Blog

Los Reglamentos 1103 y 1104 sobre régimen económico (I): ámbito de aplicación

15 oct. 2018
IMG_2322

En breve vamos a tener una nueva regulación europea de los efectos patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas. Tan en breve como que los nuevos Reglamentos serán plenamente aplicables a partir del 29 de enero del año próximo. Por ello, este post pretende ser una primera aproximación descriptiva de lo que nos viene a partir de esa fecha, con un previsible impacto importante en los despachos notariales.

 

Efectivamente, la cuestión se regula, de manera paralela pero separada en los Reglamentos (UE) de 24 de junio por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (2016/1103) y de efectos patrimoniales de las uniones registradas (2016/1104).

 

Los textos comparten estructura, objetivos y la práctica totalidad de su literalidad, sustituyendo como es lógico la mención en el primero a los regímenes económico matrimoniales por la relativa en el segundo a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, por lo que es procedente un estudio comparado de ambos textos.

 

El Considerando 15 dice que, para garantizar la seguridad jurídica de las parejas casadas y de las parejas no casadas en lo que respecta a su patrimonio, y ofrecerles cierta previsibilidad, es conveniente reunir en un único instrumento el conjunto de normas aplicables a los regímenes económicos matrimoniales. 

 

En relación a la entrada en vigor, dice el artículo 70 que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero que será aplicable a partir del 29 de enero de 2019, con excepción de sus artículos 63 y 64, que serán aplicables a partir del 29 de abril de 2018, y de sus artículos 65, 66 y 67, que serán aplicables a partir del 29 de julio de 2016.

 

En el presente post vamos a acercarnos a su ámbito de aplicación y a las definiciones que incluyen los Reglamentos, dejando para el segundo las cuestiones relativas a la ley aplicable y la competencia.

 

 

Ámbito de aplicación (artículos 1 y 2)

 

 

Según el artículo 1.1, el Reglamento se aplicará a a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Matiza el Considerando 18 que incluye todos los aspectos civiles de los efectos patrimoniales relacionados tanto con la administración como con la liquidación, en particular como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de sus miembros. 

 

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento las siguientes materias:

 

Artículo 1.1.2º: cuestiones fiscales, aduaneras y administrativas.

 

Artículo 1.2.a: capacidad jurídica de los sujetos

 

Artículo 1.2.b: existencia, validez y reconocimiento del matrimonio y de la unión registrada. 

 

Artículo 1.2.c: obligaciones de alimentos.

 

Artículo 1.2.d: sucesión por causa de muerte de uno de los cónyuges.

 

Artículo 1.2.e: seguridad social. 

 

Artículo 1.2.f: derecho de transmisión o ajuste entre los cónyuges, en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, de los derechos de pensión de jubilación o de invalidez devengados durante el matrimonio y que no hayan dado lugar a ingresos en forma de pensión durante este. Lo mismo para los miembros de la unión registrada en caso de disolución o anulación de la misma.

Artículo 1.2.g: naturaleza de los derechos reales sobre un bien. En este sentido, los Considerandos 25 y 26 dicen que el Reglamento debe permitir la creación o la transmisión de un derecho sobre bienes muebles o inmuebles, tal como disponga la ley aplicable, lo cual no debe afectar, sin embargo, al número limitado (numerus clausus) de derechos reales reconocidos en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros. 

 

Por ello, no se debe exigir a un Estado que reconozca un derecho real relativo a bienes ubicados en ese Estado miembro si su Derecho desconoce el derecho real de que se trate, pero se debe prever la adaptación de dicho derecho real desconocido al derecho equivalente más cercano del Derecho nacional de ese otro Estado miembro.

 

Para dar aplicación a esta cuestión, el artículo 29 regula la adaptación de los derechos reales diciendo que cuando una persona invoque un derecho real del que sea titular en virtud de la ley aplicable y la ley del Estado miembro en el que se invoque el derecho no conozca el derecho real en cuestión, ese derecho deberá, en caso necesario y en la medida de lo posible, adaptarse al derecho equivalente más cercano del Derecho de ese Estado, teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el derecho real específico y los efectos asociados al mismo.

