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Los Reglamentos 1103 y 1104 sobre régimen económico (II): ley aplicable

22 oct. 2018
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Continuamos en este post el estudio de los Reglamentos (UE) de 24 de junio por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (2016/1103) y de efectos patrimoniales de las uniones registradas (2016/1104), que según sus disposiciones serán aplicables a partir del 29 de enero de 2019.

 

Recordemos que es procedente un estudio comparado de ambos textos, porque ambos Reglamentos comparten estructura, objetivos y la práctica totalidad de su literalidad, sustituyendo como es lógico la mención en el primero a los regímenes económico matrimoniales por la relativa en el segundo a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

 

En el anterior post resumimos su ámbito de aplicación y las definiciones que incluyen los Reglamentos, y dejamos para este el segundo las cuestiones relativas a la ley aplicable y la competencia, entre otras.

 

 

Competencia (artículos 4 a 19)

 

 

Comienza el artículo 4 por reconocer que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de la sucesión de uno de los cónyuges o de de un miembro de una unión registrada, en aplicación del Reglamento (UE) 650/2012, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial o sobre los efectos patrimoniales de la unión registrada en conexión con esa sucesión. Esta cuestión es compatible con la exclusión que hace el artículo 1.2.d del Reglamento UE 650/2012 de su ámbito de aplicación de las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes patrimoniales resultantes de las relaciones que la ley aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio.

 

El artículo 5.1 regula la competencia en caso de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, diciendo que cuando se interponga ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio en virtud del Reglamento (CE) 2201/2003, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial que surja en conexión con dicha demanda. Dicha competencia estará sujeta al acuerdo de los cónyuges en los casos especiales del artículo 5.2.

 

De manera paralela para las uniones registradas, dice también el artículo 5.1 que cuando se someta a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la disolución o anulación de una unión registrada, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro serán competentes para resolver sobre los efectos patrimoniales de la unión registrada que tengan conexión con la disolución o anulación de esta última, cuando sus miembros así lo acuerden. 

 

 

Ley aplicable (artículos 20 a 35)

 

 

Reconoce el principio de aplicación universal el artículo 20 al decir que la ley que se determine aplicable en virtud del Reglamento se aplicará aunque no sea la de un Estado miembro, y el de unidad de la ley aplicable el artículo 21 al decir que la ley aplicable se aplicará a todos los bienes que sean objeto de efectos incluidos en el ámbito del Reglamento, con independencia del lugar en que se encuentren los bienes. 

 

El artículo 22 reconoce el principio de elección de la ley aplicable, de modo que los interesados podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su régimen económico matrimonial o a los efectos patrimoniales de su unión registrada , siempre que se trate de una de las siguientes leyes: 

 

En relación al matrimonio, la ley del Estado en el que los cónyuges o futuros cónyuges, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo, o la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los cónyuges o futuros cónyuges en el momento en que se celebre el acuerdo. 

 

En relación a la unión registrada, la ley del Estado en el que los miembros o futuros miembros de la unión registrada, o uno de ellos, tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del acuerdo, la ley del Estado de la nacionalidad de cualquiera de los miembros o futuros miembros de la unión registrada en el momento en que se celebre el acuerdo, o la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada. Todo ello siempre que la ley elegida, sea cual fuere, atribuya efectos patrimoniales a la institución de la unión registrada 

 

Como no puede ser de otra manera, todo cambio de ley aplicable solo surtirá efectos en el futuro y ningún cambio retroactivo de la ley aplicable afectará negativamente a los derechos de terceros derivados de dicha ley. 

 

La forma de dicha elección se regula en el artículo 23, debiendo realizarse por escrito, fechado y firmado (se considerará como escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo). Añade que: 

 

Si la ley del Estado de residencia habitual común en el momento de la celebración del acuerdo establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones, dichos requisitos serán de aplicación.

 

Si tienen su residencia habitual en distintos Estados miembros en el momento de la celebración del acuerdo y las leyes de ambos disponen requisitos formales diferentes para las capitulaciones, el acuerdo será formalmente válido si cumple los requisitos de una de las dos leyes. 

