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Bitcoin como medio de pago en la compra de bienes

19 dic. 2017
BitcoinInmuebles

Una de las cuestiones que más dudas generan al hablar de bitcoin es la de si puede ser o no medio de pago en la compraventa de un inmueble. En el presente post voy a tratar de dar mi opinión sobre el asunto, dejando claro ab initio que es una opinión puramente personal y teórica, partiendo de conceptos clásicos de derecho civil desde la óptica y problemática notarial que puede plantear. 

Puedo avanzar que, en mi opinión, si bien es jurídicamente posible, existen ciertos inconvenientes que permiten aconsejar a quien quiera realizar el pago de un bien en bitcoin que espere a que el escenario legislativo civil y fiscal esté consolidado, para evitar posibles sorpresas negativas. 

Para comenzar a abordar el tema, como he comentado, debemos partir de conceptos civiles clásicos, como la teoría general de las obligaciones.

 


El pago en la teoría general de las obligaciones

 

Todo acuerdo entre dos o más personas por el cual una de ellas (deudor) se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa a favor de otra (acreedor), se denomina obligación, siendo el contrato la fuente natural de las obligaciones. El acreedor puede exigir del deudor el cumplimiento de dicha obligación, lo cual generalmente se realizará por la vía del pago, pues el artículo 1156 del Código Civil dice que “las obligaciones se extinguen, (…) por el pago o cumplimiento”.

 

Como vemos, el Código Civil equipara el cumplimiento de la obligación al pago, por lo que podemos concluir que la forma en la que el deudor cumple con lo acordado puede realizarse de manera indistinta mediante lo que se denomina cumplimiento o lo que se denomina pago. Esto nos lleva a preguntarnos si ambos conceptos son exactamente lo mismo y debemos entenderlos como sinónimos, siendo la respuesta positiva. Esto resulta ratificado, entre otros, por el artículo 1157 cuando dice que “no se entenderá pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”.

 

No obstante, es cierto que generalmente la palabra “pago” suele emplearse para aquellas obligaciones que deben ser cumplidas mediante la entrega de una cantidad de dinero, las denominadas obligaciones pecuniarias o deudas de dinero que regula el artículo 1170 en su primer inciso al decir que “el pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en España”.  Debe entenderse dicho inciso en el sentido de que la especie pactada debe ser una especie de dinero. Pero como hemos visto, el Código Civil permite que el pago se realice mediante el cumplimiento de una obligación de entregar una cosa, como admite el artículo 1160, por ejemplo, mediante la entrega de bienes o derechos.

 

En este sentido, si una persona quiere transmitir un bien a otra, puede acordar que el pago se realice con la entrega de otro bien, con la obligación de hacer alguna cosa en favor del transmitente o de un tercero, con el pago de una cantidad de dinero o de cualquier otro modo que satisfaga a ambas partes. Cualquiera de los medios por los que se realice el cumplimiento de la obligación será considerado medio de pago.

 

Dicho de otro modo: las partes, en atención al principio de autonomía de la voluntad fijado en el artículo 1255 del Código Civil, pueden establecer las convenciones lícitas que tengan por conveniente tanto para conformar el objeto del acuerdo como para determinar cómo se debe entender cumplida o pagada la obligación. Por tanto, como primera conclusión, debemos decir que es posible pactar entre acreedor y deudor de cualquier obligación que ésta quede extinguida mediante la entrega de bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, del mismo modo que podría pactarse, por ejemplo, la entrega de moneda extranjera como dólares o libras esterlinas.


 

El pago en el contrato de compraventa y su posible calificación como permuta

 

 

Concretamente, para el negocio jurídico de la compraventa, el artículo 1445 del Código Civil dice que “por el contrato de compra y venta uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente”. 

 

Si la contraprestación pactada como medio de pago no es dinero o signo que lo represente, entonces ya no estamos ante una compraventa, sino ante una permuta, que el artículo 1538 define como “un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra”. Incluso deslinda ambos tipos el artículo 1446 al decir que “si el precio de la venta consistiera parte en dinero y parte en otra cosa, se calificará el contrato por la intención manifiesta de los contratantes. No constando ésta, se tendrá por permuta, si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente; y por venta en el caso contrario”.