 

Artículo 1.2.h: cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes muebles o inmuebles, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.

 

Contiene también el Reglamento en los Considerandos 27 y 28 una exclusión de aplicación en relación a la inscripción registral de derechos sobre bienes muebles o inmuebles y los efectos de ésta, por lo que debe ser el Derecho del Estado miembro en el que se lleve el registro (para los bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine cómo se realizará la inscripción, qué efectos tendrá (constitutivos o declarativos, por ejemplo), así como qué autoridades, como los registradores de la propiedad o los notarios, se ocuparán de verificar que se reúnen todos los requisitos y que los documentos presentados o formalizados son suficientes o contienen la información necesaria. 

 

Las autoridades registrales deberán aceptar los documentos expedidos en otro Estado miembro por las autoridades competentes cuya circulación se dispone en el Reglamento. Ello no debe impedir que las autoridades que tramiten la inscripción puedan pedir a la persona que la solicita que presente la información o los documentos adicionales requeridos en virtud de la ley del Estado miembro en el que se lleve el registro, como, por ejemplo, información o documentos relativos al pago de impuestos.

Artículo 2: competencias de las autoridades de los Estados miembros en materia de  regímenes económico matrimoniales o efectos patrimoniales de las uniones registradas. 

 

 

Definiciones (artículo 3)

 

 

Los Reglamentos definen los conceptos que van a servir de base a su aplicación en el artículo 3, del siguiente modo:

 

Los Considerandos 16 y 17 matizan que el Reglamento no da un concepto de matrimonio ni de unión de hecho, que son definidos por el Derecho nacional de los Estados miembros. Ahora bien, respecto de las uniones de hecho distingue entre las uniones no registradas y las registradas, siendo éstas últimas las que, debido a su carácter oficial, deben quedar bajo el ámbito de aplicación del Reglamento. Por ello, lo que sí da es este concepto de unión registrada como el régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para su creación.

Régimen económico matrimonial es el conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con terceros, como resultado del matrimonio o de su disolución. 

 

De manera especial para el matrimonio, añade que el término régimen económico matrimonial ha de abarcar no solo las normas imperativas sino también las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable, lo cual incluye no solo las capitulaciones matrimoniales sino también toda relación patrimonial, entre los cónyuges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial o de su disolución. 

 

De manera paralela, define efectos patrimoniales de la unión registrada como el conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros, como resultado de la relación jurídica creada por el registro de la unión o su disolución.

Capitulaciones matrimoniales o de la unión registrada es el acuerdo en virtud del cual los miembros o cónyuges, o futuros miembros o cónyuges organizan los efectos patrimoniales de su matrimonio o unión registrada.

 

Se entiende por órgano jurisdiccional toda autoridad judicial y todas las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en la materia que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad judicial o bajo su control, siempre que dichas otras autoridades y profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de todas las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, adoptadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial, tengan una fuerza y unos efectos similares a los de la resolución de una autoridad judicial sobre la misma materia. 

 

Los Considerandos 29 y 30 admiten que, a efectos del Reglamento, el concepto de órgano jurisdiccional debe entenderse en un sentido amplio para incluir a los órganos jurisdiccionales en sentido estricto y, por ejemplo, a los notarios de algunos Estados que en determinadas cuestiones de este ámbito ejercen funciones judiciales, así como los notarios y los profesionales del Derecho que también las pueden ejercer por delegación de poderes de un órgano jurisdiccional. A sensu contrario, no debe incluir a las autoridades no judiciales (incluidos los notarios) cuando no ejercen funciones judiciales en este ámbito. El Considerando 31 reconoce que los actos expedidos por los notarios en este ámbito deben circular de conformidad con el Reglamento y, enlazando con lo anterior, matiza que cuando los notarios ejerzan funciones jurisdic­cionales quedarán obligados por las normas de competencia  y de circulación de documentos del Reglamento.

 

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las demás autoridades y profesionales del Derecho incluidas en dicha definición.

 

También reconocen los Reglamentos en sus Considerandos que estos no deben obstar a que las partes resuelvan amistosa y extrajudicialmente un asunto, por ejemplo ante un notario, en el Estado miembro de su elección, en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro.