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La RDGRN de 17 de julio de 2017 y el traslado a papel de copias electrónicas

29 ago. 2017
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Hace relativamente poco tiempo que tratamos en este blog por última vez la cuestión del traslado a papel de las copias autorizadas electrónicas remitidas entre notarios, y la verdad, parecía una cuestión relativamente pacífica… hasta la llegada de la Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha supuesto una innecesaria, errónea y rebuscada forma de mantener el Reglamento Notarial anclado en el año 2007, o antes.

 

De hecho, la falta de conflictividad real de la materia estaba tan clara, que la forma de operar ha sido abrumadoramente admitida por notarios y registradores sin problemas hasta la fecha, lo cual implicaba la innecesidad de estudiar con una gran profundidad, más allá de por un ejercicio teórico, dicha situación… hasta que llega esta Resolución y hace que tengamos que ponernos a descender al detalle de la normativa, e incluso alterar o modificar algunas de las conclusiones que dábamos por sentadas en la materia.

 

 

Resumen breve de la situación

 

 

Pero antes de comenzar con el análisis de la Resolución, quizás sea necesario sentar tres simples premisas que ya apunté en el post que enlazo al comienzo: 

 

1. El Reglamento Notarial no contiene disposición expresa ni permitiendo ni prohibiendo la posibilidad de que el traslado a papel de la copia autorizada electrónica se realice para entregarla al interesado y que este traslado pueda utilizarse para el tráfico jurídico general. 

 

2. Por tanto, es absolutamente necesario acudir a la interpretación de la normativa.

 

3. Esa interpretación nos plantea dos posibilidades: una opción es entender que el Notario únicamente puede trasladar a papel la copia en relación a otra escritura que el mismo Notario va a autorizar, de modo que la copia trasladada a papel no puede circular en el tráfico, siendo esta opción la basada principalmente en la interpretación literal de la norma. La otra opción es entender que en el momento en que se trasladaba a papel, esa copia tenía entidad propia y podía ser objeto de circulación en el tráfico sin ningún impedimento, basada en la finalidad actual de la norma hoy en día, o lo que es lo mismo: la realidad social del tiempo en que debe ser aplicada. 

 

Finalizaba el post con las reflexiones siguientes: primero, si se admite para las copias autorizadas también debería poder hacerse extensivo a otros documentos notariales, como los testimonios de legitimación de firma; y segundo, que debemos valorar si un traslado a papel es la forma en la que queremos que circulen y se cotejen las copias electrónicas de documentos notariales.

 

Pero esos dos puntos ya merecerán entradas separadas y desarrolladas en el blog, pues es indudable que sería utilísimo disponer de un sistema de remisión electrónico seguro de otros documentos notariales como los testimonios de legitimación de firma. Del mismo, también es indudable que, como ocurre en tantos otros aspectos, el Reglamento Notarial necesita una puesta al día en el modo en que circulan y se cotejan las copias autorizadas electrónicas, especialmente cuando afectan a personas o funcionarios no reconocidos como destinatarios en la normativa.

 

 

Y entonces llega la Dirección General de los Registros y del Notariado…

 

 

Como si fuera premonitorio dicho post, al poquísimo tiempo resulta publicada la mencionada Resolución de 17 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que trata precisamente este mismo asunto. 

 

Concretamente, resuelve sobre una calificación negativa basada en que el notario había utilizado, para formarse su juicio de suficiencia sobre la representación, la exhibición de un traslado a papel de una copia autorizada electrónica remitido a otro notario distinto, basada en dos cuestiones: que la reseña era incompleta, pues no se había hecho constar la finalidad de la expedición de la copia y el nombre del notario receptor de la misma, lo que imposibilitaba la calificación registral, y que un traslado a papel de una copia electrónica enviada a otro notario no tenía la consideración de copia autorizada.

 

El razonamiento de la Dirección General, que no admite el recurso y confirma la calificación, enlaza directamente con la primera de las opciones que expuse en mi post, derivada de la interpretación literal del Reglamento Notarial, si bien por un camino incorrecto, y además con cierta incoherencia entre el razonamiento principal y el final.

 

 

La interpretación literal de la norma como única salida

 

 

Comenzando, como debe ser, por el principio, siempre que hay que acudir a la interpretación de la norma, ésta debe ser acorde a lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, de modo que habrá que estar al sentido propio de las palabras en que está redactada la norma, a la relación de la norma con el contexto, a sus antecedentes históricos y legislativos y a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.

