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Primera Sentencia en España contra Google por protección de datos sensibles

16 oct. 2014
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Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, que condenó a Google y admitió el derecho al olvido en Internet, era de esperar que la jurisdicción española tardara poco en aplicar sus principios para resolver asuntos internos. Traté dicha sentencia, y una aproximación a su vertiente notarial, en este post sobre el notario y el derecho al olvido.

 

Protección de datos y derecho a indemnización.

 

Concretamente ha sido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de 17 de Julio de 2014, de la que ya se han hecho eco algunos medios de prensa. Es destacable que en ella no se trata directamente de reconocer el derecho al olvido, pues los enlaces ya habían sido eliminados por los buscadores, sino la indemnización al demandante por daños producidos al estar disponible información sensible sobre su pasado. No obstante, como es lógico, la Sentencia parte del reconocimiento de ese derecho al olvido, como muestran sus continuas referencias a la Sentencia  Europea.

 

Reconocimiento expreso del valor de las actas notariales de página web

 

Además, y lo que es más relevante para el notariado, se reconoce por la Sentencia el valor probatorio total y la fehaciencia de las actas notariales de páginas web. Todas las demandadas (Yahoo Iberia, Telefónica de España y Google Spain), pese a contar con conocimientos informáticos y acceso a los profesionales técnicos de mayor importancia en el sector, confiaron en las actas notariales para justificar que en cierto momento temporal sus respectivos buscadores no mostraban resultados sobre el demandante. Por tanto, las actas notariales de páginas web o de redes sociales, como traté recientemente en este post, no sólo son válidas y producen efectos, sino que son empleadas en juicio hasta por las más grandes empresas del sector tecnológico

 

Breve exposición de los hechos.

 

El demandante fue indultado en 1999 por un delito cometido en 1981. Con intención de hacer desaparecer la información pública relativa a dicho indulto, se dirigió en primero lugar al Boletín Oficial del Estado (BOE), que eliminó su nombre del buscador y los incluyó en una lista de exclusión (robots.txt), para notificar a las empresas con buscadores en Internet que no debían utilizar esos datos. Seguidamente reclamó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 

Por la diligencia mostrada por BOE, la demanda en la AEPD contra éste fue desestimada. No así contra Google Spain y Yahoo Iberia, que fueron ambas estimadas y condenaron a adoptar las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismoss. Además, remitió la misma solicitud y demanda a Telefonica, en relación a los buscadores Terra y Lycos. Se estimó sólo la primera, pues Lycos ya no pertenecía a Telefónica, entre otras razones.

 

Inicio del procedimiento judicial civil

 

El demandante inició procedimiento judicial civil contra Google Spain, Telefónica de España y Yahoo Iberia, solicitando en primer lugar que se ordenara retirar la información personal de las indexaciones y caches, y que, en adelante, se prohibieran y cesaran las indexaciones de dichas informaciones. En la audiencia previa del juicio, el demandante renunció a esta petición, pues ya se había retirado la información de las indexaciones y cachés. Por ello la Sentencia no entra en valorar el derecho al olvido en sí mismo, pero subyace en el resto de la misma.

 

En segundo lugar solicitó que se declarara que los demandados habían cometido una intromisión en el derecho a la intimidad personal y familiar, a la imagen y al honor del demandante, causando al actor graves daños morales y patrimoniales.

 

Primera cuestión: Caducidad de la acción de protección de esos derechos.

 

La primera cuestión del recurso es la caducidad de la acción de protección frente a intromisiones ilegítimas de la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982. La Sentencia admite que los ilícitos que se producen en Internet y en bases de datos constituyen un fenómeno relativamente nuevo que obliga a aplicar a este contexto unas normas previstas para situaciones surgidas en un marco distinto. 

 

Tomando como base la Sentencia del Tribunal Supremo número 28/2014, de 29 de enero, califica el daño como continuado o de producción sucesiva, no iniciándose el cómputo del plazo de prescripción cuando lo conoce razonablemente el interesado sino con la producción del definitivo resultado.

 

Segunda cuestión: Derechos afectados.

 

No está implicado en el caso el derecho a la propia imagen, definido por la Sentencia del Tribunal Constitucional 19/2014, de 10 de febrero como el derecho a determinar la información gráfica generada por los rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión pública.

 

En cuanto al derecho al honor, la información de que una persona fue condenada por cometer un delito puede afectar a la buena reputación de la persona y hacerle desmerecer en la consideración ajena, al ir en su descrédito o menosprecio. También admite que puede hallarse afectado el derecho fundamental a la intimidad.

 

No obstante, entiende la Sentencia que el núcleo de la controversia lo constituye la responsabilidad de las entidades demandadas por el daño causado por la infracción del derecho a la protección de datos. Dicho derecho, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, tiene un objeto más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que extiende su garantía a todos los ámbitos de la vida privada.