 

La permuta no tiene un régimen especial en nuestro derecho más allá de unos pocos artículos en el  Código Civil, cuyo efecto fundamental es simplemente entender que existen dos transmisiones de bienes y no una, remitiéndose a la normativa de la compraventa para el resto. Por ello, la trascendencia realmente es más fiscal que civil.

 

La conclusión conceptual en este punto es que si las criptomonedas pueden ser consideradas dinero o signo que las represente estaremos ante una compraventa, y en caso contrario ante una permuta, por lo que es esencial que quede claramente delimitada su naturaleza desde el punto de vista civil y que analicemos consecuentemente qué régimen le es de aplicación. Recordemos que uno de los principios del derecho fiscal es el del tratamiento de los mismos de acuerdo con su naturaleza jurídica civil. Por tanto, lo primero que debemos analizar es si son o no moneda de curso legal en nuestro país.

 

 

El concepto de dinero y de dinero electrónico

 

 

Moneda de curso legal o fíat, es la moneda y papel que cada país país designada como su moneda oficial. En España, el precio o valor únicamente podrá ser determinado acudiendo al sistema monetario oficial español. La Ley 10/1975, de 12 de marzo, sobre Regulación de la Moneda Metálica recogió las bases del sistema monetario metálico español, determinando que la acuñación de moneda es potestad exclusiva del Estado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda y que la unidad del sistema monetario español es la peseta. Posteriormente, la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro, dice en su artículo 3 que la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y como esta moneda se define en el Reglamento (CE) 974/98, del Consejo, de 3 de mayo.

 

Todo esto debe ser complementado con la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, cuyo artículo 1.2 dice que se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el artículo 2.5 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico. Añade el artículo 17 que los emisores de dinero electrónico emitirán contra recibo de fondos, dinero electrónico por su valor nominal. En consecuencia, dinero electrónico es simplemente un modo de transferir de manera íntegramente electrónica moneda de curso legal.

 

La normativa notarial es respetuosa con dicho principio general y en el artículo 177 del Reglamento Notarial dice claramente en su primer inciso que “el precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a moneda española”. Como vemos, el Reglamento Notarial es congruente con lo expuesto, y permite determinar la especie dineraria en que se hubiera pactado el pago, ya sea moneda oficial en España, en cuyo caso la propia determinación de la cantidad de ésta supondrá el cumplimiento de la norma, o moneda oficial extranjera, siempre que en este último caso exista una conversión a la anterior. En consecuencia, en éste último caso no se está queriendo decir que la moneda extranjera no pueda emplearse como medio de pago, sino todo lo contrario.

 

 

La cuestionada naturaleza jurídica de las criptomonedas

 

Por un lado, debemos analizar el concepto de moneda virtual o criptomoneda para ver si podemos ubicarla en este concepto. En este sentido, el Grupo de Acción Financiera Internacional, en su informe “Directrices para un enfoque basado en riesgo para monedas virtuales” de junio de 2015 define moneda virtual como “una representación digital de valor que puede ser comerciada de manera digital y funciona como un medio de intercambio; una unidad de cuenta y/o un depósito de valor, pero no tiene estatus de moneda de curso legal (…). No es emitida ni garantizada por cualquier jurisdicción y cumple con las funciones anteriores sólo por acuerdo dentro de la comunidad de usuarios de la moneda virtual”.  

 

Por otro lado, el Informe sobre Monedas Virtuales (2016/2007(INI)) de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo hace constar que “la Autoridad Bancaria Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos”.

 

La naturaleza jurídica de las criptomonedas es una cuestión que todavía hoy suscita debate, pues no existe una posición clara entre las distintas legislaciones internacionales, como también ocurre con su fiscalidad. Se las considera desde bienes muebles a efectos comerciales, incluso se las asimila a los títulos valores o a la moneda extranjera, o incluso se habla de ellas como divisas electrónicas o representaciones digitales de valor. Esto nos lleva a una conclusión: ni son completamente ninguna de estas cosas ni dejan de serlo.

 

Dicho de otro modo, no hay una única posición positiva acerca de su configuración legal y jurídica, ni en territorio nacional ni internacional, lo que permite estar abierto el concepto a interpretaciones. Pero si parece haber una posición común negativa, y es que parece claro que bitcoin en particular, y las criptomonedas en general no tienen, hoy por hoy, la consideración de de moneda de curso legal en España ni de dinero fíat o electrónico, puesto que en ningún caso existe un reconocimiento expreso de las mismas como tal, no están supervisadas por ninguna autoridad (aunque el Banco de España publicó una nota informativa sobre ellas en 2014) y no cuentan con el respaldo del Estado español ni de la Unión Europea.