 

Llama poderosamente la atención que entre las normas que utiliza para resolver, mencione la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pero únicamente para referirse al de sobra conocido artículo 98, sin mencionar algunos importantes artículos de dicha normativa como el artículo 110 o el 113, que tienen rango jerárquico normativo de Ley y que solo en parte han sido adoptados por el Reglamento Notarial.

 

Es también llamativo que la Dirección General se centre en el Reglamento Notarial, norma importantísima pero subordinada jerárquicamente a la Ley 24/2001 y a la Ley Orgánica del Notariado, y que contiene un desarrollo incompleto de la normativa con rango de ley.

 

También llama la atención que emplee la literalidad de las normas como medio principal y exclusivo para resolver, pues la literalidad solo debe ser empleada como medio único por el intérprete cuando nos encontramos ante un supuesto de “in claris non fit interpretatio”, lo que niega la propia Dirección General en lo único que acierta de su razonamiento cuando declara que la cuestión es interpretable al decir que “la regulación legal no termina de aclarar la cuestión esencial que se plantea en este expediente…”. 

 

 

Las ¿dos? cuestiones que trata la Dirección General de los Registros y del Notariado

 

 

Dice la Dirección General que el análisis de la cuestión debe hacerse por partida doble: por un lado, el relativo a la doctrina en materia de calificación registral de la congruencia del juicio de suficiencia (dicho de otro modo: volvemos a la cuestión de la calificación de los poderes… y de ahí la referencia al artículo 98 de la Ley de 2001) y por otro a la regulación sobre las copias autorizadas electrónicas y su traslado a papel, concretamente “…si el traslado a papel de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de destino puede ser utilizada exclusivamente por este o, por el contrario, es un documento susceptible de ser utilizado en el tráfico jurídico a modo de testimonio de copia autorizada”.

 

 

Un notario distinto del receptor sí puede utilizar la copia electrónica

 

 

Comienza la Dirección General por remitirse al artículo 17 bis, números 3 a 6 de la Ley del Notariado, con un grave defecto: aunque el artículo 17 bis 3 deja claro que las copias autorizadas de las matrices podrán expedirse y remitirse electrónicamente por el notario autorizante de la matriz o por quien le sustituya legalmente, en su fundamentación la Dirección General obvia la mención al sustituto cuando dice “… las copias autorizadas electrónicas sólo pueden librarse por el notario autorizante…”. 

 

Este punto parece irrelevante, pero es importante en otros razonamientos que luego veremos, pues igual que el notario sustituto legal (entendemos que también el sucesor en el protocolo, de darse el caso) puede expedir y remitir copia, el notario sustituto legal (y del mismo modo el sucesor en el protocolo, de darse el caso) podrá también ser destinatario de una copia electrónica, ya sea ésta expedida y remitida nominativamente a aquél, o ya sea ésta remitida al notario titular, habiendo sobrevenido causa de sustitución que el remitente de la copia desconozca. 

 

Esto quiere decir que ya tenemos un primer caso, no recogido en la literalidad de la norma, en que un notario que no es quién aparece como destinatario de la misma, puede utilizarla del mismo modo que el titular al que le ha sido remitida, incluso para su traslado a papel, aunque el artículo 17 bis no lo mencione expresamente. 

 

Cualquier interpretación contraria supone desconocer no sólo la normativa de sustituciones y sucesiones en las notarías, sino también atacar frontalmente el principio de neutralidad tecnológica e incluso de interoperabilidad que debe imperar al acercarnos al derecho digital: si yo sustituyo legalmente a un compañero ¿puedo utilizar las copias autorizadas en soporte papel que le han sido remitidas por correo ordinario o que le han sido entregadas en la notaría, pero no puedo utilizar las copias autorizadas electrónicas que le han sido remitidas telemáticamente? No parece que esto tenga mucho sentido.

 

 

El valor del traslado a papel de la copia electrónica

 

 

Continúa la Dirección General diciendo que “También resulta que únicamente el traslado a papel de la copia autorizada llevado a cabo por el notario de destino tiene el valor previsto para los documentos notariales en contraposición a los traslados a papel hechos por otros funcionarios que agotan su valor y efectos en el expediente para el que han sido remitidos. En el primer caso el documento tendrá el carácter de notarial mientras que, en el segundo, el documento sólo tendrá carácter público en el ámbito del procedimiento jurisdiccional o administrativo que ampara su envío telemático”.

