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Los notarios y su carácter de órgano jurisdiccional según el TJUE

18 jul. 2017
06 STJUE - Jurisdicción

Como es conocido, este blog se basa fundamentalmente en la relación de los notarios con la tecnología. Pero como es lógico, se han tratado muchas otras materias que sin afectar al contenido tecnológico del notariado, sí afectan a éste como institución, habiendo dedicado ya algunas entradas a la jurisprudencia comunitaria en relación a la función notarial.

 

Por ejemplo, traté las diferencias entre la función notarial y judicial en la protección al consumidor cuando tuvimos noticia de las Conclusiones del Abogado General Pedro Cruz Villalón del 25 de junio de 2015, que afectaba al notariado húngaro, y cuyos razonamientos acoge la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2015 en el Asunto C-32/14

 

Una de las conclusiones es que el notario ejerce un papel preventivo en materia de cláusulas abusivas pero que la normativa nacional deben incluir además disposiciones suficientes para garantizar la tutela judicial efectiva ofreciéndose siempre la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez del contrato de que se trate, incluida la fase de ejecución forzosa.

 

Dicho de otro modo, el Tribunal admite cierta competencia notarial en materia de protección de consumidores pero reconoce que la actuación judicial es necesario que exista y que sea garantista. Hago este apunte porque es el nexo de unión entre la Sentencia que he mencionado y las que voy a comentar seguidamente.

 

Concretamente, son dos Sentencias de la misma fecha que, a la vista de su temática y su relación con lo dicho, creo que merecen un resumen y comentario, pues también se centran en la relación entre los órganos judiciales y la función notarial, esta vez en relación al papel que ejercitan los Notarios en Croacia en la expedición de mandamientos ejecutivos.

 

 

Los notarios en Croacia y su carácter de órgano jurisdiccional: asunto C484/15

 

 

El caso que genera la resolución del Asunto C484/15 es el de un abogado que presentó ante notario una solicitud de ejecución forzosa contra un cliente en relación a su factura relativa a los servicios jurídicos que habían concertado, que generó un mandamiento notarial de ejecución que adquirió firmeza al no haberse opuesto el cliente. El siguiente paso fue intentar que dicho mandamiento fuera certificado como título ejecutivo europeo, a lo que se negó el notario alegando que, debido a cómo se generaba dicho título, no recaía sobre un crédito que se considerase no impugnado. 

 

En relación a éste, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2017, en el asunto C484/15, resuelve la petición de decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

 

Concretamente, el tribunal nacional remitente pregunta si el Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, en Croacia, los notarios están comprendidos en su ámbito de actuación, y por tanto si pueden tener la consideración de órgano jurisdiccional o al menos asimilarse a éste. La Comisión Europea opina que no pero el Gobierno croata considera que sí, entendiendo que los términos «órgano jurisdiccional» y «procedimiento judicial» empleados por dicho Reglamento abarcan no sólo los órganos jurisdiccionales en sentido estricto, sino también, genéricamente, cualquier autoridad cuando ejerce una función esencialmente jurisdiccional. 

 

Por tanto, dichos asuntos no cuestionan el carácter de autoridad pública del Notariado croata en general y para todos los casos, sino únicamente su asimilación a los órganos jurisdiccionales en relación a una norma concreta, en un contexto determinado y en relación a una actuación específica, siempre teniendo en cuenta que, quizás por la fecha de su adopción, la norma interpretada no contuvo las previsiones que ahora sí contienen otras normas. 

 

Entre estas otras, menciona el propio Tribunal el Reglamento 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y, sobre todo, el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, de sucesiones mortis causa y creación de certificado sucesorio europeo, que sí precisa que el término «tribunal», a efectos de dicho Reglamento, incluirá no sólo los órganos judiciales, sino también todas las demás autoridades con competencias en esta materia que ejerzan funciones jurisdiccionales y que cumplan determinados requisitos que esa misma disposición relaciona.

 

Concluye el Tribunal que en ese caso, el notariado croata no puede estar asimilado a los órganos jurisdiccionales remitiéndose al principio de confianza mutua entre Estados miembros que genera el reconocimiento y ejecución en los demás Estados miembros de las resoluciones que se hayan certificado como títulos ejecutivos europeos en el Estado de origen, pues esa confianza exige una apreciación rigurosa de los elementos que definen el concepto de «órgano jurisdiccional» y que las resoluciones cuya ejecución se solicita hayan sido dictadas en un procedimiento judicial que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad y que respete el principio de contradicción.