Las criptomonedas como “signo que lo represente”

 

 

Dicho lo cual, debemos matizar que si bien las criptomonedas no son dinero (solo lo serán, al menos dinero fíat, cuando se produzca su conversión), sí son consideradas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la Dirección General de Tributos como medios de pago, y de ahí que puedan ser tratados como tal o como divisas electrónicas, lo cual implica, como dice Pablo Fernández Burgueño, que sean asimiladas a monedas extranjeras como Dólares, Yuanes o Libras.

 

Debemos plantearnos entonces que si bien no son dinero, podrían ser “signo que lo represente” y situarnos en la esfera de las obligaciones dinerarias. Es tradicional entender que  cuando el Código Civil habla de “dinero o signo que lo represente” se refiere a los documentos o títulos en virtud de los cuales podemos entregar una cantidad de dinero de manera distinta a la entrega de efectivo, por ejemplo mediante cheque, por lo que no estarían incluidas las criptomonedas en el concepto.

 

Es difícil reconducir por esta vía a la admisión directa de otros signos que, si bien tienen su contravalor en dinero, no tienen la consideración legal directa de éste dentro del territorio nacional, como las criptomonedas, ni fuera del mismo como la moneda extranjera. Pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible, porque en el terreno de las criptomonedas estamos ante una situación de indefinición jurídica.

 

Si nos atenemos estrictamente al concepto de dinero, no lo son, pero si nos atenemos a su consideración como medio de pago y a las consecuencias tributarias derivadas, sí podría serlo, pues lo cierto es que las criptomonedas no tienen otra finalidad en sí mismas, además de ser objeto de inversión, que las de servir para la adquisición de bienes o derechos o contratar la prestación de servicios. Dicho de otra manera: con una criptomoneda únicamente se pueden pagar la compra de bienes o de otras criptomonedas, pagar por el uso de servicios o conventirlas en dinero fíat o en otras criptomonedas distintas. 

 

Desde este punto de vista no sería tan descabellado pensar que las criptomonedas, con sus peculiaridades, pudieran ser directamente consideradas como signo que, de manera mediata, representa dinero, sobre todo si se llega a asimilar legalmente en España o Europa al pago mediante efectivo metálico, aunque no se le atribuya por ello la condición de dinero.

 

 

La configuración legal del negocio supondrá verlo como permuta

 

 

Por tanto, en conclusión, la entrega de criptomonedas es un medio de pago válido que no tiene la consideración de entrega de dinero o signo que lo represente, por lo que cualquier negocio jurídico en que una de las partes entregue criptomonedas a otra en contraprestación a la entrega de un bien podrá ser considerado jurídicamente permuta. 

 

Ahora bien, las consecuencias de dicha afirmación, en cuanto a la diferencia entre la permuta y la compraventa, se desarrollan en tres ámbitos: el civil (por su naturaleza jurídica y efectos entre las partes), el notarial (por la determinación documental de los medios de pago) y en el fiscal (por su tributación).

 

En el primero de ellos, realmente la consecuencia no es tan trascendente, pues una permuta no son sino dos transmisiones cruzadas en que el precio de cada una es el bien transmitido por la otra. En consecuencia, civilmente será posible pactar en un contrato de transmisión de un bien mueble o inmueble, por acuerdo expreso entre comprador y vendedor que la contraprestación se satisfaga mediante la entrega de bitcoin o de cualquier otra criptomoneda, siempre y cuando se exprese su contravalor en euros y se asuma que el pago no se está realizando directamente mediante la entrega de una cantidad de dinero, sino mediante la entrega de una “cosa” que es convertible en dinero, con las consecuencias jurídicas y económicas, sobre todo fiscales, que puede tener.  Complementariamente, una de las partes no puede imponer a la otra la entrega de éstas para extinguir una obligación si no ha mediado previamente pacto entre ellos.

