar. 2017
Suelo

Finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha decidido, en Sentencia de 21 de diciembre de 2016, sobre los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, que tienen por objeto peticiones de decisión prejudicial relativas a la interpretación de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE relativa a la limitación temporal de la retroactividad de las cláusulas suelo que el Tribunal Supremo español decidió en el año 2013 y ratificó en 2015. 

 

De todos es conocida la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia: la Sentencia 241/2013, de 9 de mayo de 2013 determinó el carácter abusivo y por tanto nulo de las cláusulas suelo, que son aquellas en que se establece un umbral mínimo por debajo del cual no podía situarse el tipo de interés variable, debido a la falta de transparencia derivada de la insuficiente información facilitada a los consumidores y usuarios en cuanto a sus consecuencias. 

 

El razonamiento jurídico de la Sentencia puede encontrarse aquí, pero en lo que interesa a este post, recordaremos que según el Tribunal Supremo, los contratos de préstamo hipotecario que incluían esas cláusulas podían subsistir y, además, limitó la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. Concretamente, aplicando el principio de seguridad jurídica, recuerda el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que el Tribunal Supremo “limitó la eficacia temporal de su sentencia y dispuso que ésta sólo surtiría efectos a partir de la fecha de su publicación, declarando que la nulidad de las cláusulas suelo controvertidas no afectaría a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados antes del 9 de mayo de 2013, de manera que tan sólo deberían restituirse las cantidades indebidamente pagadas, sobre la base de tales cláusulas, con posterioridad a aquella fecha”. La Sentencia del Tribunal Supremo 139/2015, de 25 de marzo de 2015 reiteró dicha doctrina.

 

Las cuestiones prejudiciales preguntan si el hecho de limitar los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula contractual, en razón de su carácter abusivo, exclusivamente al período posterior a esta declaración de nulidad resulta compatible con el artículo 6.1 de la Directiva 93/13.

 

Sobre este asunto, ya conocíamos las conclusiones del Abogado General, el Sr. Paolo Mengozzi, presentadas el 13 de julio de 2016, que fueron analizadas en este post. En ellas se sugiere que es acorde al Derecho de la Unión la decisión de declarar el carácter abusivo de las cláusulas suelo, ordenar que cese su utilización y que se eliminen de los contratos existentes y declarar su nulidad limitando, al mismo tiempo los efectos restitutorios a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido.

 

Era dudoso que el Tribunal de Justicia mantuviese dichas conclusiones del Abogado General, por lo que ha habido que esperar a la publicación de la Sentencia para conocer la decisión final que ha concluido de manera diferente al Sr. Mengozzi, y por eso realiza una interpretación del artículo 6.1 de la Directiva 93/13 distinto, con objeto de avanzar en la protección del consumidor europeo.

 

Dice el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional. Configura el Tribunal de Justicia esta norma como de orden público, imperativa y correctora de la inferioridad en que se encuentra el consumidor en relación con los profesionales, de modo que el equilibrio formal del contrato se convierta en un equilibrio real entre las partes. Para ello, es absolutamente necesario que el juez nacional pueda de oficio apreciar el carácter abusivo de una cláusula y dejarla sin efecto ni aplicación, de modo que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor. 

 

El juez nacional por tanto se sitúa como la autoridad que debe subsanar el desequilibrio entre partes mediante la aplicación de la normativa y la declaración de nulidad de la cláusula abusiva y, declarada dicha nulidad, debe entenderse que la cláusula nunca ha existido, por lo que no debe tener efectos frente al consumidor. En consecuencia, la subsanación del desequilibrio se produce por la corrección judicial desde el inicio de la relación contractual entre las partes, restituyendo “la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula”.

 

Ahora bien, admite el Tribunal que el artículo 6.1 de la Directiva también dice que serán los derechos nacionales los que deben fijar las condiciones en que esa no vinculación se producirá, por lo que de seguir este precepto en su literalidad, los consumidores podrían ver cómo una norma nacional frustra toda posibilidad de volver a la situación de hecho y de derecho que la normativa comunitaria pretende generar entre consumidor y profesional. 

 

Por eso interpreta el Tribunal de Justicia que una norma nacional que fije dichas condiciones no puede limitar un derecho sustancial del consumidor, como es el derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva. Y si no puede la normativa nacional, tampoco debe poder la autoridad que interpreta la normativa, que son los órganos judiciales en general y el Tribunal Supremo en particular. La consecuencia es que “la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013”. 

 

En consecuencia, concluye que la limitación de efectos retroactivos fijada por el Tribunal Supremo 

no debe ser aplicada por los órganos jurisdiccionales.