 

Parte la Sentencia de que los antecedentes penales son datos personales y sensibles, y no se demuestra que el demandante desempeña ningún papel en la vida pública que justifique una injerencia en sus derechos fundamentales, y ello porque no se entiende por la Sentencia que el hecho de que sea un indulto el objeto de controversia sea suficiente para fundamentar el interés público en la información. Además, esos datos concretamente tienen una protección especial conforme al artículo 7.5 de la LOPDP y el artículo 136 del Código Penal

 

Tercera cuestión: Responsabilidad de los buscadores.

 

El razonamiento de la Sentencia se basa en dos cuestione: La responsabilidad por los enlaces y de los buscadores y la normativa de protección de datos.

 

Sobre la primera, el artículo 13.1 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) establece que los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico. Concretamente, el artículo 17 regula la responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda, y detalla que no serán responsables mientras no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o, si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente.

 

En cuanto a la segunda, el derecho a la indemnización reclamada tiene su base en el artículo 19 LOPDP, que exige un incumplimiento del responsable o encargado del tratamiento de datos personales y un daño indemnizable causado por aquel incumplimiento.

 

La reclamación contra Telefónica. 

 

Se desestima, pues no se ha acreditado que se haya cometido una intromisión en los derechos fundamentales del demandante, salvo la relativa a la tardanza en la respuesta a la solicitud de cancelación que el actor solicitó en su momento, si bien no se ha probado que eso causara un daño indemnizable al demandante.

 

Para concluir lo dicho, la Sentencia se basa en que se formalizó acta notarial de página web, que acreditó que si se accede al portal Terra, en la dirección de Internet http://www.terra.es, y se introduce en la caja del texto del buscador el nombre y los apellidos del demandante no aparece ningún resultado relativo al Real Decreto de indulto.

 

La reclamación contra Yahoo Iberia.

 

También se desestima. Hay que destacar que Yahoo Iberia presentó dos actas notariales de presencia en que se acredita, y así lo da por probado la Sentencia, que si se introducen en el buscador de Yahoo los datos controvertidos, no aparecen resultados. Sí aparecen, como prueba el demandante, en otros buscadores internacionales de Yahoo, pero concluye la Sentencia que no puede imputarse a Yahoo Iberia actuaciones de terceras sociedades.

 

En cuanto a la responsabilidad del buscador, se concluye que Yahoo Iberia sí tuvo conocimiento efectivo de la posible ilicitud de la información desde que el intersado obtuvo resolución favorable de la AEPD, pero que, una vez conocido el contenido de la información, actuó con la diligencia requerida para suprimir o inutilizar el enlace. Sigue prácticamente el mismo razonamiento para justificar que no hubo incumplimiento en materia de tratamiento de datos personales.

 

La reclamación contra Google Spain.

 

Primero, Google Spain alegó falta de legitimación pasiva y mantuvo que no era Google Spain, sino la estadounidense Google Inc. quien gestionaba el motor de búsqueda de Google que indexó la página. Se desestimó porque no se exige que el tratamiento de datos personales controvertido sea efectuado por el propio establecimiento, sino que se realice en el marco de las actividades de éste.

 

Del mismo modo que para los anteriores, se fija el momento de la decisión de la AEPD que estimó la reclamación contra Google Spain y que instó a esta entidad a que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso futuro a los mismos. 

 

De nuevo, es ese el momento en el que comienza un incumplimiento de la normativa legal de protección de datos, pero eso no implica automáticamente un daño o lesión indemnizable del afectado. No obstante, ni el demandante acredita los daños patrimoniales que se le han producido (entre los que destacan el fracaso de un negocio o incapacidad laboral) ni la Sentencia aprecia relación causal entre ellas. 

 

Tampoco acredita daños morales, pero la Sentencia, aplicando la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2014 en un caso de inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LOPD, que considera indemnizable, como daño moral la afectación a la dignidad y la angustia producida por el proceso más o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados.

 

 

Visto que hay incumplimiento y que hay daño, lo importante entonces para cuantificar la indemnización es determinar cuánto tiempo pasó hasta que dichos datos se dejaron de mostrar por Google Spain, desconociéndose la fecha cierta en que eso ocurrió. Aclara la Sentencia que fue necesariamente antes del acta notarial aportada por Google en la que se constataba fehacientemente que no aparecía mostrada dicha información. Por tanto, de nuevo, la Sentencia da por plenamente válida y eficaz el acta notarial. 

 

Fija la Sentencia con esos datos la cifra de diez meses y condena a Google Spain a indemnizar con 8.000 euros al demandante.