 

 

Los medios de pago y las criptomonedas desde el punto de vista notarial

 

 

Llegado a este punto, hemos podido comprobar que en todo caso lo primordial es que exista un acuerdo entre las partes en relación al medio de pago que de cobertura al pago mediante bitcoin de un inmueble. Del mismo modo que cuando un inmueble se permuta por otro, en las escrituras públicas se hace constar la descripción y valor de cada uno de los bienes permutados, si se pactara satisfacer una compraventa con bitcoin, se debería determinar en la escritura claramente la forma de pago acordada por las partes. Por eso ahora debemos ocuparnos de la segunda esfera de efectos, la notarial en relación a la identificación de los medios de pago.

 

Encontraríamos aquí una posible contradicción, al menos conceptual, puesto que si el pago con criptomoneda no es considerado dinero ni signo que lo represente, en principio no deberíamos aplicarle la normativa de identificación de los medios de pago, al menos tal y como el Código Civil lo tiene configurado, según hemos visto, sino simplemente identificar la contraprestación, como en cualquier otro caso de permuta. Pero nada más lejos de la realidad: sí que hay que aplicarla y además con especial cautela y diligencia debido a la naturaleza propia de las criptomonedas.

 

La obligación de identificación medios de pago procede de la normativa de prevención de fraude fiscal y de blanqueo de capitales, en la que encontramos el el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que dice que “a los efectos de esta Ley se entenderá por medios de pago el papel moneda y la moneda metálica, nacionales o extranjeros, los cheques bancarios al portador denominados en cualquier moneda y cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador”. 

 

Hay que tener en cuenta que este artículo está incardinado dentro del epígrafe relativo a la declaración de los medios de pago en relación al movimiento, salida o entrada en territorio nacional de dichos medios de pagos, que es el ámbito en el que dicha norma se refiere, con carácter general, a ellos.

 

De la lectura de este artículo, así como de la finalidad del mismo, vemos que el concepto medio de pago, a sus efectos, es más amplio que el que maneja el Código Civil, por lo que no es contradictorio afirmar que entregar criptomoneda como “forma de pago” no es una obligación dineraria sino una obligación de dar, pero que entra de lleno en el concepto de “medio de pago” establecido en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y, por tanto, ha de ser aplicada dicha normativa de prevención de blanqueo de capitales,  el régimen del Reglamento Notarial y de la Ley Hipotecaria. En ese sentido se manifiesta también la Resolución Vinculante de la Dirección General de Tributos de 30 de marzo de 2015, el Ministerio de Hacienda español y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

Esta cuestión ya se está tratando en Europa, pues a principios de 2016 el Parlamento Europeo, si bien decidió no regular globalmente las criptomonedas hasta que no se tuviera un conocimiento más claro y general de las mismas, en 2017 hemos conocido que la Comisión Europea ha valorado incluir en la propuesta normativa sobre limitación de pagos en efectivo los pagos que se puedan realizar mediante criptomonedas pues entiende que es un medio de pago que permite al anonimato, quedando así asimiladas a los pagos en metálico. Esta postura es congruente con el artículo 34.2 visto, concretamente en “cualquier otro medio (…) concebido para ser utilizado como medio de pago al portador”.

 

Pero es que además en Europa también tienen claro que debe quedar incluido el pago mediante criptomonedas en la normativa de prevención de blanqueo de capitales, y así se hará constar en la Cuarta Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales (4AMLD), según consta en la Propuesta publicada, convirtiendo en sujetos obligados a quienes ejerzan de manera profesional y principal la actividad de cambio entre monedas virtuales y dinero, quedando excluidos los cambios exclusivamente entre monedas virtuales).

 

Es esta una de las partes más trascendentes de la cuestión, pues a nadie escapa que si bien actualmente los índices de popularidad de bitcoin han generado un conocimiento, uso e inversión elevado y público, hasta hace bien poco tiempo eran considerados exclusivamente el medio de pago idóneo de actividades de dudosa legalidad, del mismo modo que ocurre con el pago en metálico o en efectos al portador, como hemos visto. De hecho, pensemos que si son equiparadas a los pagos en metálico, entrarían de lleno en la prohibición de pagos en metálico  prevista en la Ley 7/2012 de 29 de Octubre para empresarios o profesionales que actúen en el ámbito de su actividad, como luego veremos.

