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Ponencia del 4º Congreso de los Notarios de Europa: confianza electrónica

21 nov. 2017
PonenciaSantiago

El pasado octubre de 2017 se celebró, como imagino que todos sabéis, el 4º Congreso de los Notarios de la Unión Europea en Santiago de Compostela, en el que tuve el honor de intervenir activamente tanto en la preparación de contenidos como en la ponencia de uno de sus temas, la confianza electrónica.

 

Aunque es cierto que es una cuestión de la que ya he hablado, entre otros posts en este que me publicaron mis amigos de NotaríAbierta, lo cierto es que la ponencia, en sí misma, no había sido todavía publicada. Aunque escueta, debido a que quedó limitado el tiempo de exposición a unos siete minutos, resume los puntos sobre los que se articuló el debate posterior en esta materia. Sin más, os dejo con ella:

 

 

 

 

 

No es nuevo el compromiso de los notarios con las nuevas tecnologías: siempre hemos estado a la vanguardia y abiertos a la adopción de nuevos medios técnicos para prestar la función notarial de manera más eficiente, lo cual es importante porque estamos, con toda seguridad, ante un cambio de escenario económico y jurídico basado en la digitalización, y los notarios debemos estar presentes activamente en ese cambio, planteándonos nuestro rol en la economía digital y valorando cómo podemos adaptarnos para generar confianza en el mundo digital.

 

Y es que la digitalización, que a todo afecta, también lo hace al propio concepto de confianza, concretamente con el desarrollo del concepto de confianza electrónica, como aquella que basa su fiabilidad, no en un sujeto, sino en hechos objetivos y matemáticos, como los algoritmos o la encriptación, siendo quizás la identificación y la firma electrónica sus manifestaciones más conocidas.

 

En la Unión Europea ya tenemos regulación de la confianza electrónica en el Reglamento 910/2014 (eIDAS) bajo la denominación de servicios de confianza. Esta norma de momento respeta el papel de los notarios, pero seguro surgirá en un futuro próximo debate sobre si su validez y efectos jurídicos deben ser al menos iguales, cuando no superiores, al documento público.

 

Como hemos ducho, en ella no hay sujeto en que recaiga la confianza, y esto es clave: primero, porque supone un peligroso acercamiento al sistema anglosajón de seguridad jurídica, que ya penetra conceptualmente con términos como la “notarización digital de contenidos”; y segundo porque es innegable que si un algoritmo está mal programado, si un dato es erróneo, o si no se procesa correctamente, el resultado será inexacto, lo cual es grave cuando de esa resolución depende un resultado económico, como la concesión o no un préstamo, o jurídico, por ejemplo cuando se está ejecutando un smart contract o se automatizan retornos económicos en el crowdfunding.

 

Ahí es donde entra la importancia de contar con un “alguien” jurista en el procesado de esos datos. Dicho de otro modo, lo que hace el notario en el mundo analógico aplicado al mundo digital, siendo posible arbitrar un sistema de compatibilidad entre los dos tipos de confianza, analógica y digital, como ya ocurrió con la exitosa introducción  en la función notarial de la firma electrónica, que indudablemente la ha potenciado y mejorado.

 

Siendo la confianza electrónica en general ya un reto, debemos ir más allá y hablar de una de sus subespecies más mediáticas: la confianza electrónica distribuida, que pretende suplir esa falta de elemento subjetivo habilitando a los propios usuarios del sistema como colectividad generadora de confianza. Concretamente, hablamos de blockchain, que puede ser gráficamente definido como una cadena que comienza con un primer bloque, que está conectado con el siguiente bloque, y así sucesivamente de modo permanente e ininterrumpido y sin posibilidad de vacíos o saltos entre bloques.

 

En su origen esos bloques y su cadena nacieron para registrar las transacciones sobre Bitcoin, pero a alguien se le ocurrió colorearlos o marcarlos, de modo que pudieran servir para añadir una referencia a un archivo y asegurar que existía en una fecha determinada y que si la mayoría de participantes decían que no había sido modificado desde entonces, es que no lo había sido. La famosa regla del 51 por ciento.

 

Debemos tener claro es que si quien registra en blockchain no es funcionario público y lo que se registra es un documento privado, su naturaleza y efectos seguirán siendo los de un documento privado, al menos mientras la normativa mantenga los efectos potenciados del documento público. No habrá asesoramiento, juicio de capacidad, protección de la parte débil y dicho acto será opaco a la Administración a todos los efectos, como los fiscales o de prevención de blanqueo de capitales. 

 

Ahora bien, no debemos olvidar que tanto los documentos privados tienen su valor jurídico, como también el hash que registra la transacción de blockchain, que podría incardinarse en el de los sellos de tiempo no cualificados del artículo 41 del Reglamento eIDAS, como dice nuestro compañero Javier González Granado.

 

Por tanto, si queda claro que, con la normativa actual no vamos a ser sustituidos por la cadena de bloques, al menos en relación al notariado de tipo latino, por lo que la siguiente pregunta es si los notarios podemos utilizar esa tecnología para mejorar nuestro trabajo. 

 

En mi opinión, es posteriormente a la actuación notarial donde más efectos puede desplegar, y siempre utilizando una cadena de bloques que sea privada y cerrada, controlada por el notariado, en la que no quepa aplicación de esa regla del 51 por ciento: podría ser interesante para el registro de documentos digitales que sean depositados ante notario, para dar garantías de inalterabilidad a la circulación de las copias electrónicas o para participar en la programación de contratos inteligentes notariales.

 

En consecuencia, de momento podemos estar tranquilos aunque debamos estar vigilantes y observar la evolución de blockchain y de todos los nuevos objetos jurídicos que de ella se derivan, como las criptomonedas, los criptotokens o tokenización de activos del mundo real o las implicaciones económicas del fenómeno de las ICO.

 

Pues ya desde la Unión Europea, entre otras iniciativas relativas a blockchain y a las criptomonedas, se mencionaba en 2015 su potencial en la estrategia sobre Mercado Único Digital y este mismo año en el informe del Parlamento Europeo con el sugerente título de “Cómo blockchain puede cambiar nuestras vidas”, en el que analizaba el positivo impacto de blockchain en figuras como el préstamo, los seguros, la automatización de la herencia y el papel de abogados, notarios o registradores.

 

Por tanto, debemos prepararnos para mantener nuestro sitio en la confianza analógica, a la vez que adoptamos medios técnicos nuevo para ayudarnos como profesionales que nos permitan además, extender esa confianza al mundo digital.