 

Está la Dirección General claramente diciendo que el traslado a papel que hace el notario de destino (con la salvedad vista en el punto anterior), no agota su valor y efectos en el expediente para el que han sido remitidos, por lo que no cabe duda alguna de que afirma que el valor del traslado a papel no depende del expediente (en nomenclatura notarial posterior a la introducción de los “expedientes notariales”), sino que su valor se mantiene con independencia y más allá del mismo, y de ahí la diferencia con el traslado a papel que hacen otros funcionarios.

 

¿Y cuál es ese valor que no agota? Pues indudablemente el que dice el artículo 17 bis 4: ser una verdadera copia autorizada, pues el traslado a papel permite conservar “la autenticidad y garantía notarial”, siendo la autenticidad la que se deriva del hecho de ser auténtico el documento del que deriva el traslado, y que permite de manera indudable que se cumpla con el artículo 98 de la Ley 24/2001, ya que éste pide que “en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderados, el Notario autorizante insertará una reseña identificativa del documento autentico que se le haya aportado para acreditar la representación alegada (…) la reseña por el Notario de los datos identificativos del documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de la representación acreditada, bajo responsabilidad del Notario”. 

 

Como vemos, en ambos casos el artículo 98 habla de documentos auténticos, y el traslado a papel permite conservar esa autenticidad por disposición legal, de manera expresa y clara. Recordemos además, que el traslado permite conservar la autenticidad del documento público que ha quedado reproducido fielmente en la copia, por lo que la reseña incluso no es del traslado, sino del propio documento público cuya copia autorizada ha sido trasladada a papel. Y es que las facultades del apoderado no se derivan del traslado, sino del documento que contiene el apoderamiento.

 

De nuevo, hay que apelar al principio de neutralidad tecnológica, tanto en materia de forma como de valor, porque también el mismo artículo 17 bis 1 lo dice claramente y sin resquicio a la interpretación: “los instrumentos públicos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, no perderán dicho carácter por el sólo hecho de estar redactados en soporte electrónico …”, siendo esos instrumentos públicos según el artículo 17 las escrituras matrices, las pólizas, las actas, los testimonios, legitimaciones y legalizaciones… y las copias. Por eso no parece admisible que la Dirección General diga que ”así resulta de la propia legislación notarial que reserva el carácter de copia autorizada exclusivamente a las expedidas por el notario autorizante ya sea en papel o en formato electrónico”.

  

Así resulta indudablemente también del artículo 17 bis 5, cuando dice que "las copias electrónicas se entenderán siempre expedidas por el notario autorizante del documento matriz y no perderán su carácter, valor y efectos por el hecho de que su traslado a papel lo realice el notario al que se le hubiese enviado, el cual signará, firmará y rubricará el documento haciendo constar su carácter y procedencia". Lógicamente, el valor y efectos que no pierden es el de copia autorizada expedida por el notario autorizante, que es de lo que se ocupa el párrafo citado. En ningún momento y desde ningún punto de vista legal, traspasar a papel una copia autorizada supone mutar el valor de copia autorizada a testimonio.

 

Pero la clave real de la Resolución es otra, ya que es la consideración por la Dirección General del traslado a papel como un testimonio de una copia autorizada, admitiendo esta afirmación al decir que “este traslado a papel (…) no es una copia autorizada y, en consecuencia, no está destinado a servir de título en el tráfico jurídico sino a otras finalidades como puede ser la de guardar memoria de la existencia de la matriz”.

 

Desconozco qué lleva a la Dirección General a afirmar tan categóricamente que el traslado a papel, por el hecho de ser tal, no puede circular en el tráfico, sobre lo que luego volveré, pero me desconcierta todavía más porqué configura como finalidad del traslado la de guardar memoria de una matriz, ya que la única memoria de una matriz es la propia matriz, custodiada por el notario autorizante o su sucesor en el protocolo. Por otro lado, existe una comunicación electrónica accesible en todo momento que hace innecesaria que esa memoria se guarde manera analógica en papel y además la propia normativa ve el traslado como voluntario y optativo para el notario de destino.