 

 

Aplicación de la normativa notarial e hipotecaria acerca de los medios de pago

 

 

Visto lo delicado de la cuestión, resta reflexionar acerca de cómo se podría hacer constar dicha contraprestación para que sea considerada suficientemente identificada también a los efectos de la normativa notarial e hipotecaria. Dice el artículo 177 del Reglamento Notarial que “en las escrituras públicas relativas a actos o contratos por los que se declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan a título oneroso el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, se identificarán, cuando la contraprestación consistiera, en todo o en parte, en dinero o signo que lo represente, los medios de pago empleados por las partes, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley del Notariado, de acuerdo con las siguientes reglas:

 

1.ª Se expresarán por los comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.

 

2.ª El Notario incorporará testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se entreguen en el momento del otorgamiento de la escritura. Los comparecientes deberán, asimismo, manifestar los datos a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados con anterioridad al momento del otorgamiento, expresando además su numeración y el código de la cuenta de cargo. En caso de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, entregados con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. De todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura.

 

3.ª En caso de pago por transferencia o domiciliación, los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.”

 

Debemos tener en cuenta que la reforma de este artículo para la vigilancia notarial de los medios de pago ha tenido varias redacciones. La primera, originaria del Reglamento Notarial,  simplemente mencionaba que “el precio o valor de los derechos se determinará en efectivo, con arreglo al sistema monetario oficial de España, pudiendo también expresarse las cantidades en moneda o valores extranjeros, pero reduciéndolos simultáneamente a moneda española (…)”. 

 

Fue en la reforma operada por el Real Decreto 45/2007, de 19 de enero en la que se incluyó la obligación de identificar si el precio “se recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, cuantía, así como el medio o medios de pago empleados y el importe de cada uno de ellos”, y no fue hasta la reforma del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, ampliado por el Real Decreto 1/2010, de 8 de enero cuando se estableció la amplia exigencia actual en materia de identificación de los medios de pago.

 

Por tanto, ese artículo existía y producía efectos antes de la publicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales de 2010 y la justificación de su contenido tenía además otras causas, como la prevención del fraude fiscal. Es fundamentalmente el último párrafo, cuando dice que “Igualmente, en las escrituras citadas el Notario deberá incorporar la declaración previa del movimiento de los medios de pago aportada por los comparecientes cuando proceda presentar ésta en los términos previstos en la normativa de prevención del blanqueo de capitales” el que vincula la preexistente obligación de identificar medios de pago con la declaración de movimiento de capitales que, por otro lado, ya reconocía anteriormente la normativa de control de cambios y de inversiones extranjeras, si bien con otro ámbito de aplicación.

 

Si reconducimos el pago mediante criptomonedas al artículo 177 del Reglamento Notarial, llegaremos a la conclusión de que podemos ubicarla en el párrafo primero, entender que es un pago en efectivo, con todas las consecuencias que eso entraña, y exigir manifestación de las partes, siempre teniendo en cuenta en este caso el artículo 7 de la Ley 7/2012 de 29 de Octubre, concretamente el contenido, efectos y sanciones de la regulación de la limitación legal a los pagos en efectivo y de la obligación de conservar, en su caso, justificante durante el plazo de cinco años.

 

Y aquí es posible que tengamos uno de los grandes impedimentos para que bitcoin se generalice como medio de pago, pues si se considera a todos los efectos como efectivo, las empresas y los profesionales ven muy mermada su posibilidad de utilización en el tráfico de sus criptomonedas. En efecto, si se asimilan a pagos en efectivo operaría la restricción a estos que la Ley comentada marca, y no cabría pago en bitcoin de un contralor de más de 2.500 euros.

 

Pero también podría reconducirse al punto tercero y entender que es una suerte de transferencia, siendo entonces requisito necesario hacer constar al menos las direcciones de cargo y de abono de los implicados en la transacción, y siendo conveniente además hacer constar todas las demás características que permitan constatar la existencia y valor de la contraprestación. Esta es una opción lógica si además tenemos en cuenta que, de acuerdo con el Código Civil, debemos identificar la contraprestación de la manera más clara y delimitada posible.

 

Sea como fuere, lo cierto es que de emplearse este medio de pago, con todas las cautelas y limitaciones expuestas, todo dato, hecho o justificación que permita tener la mayor trazabilidad posible de la operación económica debería ser incorporado, haciendo costar por ejemplo datos de wallet, fecha y hora, que la transacción ha sido en su caso confirmada, el tipo de cambio en el momento de la transmisión o las direcciones de envío o recepción.

