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Actas notariales de redes sociales

09 oct. 2014
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La actividad notarial siempre ha estado rodeada de papel: los documentos se redactan y firman en papel, se conservan en tomos de protocolo, que no son más que colecciones de documentos, y se entregan a los clientes copias en lo que ahora se llama soporte papel, para distinguirlo del soporte electrónico. Del mismo modo, los clientes traen a la notaría sus documentos en papel, piden certificados y licencias en papel, entregan cheques, envían cartas, protocolizan fotografías o documentos. Todo, hasta hace poco, se entregaba en uno o varios folios, se fotocopiaba y se incorporaba a la escritura matriz.

 

Esa interdependencia del papel entre el cliente y el notario está cambiando a marchas forzadas, pero la normativa notarial parece ajena a esta nueva situación, en la que se envían pdf, se toman fotografías digitales, se reciben sms y se socializa uno más mediante whatsapp, facebook o twitter, que mediante la cerveza, la tapa  y el café. Incluso ya nos estamos planteando qué pasa con nuestra herencia digital y con nuestros perfiles en redes sociales cuando fallecemos.

 

El avanzado, pero estancado, Reglamento Notarial.

 

Sí es cierto que la última gran reforma del Reglamento Notarial, que data de 2007, intentó conjugar las actas tradicionales con las incipientes en formato electrónico. Por ejemplo, el artículo 198.2 prevé las actas para dejar constancia de un archivo informático, el artículo 216 las actas de depósito de documentos electrónicos o el artículo 261, que regula la legitimación notarial de firmas electrónicas reconocidas, atribuyéndole el mismo valor que la que efectúe el Notario respecto de documentos en soporte papel.

 

Si lo vemos con perspectiva, en esa época el Reglamento fue pionero al prever que un notario sea requerido para dejar constancia de hechos relacionado con archivos informáticos, aclarando que no sería necesaria la transcripción del contenido de éste en soporte papel, bastando con que en el acta se indique el nombre del archivo y la identificación del mismo con arreglo a las normas técnicas dictadas por el Ministerio de Justicia. 

 

Obviamente, ni esas normas técnicas han llegado, ni la Dirección General de los Registros y del Notariado ha determinado, como preveía también el artículo, los soportes en que deba realizarse el almacenamiento, y la periodicidad con la que su contenido debe ser trasladado a un soporte nuevo, tecnológicamente adecuado, que garantice en todo momento su conservación y lectura.

 

Lo que sí ha llegado es el momento en que las comunicaciones electrónicas son más comunes que las analógicas. Todo el mundo (o casi) está en redes sociales, tiene smartphone con whatsapp, line, telegram, snapchat o app similar. Y todo el mundo usa diariamente dichos medios de comunicación no sólo para organizar cenas de antiguos alumnos, sino también para comenzar y romper relaciones, debatir sobre la custodia de los niños o sobre su régimen de visitas, para confirmar relaciones jurídicas de lo más variado y para compartir información.

 

Lo digital es falseable, pero lo analógico también.

 

Diariamente leemos que se pueden falsificar los envíos en aplicaciones de mensajería, que se utilizan para fines dudosos los datos personales en redes sociales, que se crean perfiles falsos para fines ilícitos o que el 40 por ciento de los medios electrónicos presentados en juicio son manipulados, aunque esa proporción me parezca un poco excesiva. En todos esos casos, está claro que la seguridad que la Red nos proporciona no es completa.

 

Yo me pregunto: ¿no ocurre lo mismo con el soporte papel?. Por supuesto que sí: falsificaciones de dinero, de firmas, suplantaciones de personalidad, falseamiento de pruebas, alteraciones de documentos públicos, etc. Entonces ¿qué diferencia ambos supuestos? Pues que tenemos la impresión de que es más fácil alterar lo electrónico que lo no electrónico.

 

Sea como fuere, lo que es indudable es que no puede desconocerse esa situación, ni que en ocasiones van a ser esos envíos electrónicos las únicas pruebas, o al menos las principales, que judicialmente van a sustentar una demanda. Por eso, el hecho de que sean manipulables no significa que no puedan presentarse como prueba si se han respetado los derechos fundamentales de la persona al obtenerlos, cuestión que no parece plantear dudas, salvo haber sido emitidos con coacción o bajo amenazas, por ejemplo.

 

Aportada una prueba electrónica de este tipo, lo primero que debería hacerse es valorar si ha podido ser manipulada, cosa que la gente normal no puede hacer. Los peritos informáticos forenses sí, por lo que aportada por una de las partes, si la otra se negara injustificadamente a colaborar en un examen forense, por ejemplo, del términal de móvil o del servidor de correo electrónico, tendríamos una prueba de buena o mala fe. Quizás no sea determinante, pero puede ser importante si lo valoramos conjuntamente con otras pruebas.

 

La actuación del notario en actas de redes sociales.

 

Lo que sí está claro es que la actuación notarial, o la simple presentación de la prueba en juicio, no convierte en verdad lo que es falso, como comentaba mi compañero Antonio Ripoll en este post. Pero lo que también está claro es que el notario, si es requerido por una persona para constatar un envío o recepción electrónica, no debería negarse porque no corresponde a él valorar si es o no falsa y porque puede crear indefensión al requirente, lo cual no obsta a que, por supuesto, haga las oportunas advertencias al interesado. Y no cabe aquí hablar de creación de apariencia de veracidad, porque cualquier jurista medianamente decente, conoce el valor y efectos de un acta notarial.

 

No obstante, y por si acaso, es necesario aclarar que no todas las actas notariales tienen el mismo valor. Mientras que las denominadas actas de protocolización suponen que una persona entrega algo al notario para que éste lo incorpore al protocolo por motivos de conservación, orden, o cualquier otro, las denominadas actas de presencia dan fe de lo que el notario ve, oye, o percibe por sus sentidos. En este último caso el notario no se limita a constatar que se le ha entregado algo, sino que es él mismo el que dice que lo ha presenciado. La diferencia se ve claramente en actas de fotografías: Si el interesado entrega una foto que él ha tomado, el acta es de protocolización, pero si es el propio notario el que la toma, será un acta de presencia.

 

El valor del acta notarial es importante, si bien no es una prueba plena. Eso significa que no es un mero souvenir, como he leído en algún blog, por las siguientes razones:

 

Primero, porque no todas las actas notariales se formalizan para acudir a un juicio. De hecho, muchas de las que he autorizado (por ejemplo, de fotografías), precisamente han evitado que las partes acudan a juicio. Eso significa que el valor que le de el Juez, y si se admiten o no en juicio, puede ser una motivación secundaria para los requirentes.

 

Segundo, el interesado que falsea está mintiendo a un funcionario público, que es el notario, a presentar un documento falso y está manifestando que no lo es. Eso puede ser considerado un delito de falsedad documental, con reflejo en el Código Penal, además de un indicio absolutamente claro de mala fe y dolo.

 

Tercero, porque el acta notarial permite la conservación de una prueba o documento ante un caso de pérdida, destrucción o borrado accidental de datos.