 

De considerar esta idea como correcta, lógicamente no cabe hablar de que un testimonio de copia autorizada, sea electrónica o en papel, sirva de base a cualquier notario para formar el juicio de suficiencia de la representación, pues está claro y es indiscutible que un testimonio por exhibición de una copia autorizada no es ni tiene el valor ni efectos del documento que reproduce, aunque éste sea una copia autorizada.

 

De hecho, la Dirección General reitera en varias ocasiones que la base de su decisión es que dicho traslado a papel no es copia autorizada, centrándose en ese concepto para denegar su validez cuando por ejemplo dice que “dicho traslado a papel carece de la condición de copia autorizada y, en consecuencia, y de conformidad con la continua doctrina al respecto de esta Dirección General de los Registros y del Notariado no puede servir de base al juicio notarial de suficiencia”, lo que lleva de manera directa a negar la mayor y decir que “no puede entenderse cumplimentado el inciso inicial del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, porque la reseña no se ha llevado a cabo en base a la exhibición de una copia autorizada”.

 

Esto es lo que yo creo que no es correcto, pues si se considera directamente y a todos los efectos que el traslado a papel es un testimonio de la copia autorizada electrónica, lo sería tanto para el notario receptor de ésta como para otros notarios, y llegaríamos a la ilógica conclusión de que el Reglamento Notarial permite al notario receptor de copia autorizada quebrar dicho principio y juzgar la suficiencia en base a un testimonio que él mismo expide de una copia electrónica que le es remitida, siempre que emplee el traslado a papel y no cuando se basa directamente en la copia electrónica. 

 

Creo que ni eso es lo que quiere el Reglamento Notarial ni se ampara dicho razonamiento en una lectura literal ni teleológica del mismo, pues el juicio de suficiencia el notario lo hace directamente en relación al contenido de la matriz plasmada en la copia autorizada que él mismo ha recibido, con independencia del modo en que proceda dentro de los previstos por el artículo 224 del Reglamento Notarial. Luego es la escritura pública, que conoce por medio de la copia autorizada recibida la que utiliza el notario para formarse el convencimiento de la suficiencia, y no el traslado, o lo que es lo mismo, el traslado a papel, por tanto, es anecdótico en relación a la suficiencia de las facultades.

 

 

¿Pero es el traslado a papel un testimonio o no lo es?

 

 

Pues como poco, es discutible. Si fuera un testimonio, lo sería por exhibición, y estaría incluido dentro del artículo 251 del Reglamento Notarial, no dándose ninguna de las circunstancias del mismo, pues: primero, dicho documento no le es exhibido al notario, sino que éste lo recibe mediante un procedimiento telemático reglamentario; segundo, no el es exhibido por el particular, sino que es remitido por el propio notario autorizante del documento; tercero, es dudoso que sea un “documento original” y por supuesto no es un supuesto de dar fe de la coincidencia de soporte gráfico; y cuarto, ni el interesado ni el notario remitente quieren bajo ningún concepto que el efecto que produzca sea el de un testimonio sino el que marca la Ley, que es el de copia autorizada, por lo que sí implica el juicio del notario sobre la autenticidad o autoría del documento. Esto es aplicable incluso en caso de que se exhiba un traslado en papel, pues como dijimos, el valor del traslado a papel es exactamente el mismo que el del documento auténtico trasladado a papel.

 

De hecho, y pese a la dicción del artículo 253, el artículo 224.4 y el 264 del Reglamento al regular la sección primera del libro indicador, excluyen de su contenido propio expresamente el traslado a papel de una copia electrónica haya quedado incorporado a una escritura o acta matriz, debiendo indicar únicamente la fecha de traslado y la identidad del notario que expide la copia autorizada electrónica. En ninguno de esos artículos se configura el traslado a papel de manera clara como un testimonio, y sus prescripciones sólo tienen por objeto dejar una constancia, mayor o menor, en el libro indicador, respecto de una actuación reglamentaria que hace potestativamente el notario.

 

Por tanto, si el propio Reglamento Notarial no incluye expresamente en el concepto de testimonio los traslados a papel de copias electrónicas es porque tienen un estatus diferente de un mero testimonio y una regulación propia, clara, concisa y técnica, incluso desde el punto de vista arancelario y de responsabilidad. Dicho de otro modo: lo que es copia autorizada es la copia electrónica en sí misma, y su traslado a papel solo es una de las formas de empleo de ésta. 

