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Análisis del Anteproyecto sobre herencia digital en Cataluña - I

28 feb. 2017
Herencia digital 1

Hace unos meses, tuvimos noticia de un proyecto del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que parecía tener por objeto la regulación de la figura del heredero digital, lo cual generó un primer post en el que, al no disponer del texto del proyecto, simplemente analicé los pocos pero importantes aspectos que se dejaban entrever en la noticia en prensa, y en el que me planteaba qué esperar del proyecto de la Generalitat de Catalunya en materia de herencia digital.

 

Incidía en el post en primer lugar en las ideas que en mi opinión son básicas para afrontar el fenómeno sucesorio en su vertiente digital, como la transmisibilidad mortis causa de archivos digitales (aquí y aquí), el equívoco concepto de los herederos digitales, la inexistencia del testamento online y la crítica a la artificial separación entre herencia digital y analógica.

 

En segundo lugar, expresaba mi pesimista expectación sobre cómo se desarrollaría ese proyecto, ya que parecía que iba a mezclar conceptos jurídicos, como la figura del heredero y del apoderado y que se iban a relajar los requisitos de designación de heredero, legatario o albacea digital. 

 

Ahora que ya disponemos de una página web en la que consta el texto del anteproyecto y varios documentos interesantes, vamos a analizar su contenido, teniendo en cuenta que el texto se sometió a información pública, del que resultaron algunas propuestas publicadas en la web que hemos enlazado y en las que encontramos algunas pistas para interpretar algunos de los dudosos pasajes de la norma, que finalmente han desembocado en una nueva versión del anteproyecto, que es el enlazado en este mismo párrafo.

 

 

El preámbulo de la norma y la realidad social

 

 

Comienza el Preámbulo por decir algo obvio: que las personas cada vez más están presentes en redes sociales y en Internet. Todo un descubrimiento a estas alturas. Pero yerra en su primera conclusión, pues viene a decir que cuando una persona contrata un servicio online o abre una cuenta en una red social, y éste no ha determinado qué pasa al fallecer con el contenido (en los casos cada vez más infrecuentes en que esto es así), existen problemas para saber “cual ha de ser el destino de los archivos digitales”. 

 

Se equivoca en la utilización del concepto de archivo digital para centrar el ámbito de la norma, pues lo que creamos, comentamos, posteamos o tuiteamos en la red puede ser o no un archivo digital. Es más, hay archivos digitales en nuestros teléfonos móviles, en nuestros discos duros e incluso en nuestras televisiones inteligentes, y en ninguno de estos casos hay un prestador de servicios al que debamos acudir, lo que además genera situaciones contradictorias y fracciona innecesariamente la sucesión entre bienes analógicos, bienes digitales que no necesitan un prestador de servicios para su uso o consumo y bienes digitales que sí lo necesitan.

 

Eso hace que deba cuestionarse de raíz la razón básica de la norma, pues si esa es la necesidad para su adopción, el contenido del texto no aporta para ello solución alguna, ya que la transmisión mortis causa de archivos digitales no entra en el ámbito de aplicación de la norma, sino solamente la legitimación para actuar en relación a prestadores de servicios digitales, especialmente en materia de cierre de cuentas activas.

 

Precisamente ese es el siguiente error: se equivoca al decir que la legislación vigente en materia de sucesiones no da respuesta a estas cuestiones, porque de hecho sí la da: desde los romanos hay una persona o personas que, al fallecer otra, continúa la personalidad jurídica del causante en todas sus relaciones jurídicas. Se llama heredero, e implícitamente esto se refleja en el propio anteproyecto cuando dice que en caso de no existir persona designada par ejecutar las voluntades digitales le corresponde decidir al heredero o al ejecutor testamentario nombrado.

 

Cierto es que, como admite y como yo también he defendido en otros posts, hay contenido y relaciones personalísimas digitales que se extinguen al fallecer el titular, pero eso es completamente compatible con lo anterior: se extingue la relación personalísima y el continuador en la personalidad jurídica debe hacer lo necesario para formalizar el cierre de esa cuenta o servicio. Dicho de otro modo: ser heredero y poder cerrar una cuenta en una red social no implica heredar aquello que por ser personalísimo se extingue al fallecer.

 

 

¿Qué son las voluntades digitales?

 

 

Pero comencemos por saber qué son voluntades digitales. Se definen las voluntades digitales para el caso de muerte en el artículo 411-10.1 del Código Civil de Cataluña, como las disposiciones que establece una persona para que el heredero, el legatario o el ejecutor digital actúen frente a los prestadores de servicios digitales con los que el causante tenga cuentas activas. 

Por tanto, única y exclusivamente se trata de fijar un interlocutor con los prestadores de servicios para que sus cuentas vayan desapareciendo, y de hecho, establece el artículo 411-10.2 del Código Civil de Cataluña a título ejemplificativo la posibilidad de comunicar el fallecimiento al prestador de servicios, solicitar la cancelación de cuentas activas y que se apliquen las políticas fijadas para los casos de defunción de los titulares, incluso si procede solicitar que se libre una copia de los archivos digitales que se encuentren en sus servidores. Lo cual, a mi entender ya podía hacer el heredero. 

En el último texto del anteproyecto también se definen del mismo modo las voluntades digitales para el caso de apoderamiento en el artículo 222-2.2 subsanando un error del primer texto que no dejaba claro si se aplicaba para el apoderamiento el mismo concepto que para la sucesión mortis causa… pero sigue sin dejar claro si la enumeración que se encuentra en el artículo 411-10.2 del Código Civil de Cataluña es aplicable para el apoderamiento, incluido en su caso la solicitud de copia de los archivos digitales. 

De este concepto inicial extraemos que en relación al ámbito objetivo, las facultades recogidas son meramente enunciativas y puede haber más que las que se enumeran. Sin embargo vemos que el ámbito subjetivo está mucho más definido: actuar frente a prestadores de servicios. Por esa razón, cualquier facultad que se quiera encargar en dicho documento, deberá siempre ser de representación o legitimación frente a los prestadores de servicios: no prevé la norma nuevas publicaciones en las cuentas del causante, nuevos contratos online, interacción con otras personas, etc. como tampoco hay rastro del “destino de los archivos digitales” a que nos referíamos antes, más allá de, si procede, solicitar una copia de los mismos, lo cual no implica bajo ningún concepto que el apoderado o ejecutor sea el destinatario final o beneficiario de dichos archivos.

De hecho, podemos rotundamente afirmar que estas voluntades digitales no son una forma de testamento online: ni se le llama testamento en la propia norma (de hecho, se diferencia formal y conceptualmente del mismo), ni permite designar herederos o legatarios fuera del mundo digital, ni se hace (parece) online, ni afecta o debe afectar a los archivos digitales en que no interviene un prestador de servicios. No obstante, todo ello queda pendiente del desarrollo reglamentario del Registro de voluntades digitales que luego veremos, pues ahí se determinará cómo será el documento inscribible en el mismo.

Estas normas en materia sucesoria, aunque bastante limitadas en cuanto a sus efectos, no establecen novedades significativas salvo por la introducción del concepto de voluntad digital, y quedarían en una simple cuestión anecdótica si no fuera por los cambios que encontramos en la forma de documentarlas, ya que al tradicional testamento, codicilo o memoria testamentaria, se añade la posibilidad de ordenarlas en un documento (entendemos administrativo, probablemente estandarizado y sin garantías reales de identidad, capacidad o asesoramiento) que se inscriba en un Registro de voluntades digitales que se regula en la Disposición Adicional del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña, y sobre lo cual trataremos en el siguiente post.