 

 

El aspecto diferenciador: las consecuencias fiscales

 

 

Que el negocio de transmisión de un inmueble a cambio de criptomonedas sea calificado de permuta es importante y fiscalmente relevante porque si bien civilmente compraventa y permuta comparten gran parte de su normativa, es indudable que en la compraventa existe una única transmisión (la del inmueble a cambio de dinero), mientras que en la permuta existen dos transmisiones (la del inmueble y la de la cosa que se entrega como contraprestación, en este caso la criptomoneda).

 

Por tanto, la transmisión del inmueble tendrá la ya conocida repercusión tributaria: el adquirente del bien tributaría por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas por el valor declarado al tipo legalmente aplicable a los bienes inmuebles, mientras que el transmitente liquidará el Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si es legalmente exigible y finalmente la deberá declarar en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas la ganancia patrimonial, de haberla. Lo dicho debe matizarse en consecuencia cuando el afectado es una sociedad, empresario o profesional sujeto a Impuesto del Valor Añadido (y en su caso Actos Jurídicos Documentados) o al Impuesto de Sociedades.

 

La transmisión de bitcoin desde el punto de vista tributario es más complicada y todavía incierta. Si lo consideráramos estrictamente cosa mueble habría que  pensar que podría exigirse al adquirente de bitcoin la liquidación de impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas por el valor declarado al tipo legalmente aplicable a los bienes muebles. 

 

Pero en relación a este impuesto, debemos recordar que tanto el Ministerio de Hacienda como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declararon oficialmente en el año 2015 que las criptomonedas tenían la consideración de efectos comerciales y por tanto medios de pago sujetos y exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido, si bien es cierto que en lo referente a las operaciones de compra y venta de bitcoin y no a las operaciones en las que se emplee bitcoin para la compra de bienes o el pago por prestación de servicios.

 

Si extendemos este criterio al uso de las monedas virtuales con arreglo a su naturaleza, éstas no deberían tributar al ser utilizadas como medios de pago y por tanto las consecuencias fiscales, al igual que las civiles y notariales vistas quedarían también difuminadas hasta hacerlas prácticamente indistinguibles de una verdadera compraventa a cambio de precio.

 

Otra cuestión, también relevante pero quizás más difícil de controlar sea que el transmitente , al pagar en bitcoin, podría tener una peligrosa repercusión en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas por la ganancia patrimonial, de haberla, teniendo en cuenta el valor por el que se adquirió el bitcoin y el valor por el que se transmite. Esto es congruente con el resto de situaciones en las que, en relación a bitcoin, se pone de manifiesto ganancia patrimonial, como por ejemplo en los cambios entre criptomonedas, y con el propio concepto de ganancia patrimonial, puesto que al utilizar el valor actual de la misma, el titular está poniendo de manifiesto una ganancia derivada de la tenencia de la criptomoneda.

 

Trasladar el momento de la tributación exclusivamente al momento de la conversión en dinero generaría situaciones injustas, puesto que en este caso el transmitente de bitcoin, que es quien ha generado y disfrutado del aumento de valor, quedaría sin tributar y, si el adquirente de bitcoin de manera inmediata los convirtiera a moneda fíat, debería tributar por una ganancia que no se ha producido en sí mismo sino en un tercero, que se ha aprovechado de ella.

  

Es por ello lógico dividir en dos el tramo gravable del aumento de valor de la criptomoneda, exactamente igual que si el titular de los bitcoin los convirtiera a dinero previamente a la compraventa y ésta se pagara no con bitcoin sino con el dinero fíat obtenido por la conversión, lo cual generaría en éste la tributación correspondiente.

 

En conclusión, comprar hoy en día un inmueble con bitcoin es una operación inusual y en cierto modo arriesgada en España, dado lo desconocido de su naturaleza y de las implicaciones de todo tipo, especialmente fiscales que puede tener, pero es indudable que las monedas virtuales, sea bitcoin o cualquier otra, se están asentando social y económicamente, y estas cuestiones van a tener que ir siendo resueltas por las instituciones nacionales y comunitarias para clarificar su situación jurídica.