 

Pero es que tampoco la Ley 24/2001 los configura como testimonios. El artículo 113.1 dice que “los notarios podrán testimoniar en soporte papel, bajo su fe, las comunicaciones o notificaciones electrónicas recibidas o efectuadas, conforme a la legislación notarial…” dejando claro que ese concepto en cuestión solo se aplica a las comunicaciones y notificaciones, y no al resto de los actos o documentos objetivamente incluidos en el artículo 110.1 que separa expresamente los documentos públicos notariales (como las copias autorizadas) de las  comunicaciones (como los oficios notariales). 

 

Por tanto, sin duda alguna, los traslados a papel ni son ni tienen el valor y efectos de un testimonio, sino de una verdadera copia autorizada, con todas las cautelas, garantías y seguridad jurídica que éstas brindan al tráfico jurídico.

 

 

La finalidad y el destinatario son la clave

 

 

Lo dicho hasta ahora creo que ya es suficiente para defender que la Resolución parte de una idea equivocada, y le hace llegar, por tanto, a una conclusión errónea, que reitera cuando trata la cuestión de la finalidad y del destinatario.

 

Dice el artículo 17 bis de la Ley (recordemos, norma con rango legal) que “las copias electrónicas sólo serán válidas para la concreta finalidad para la que fueron solicitadas, lo que deberá hacerse constar expresamente en cada copia indicando dicha finalidad”, pero el Reglamento Notarial dice que “en la expedición de las copias autorizadas electrónicas se hará constar expresamente la finalidad para la que se expide, siendo sólo válidas para dicha finalidad, y su destinatario, debiendo dejarse constancia de estas circunstancias por nota en la matriz”.

Aquí vemos dos datos importantes: primero, que la Ley no menciona expresamente la necesidad de hacer constar en la copia la identidad del notario destinatario (sino por nota en la matriz), únicamente dice en el artículo 17 bis 3 que “…sólo podrán expedirse para su remisión a otro notario…”; segundo, y mucho más importante, que el hecho de la restricción de valor de la copia, de producirse, únicamente lo es respecto de la finalidad y nunca respecto del destinatario. 

 

Como vemos, la normativa, tanto legal como reglamentaria, atribuye exclusivamente la consecuencia de la validez a la expresión y congruencia con la finalidad, pero no atribuye dicha consecuencia a la expresión del destinatario, por lo que mientras la finalidad sea la correcta, el notario destinatario, ya sea de la copia electrónica o del traslado a papel, podrá basar el juicio de suficiencia en el documento recibido.

 

Por ello, no es aceptable que la Dirección General diga que “…resulta con absoluta claridad que la copia autorizada electrónica no sólo está limitada, en cuanto a su utilización, por la finalidad para la que ha sido expedida por el notario autorizante y remitente sino que, además, sólo puede ser utilizada de forma válida por el notario a quien se remite, la traslade o no a papel”. De hecho, lo que resulta con absoluta claridad es lo contrario: la limitación, cualquiera que sea ésta, únicamente se puede predicar, en su caso, respecto de la “finalidad” y no respecto del destinatario. 

 

Por supuesto, tampoco es aceptable que afirme la Dirección General que “esta afirmación es plenamente coherente con la previsión del artículo 17 bis de la Ley del Notariado que al establecer que solo el notario autorizante puede remitir la copia autorizada electrónica está prohibiendo su remisión por otro notario u otra persona y, en consecuencia, su circulación en el tráfico jurídico como documento notarial”, pues como vimos, y trayendo ahora a colación esa importante reflexión que hacíamos al principio, no solo el notario autorizante puede remitir la copia, sino que el silogismo entre esa afirmación y que la circulación al tráfico está restringida carece de todo nexo, causa o explicación: se está atribuyendo una consecuencia carente de fundamentación a un supuesto de hecho que, de por sí, es erróneo. Dicho de otra manera, si ese razonamiento fuera un negocio jurídico, quizás carecería de causa, y si fuera una resolución judicial, quizás careciera de congruencia.

 

Volviendo al post de origen, se razonaba que era necesario distinguir entre el documento matriz que recoge el consentimiento del poderdante y el uso que del poder haga el apoderado, de modo que la distinción clásica entre poder y mandato deba tenerse siempre presente. Esa y no otra es en mi opinión la razón de que la finalidad de la copia sea clave en este punto, pero es que por finalidad de la expedición de la copia no podemos entender la expresión del negocio jurídico concreto, pues eso podría llegar a anular de facto las facultades de un apoderado en función de que la forma de la copia sea electrónica o analógica. 