 

El problema con el notariado croata no es tanto el primer concepto, sino el segundo, pues la justificación definitiva del Tribunal se basa en que el procedimiento interno no respeta el principio de contradicción pues no se notifica el escrito de incoación ni se informa al deudor acerca del crédito, lo que implica que el deudor no tenga conocimiento del crédito reclamado hasta el momento en que se le notifica el mandamiento de ejecución. Por esa misma razón, no puede tampoco calificarse el documento notarial como documento público con fuerza ejecutiva en relación al crédito no impugnado.

 

Dicho de otro modo, ni siquiera estamos hablando del carácter de autoridad pública, sino de si un procedimiento concreto es garantista o no con los derechos de la persona contra el que se ejecuta. Lógicamente, no hay posibilidad de contradicción y de oposición por parte del deudor, porque desconoce incluso que contra él se está siguiendo un procedimiento. 

 

 

La segunda Sentencia sobre el mismo tema: asunto 551/15

 

 

El mismo día, también recayó Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2017, en el asunto C551/15, en este caso relativa a una reclamación que la sociedad Pula Parking, propiedad del Ayuntamiento de Pula en Croacia y encargada de la gestión de los aparcamientos públicos de pago, realiza a un ciudadano alemán en relación al pago de un ticket de estacionamiento y que desemboca en un mandamiento notarial de ejecución basado en ciertos documento privados contables que presentó la mercantil al Notario. 

 

La diferencia con el caso anterior es que aquí sí hubo oposición formulada por el ciudadano alemán, llegando la misma a los tribunales locales, que plantearon la cuestión prejudicial sobre si los notarios en Croacia están comprendidos en el concepto de «órgano jurisdiccional», a efectos de dicho Reglamento, lo cual responde del mismo modo el Tribunal, pues el razonamiento debe ser el mismo en ambos casos, si bien enfatizando en relación a este caso, en el que sí que hubo oposición, que el hecho de que el deudor puede oponerse al mandamiento de ejecución no es suficiente para considerar garantizado el principio de contradicción, pues esta oposición únicamente puede surgir en el momento ejecutivo, cuando ya se ha dictado el mandamiento, y no antes y así evitar que se dicte.

 

 

¿Y en España, qué pasa con el monitorio notarial?

 

 

Siempre que leemos una Sentencia como esta, no podemos evitar preguntarnos... ¿y qué hay de lo mío? En este caso, en mi opinión, habría que ver si el procedimiento monitorio notarial que introdujo la Ley de la Jurisdicción Voluntaria en los artículos 70 y siguientes de la Ley Orgánica del Notariado pasaría ese mismo control o filtro jurisprudencial.

 

Para conocer en profundidad el procedimiento monitorio notarial, recomiendo la lectura de este post del Notario Francisco Mariño y de este post del también Notario Francisco Rosales. Aquí me limitaré a exponer brevemente unas reflexiones sobre lo dicho, que en mi opinión suponen que la conclusión sería distinta si procedimiento enjuiciado fuera el monitorio notarial español.

 

En primer lugar, porque el notario no se limita a estampar un texto en un documento que el interesado en cobrar le presenta, sino que con su actuación intenta primero el cobro, dando posibilidad de oposición, y genera un verdadero título ejecutivo a los efectos del artículo del artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

El deudor recibe la notificación y requerimiento de pago antes de que el documento se cierre con ejecutividad, por lo que tiene la posibilidad de contradecir u oponerse antes de que el acreedor tenga un título ejecutivo. De hecho, el notario no ejecuta, sino que crea un título ejecutivo que despúes habrá que presentar en el juzgado competente.

 

El deudor tiene veinte días hábiles para actuar, lo cual es un plazo suficiente para conocer la situación económica, asesorarse y actuar en consencuencia. Es un plazo amplio para entender cumplida la protección del deudor. 

 

Finalmente, el monitorio notarial no puede darse para reclamar deudas contra consumidores, deudas derivadas de propiedad horizontal, deudas de alimentos o deudas de administraciones públicas, sino que circunscribe su actuación en las reclamaciones entre personas físicas o jurídicas que no tengan concepto de consumidores al contratar, lo cual supone la no aplicación de la normativa sobre Condiciones Generales de la Contratación, ni la de Protección de Consumidores y Usuarios, etc. Dicho de otro modo, es posible que, según se interpreten los conceptos de consumidor (en el primer caso) y de administración pública (en el segundo) ninguno de los dos casos enjuiciados por el Tribunal.