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Comprobación de valores en la Comunitat Valenciana

13 mar. 2018
Comprobación de valores

Comparto esta semana con vosotros unas notas en relación a un tema recurrente en la Comunitat Valenciana: las comprobaciones de valores aplicando el artículo 57.1.b (estimación por referencias a valores oficiales). 

 

Dichas notas me han sido remitidas por Vicente Pérez Valles, economista colegiado con el número 2.070, del Ilustre Colegio de Economistas de Valencia; miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales con el número 1.841 y del Registro de Economistas Forenses con el número 184 y perito judicial. Es el titular de Asesoría y Consultoría Lesma, con 35 años de actividad profesional, con despacho en Ayora y Valencia. Podéis localizarlo para cualquier duda, aclaración o pregunta sobre el texto en el e-mail: economista@asesorialesma.com 

 

Sin más, os dejo con sus valoraciones sobre el estado actual de las comprobaciones de valores en la Comunitat Valenciana.

 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana vino a declarar, mediante sus sentencias, la nulidad de las Ordenes 23/2013, de 20 de diciembre y 4/2014, de 28 de febrero, de la Comunitat Valenciana, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2013 y 2014 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación; expulsándolas del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, anulando las comprobaciones de valores que se sometieron a los recursos contencioso-administrativos; a la vez que provocó el cambio de criterio que mantenía el Tribunal Económico Regional de la Comunidad Valenciana, en el sentido de anular las comprobaciones de valores que se sometieron a su revisión.

 

Recurridas en casación diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo en Sentencias 639/2017 y 640/2017 de seis de abril, sobre las citadas órdenes de coeficientes de 2013 y 2014, respectivamente, sostiene por un lado la validez de las órdenes y por otro, la necesidad de examinar si la orden se aplica al caso concreto.

 

A tenor de las citadas sentencias del Tribunal Supremo, el método de valoración en cuestión fue reactivado con celeridad por la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, publicando las preceptivas órdenes al objeto de valorar las transmisiones correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018, siguiendo el patrón de las órdenes correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, con simplificaciones fundamentales (seguramente con causa en la premura).

 

Habiéndose sometido las nuevas valoraciones en relación a transmisiones realizadas en el ejercicio 2016 y 2017 a revisión por el Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana, éste ha fallado estimando las reclamaciones y en consecuencia, anulando las comprobaciones de valores, al apreciar vicios de la aplicación de las órdenes a los casos concretos sometidos a su juicio; considerando el acto administrativo de comprobación de valores contrario a derecho por tres motivos: 

 

Falta de individualización, al no justificarse que el inmueble a valorar es el que resulta de sus datos catastrales y no resulta excluido de las ordenes de valoración.

 

Falta de motivación, al no acreditarse que la aplicación de los coeficientes  en el caso concreto conduce al valor real.

 

Inadecuación del procedimiento, pues los dos precitados motivos llevan a que el procedimiento utilizado resulte inadecuado para alcanzar su objeto que no puede ser más que comprobar el valor real de inmueble.  

 

Así las cosas, a tenor del criterio del Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad Valenciana, las reclamaciones que se interpongan contra las valoraciones llevadas a efecto con base en las ordenes de valoración, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2016, 2017 y 2018 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, pueden correr la misma suerte al ser estimadas, conllevando la anulación de las valoraciones.