 

Pensemos en un poder general que incluye la previsión de incapacidad del poderdante, del que únicamente se ha expedido una copia electrónica, a un notario concreto, con objeto de ejercitar las facultades contenidas en el mismo. Pensemos qué ocurre si no se ha expedido copia en soporte físico y el poderdante deviene incapaz, como él mismo previó, con negocios pendientes. Llegamos al absurdo de que para cada ejercicio del poder el poderdante debe comparecer físicamente en la notaria y solicitar (y pagar) una expedición de copia electrónica nueva, por lo que si no está capaz, aunque el poder subsista, éste deviene de facto inoperable por el apoderado.

 

Por tanto, como conclusión: la clave de la validez del traslado a papel para el ejercicio de las facultades conferidas dependerá exclusivamente de la congruencia de la finalidad, no del destinatario, pudiendo y debiendo entender ésta en sentido amplio.

 

 

Conclusión para la Dirección General: no valen porque no valen

 


Esta afirmación es la única que podemos extraer del final de la Resolución, cuando dice que “no es preciso entrar en la cuestión de si el traslado de copia autorizada a papel es un auténtico testimonio notarial o en la cuestión de si el traslado a papel de una copia autorizada electrónica puede servir de base a la emisión del juicio de suficiencia. Téngase en cuenta que el rechazo no viene determinado por el carácter de testimonio del documento exhibido al notario autorizante (cuestión que en su día dio lugar a una asentada doctrina de esta Dirección General, vid. Resoluciones 15 de febrero de 1982, 19 de noviembre de 1985, 13 de julio de 1999 y 21 de septiembre de 2001), sino por la limitación de efectos que a las copias autorizadas electrónicas y a su traslado a papel prodigan los artículos 17 bis de la Ley del Notariado y 224.4 de su Reglamento, limitación que viene determinada tanto por la finalidad que se haya hecho constar en la misma como por la persona del notario destinatario”.

 

Dicho de otro modo: dice que no entra en si el traslado es testimonio o no (pese a dedicar gran parte de a resolución a eso) ni tampoco en si sirve como base para el artículo 98 (pese a meterse en ese tema en varias ocasiones), sino que lo verdaderamente importante es la limitación de efectos (que no sabemos cuáles son ni por qué se aplican) de los traslados a papel determinados por la finalidad y el destinatario (cuestiones sobre las que entra, comparativamente en relación al resto de cuestiones, en muchísima menor medida).

 

 

Conclusión para mi: la cosa sigue sin estar clara

 

 

La conclusión más clara para mí es que la Resolución de la Dirección General comentada hace aguas en casi todos sus razonamientos, y no se mete a analizar lo realmente importante y definitorio que es la razón y alcance de la limitación fijada por la Ley y por el Reglamento en relación a la finalidad, que es donde debería haberse metido.

 

Quizás en mi anterior post yo tendía más a defender la posición literal en relación a esta cuestión, pero como dije, más como un ejercicio teórico que como una profunda reflexión sobre el tema, pues sigo teniendo dudas en relación al alcance de los efectos y forma de hacer constar e interpretar la finalidad de la copia expedida y remitida electrónicamente. 

 

Pero lo cierto es que la realidad social manda, y es ilógico pedirle a un poderdante que otorga un poder general que venga tantas veces a la notaria, y se expidan tantas copias como ejercicios concretos del poder. Aunque ya he dado un ejemplo, me atrevo a dar otro: un poder especial para renovar créditos anuales del poderdante: ¿vamos a exigir cada anualidad que el poderdante acuda a la notaría y pida la expedición de una copia electrónica? Le resultaría más barato, rápido y sencillo ir a firmar la renovación de la póliza.

 

Como no podía ser de otra forma, y como ya se concluyó en post enlazado al principio, debemos plantearnos si, diez años más tarde de la reforma del Reglamento Notarial, no sería hora de comenzar a pensar en una reforma del régimen de la copia electrónica y de su circulación, incluyendo otros destinatarios, otras formas de cotejo seguro de la copia electrónica (¿alguien dijo blockchain?) y la eliminación del concepto de “traslado a papel” de una copia electrónica.