 

Si solo uno de los cónyuges tiene su residencia habitual en un Estado miembro en el momento de la celebración del acuerdo y la ley de ese Estado establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones, dichos requisitos serán de aplicación. 

 

Lo establecido en el artículo 23 para la elección de ley aplicable es exactamente lo mismo que lo establecido en el artículo 25 para la validez formal de las capitulaciones matrimoniales o de la unión registrada, con la adición de un número 3 que matiza que si la ley aplicable al régimen económico matrimonial o a los efectos patrimoniales de la unión registrada impone requisitos formales adicionales, dichos requisitos serán de aplicación. 

 

La ley aplicable de manera supletoria en defecto de acuerdo se regula en el artículo 26, del siguiente modo:

 

En caso de matrimonio, se aplicará la primera residencia habitual común de los cónyuges tras la celebración del matrimonio, o, en su defecto, la de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio (no se aplicará si tienen más de una nacionalidad común), o, en su defecto, con la que ambos cónyuges tengan la conexión más estrecha en el momento de la celebración del matrimonio, teniendo en cuenta todas las circunstancias. 

 

En caso de unión registrada, se aplicará la ley del Estado conforme a cuya ley se haya creado la unión registrada. 

 

Para ambos supuestos, a modo de excepción y a instancia de cualquiera de los interesados, la autoridad judicial que tenga competencia para resolver podrá decidir que la ley de otro Estado distinto del Estado cuya ley sea aplicable (para cónyuges en virtud del apartado 1.a, criterio de residencia habitual común, para unión registrada el único criterio supletorio), regirá el régimen económico matrimonial si el demandante demuestra que los interesados tuvieron su última residencia habitual común en ese otro Estado durante un período de tiempo conside­rablemente más largo que en el Estado designado y si ambos se basaron en la ley de ese otro Estado para organizar o planificar sus relaciones patrimoniales. Esto no será de aplicación cuando los interesados hayan celebrado capitulaciones con anterioridad al establecimiento de su última residencia habitual común en ese otro Estado. 

 

El artículo 27 dice que la ley aplicable regulará, entre otras cosas la clasificación de los bienes, la transferencia de bienes de una categoría a otra, la responsabilidad por las obligaciones y deudas del otro, los poderes, derechos y obligaciones, el reparto, la distribución o la liquidación, los efectos patrimoniales y la validez material de las capitulaciones.

 

Finalmente, el artículo 31 reconoce la excepción de orden público, el artículo 32 la exclusión del reenvío (y por tanto de no aplicación de las normas vigentes en el Estado en materia de Derecho internacional privado) y el artículo 33 los conflictos territoriales de leyes al decir que en el caso de que la ley aplicable sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas, las normas internas en materia de conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas jurídicas serán de aplicación. 

 

 

Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones (artículos 36 a 57)

 

 

Dice el artículo 36.1 que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno, con las excepciones y reglas que contiene dicho Capítulo.

 

 

Documentos públicos y transacciones judiciales (artículos 58 a 60)

 


El artículo 3 define documento público como el documento que ha sido redactado o registrado formalmente como documento público en un Estado miembro, y cuya autenticidad se refiere a la firma y al contenido del documento público, y ha sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad facultada a tal fin por el Estado miembro de origen. 

 

Se refieren al documento público también los respectivos Considerandos al decir que autenticidad de un documento público debe ser un concepto autónomo que incluya aspectos como su veracidad, sus requisitos formales previos, las facultades de la autoridad que formaliza el acto y el procedimiento por el cual se formaliza este. 

 

También ha de abarcar los hechos oficialmente consignados por la autoridad competente en el documento público, como que las partes indicadas han comparecido ante la autoridad en la fecha señalada y han formulado las declaraciones que en él se expresan.

 

Dice el artículo 58.1 que los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifies­tamente contrario al orden público del Estado miembro de que se trate. 

 

Añade el mismo artículo que las personas que deseen utilizar un documento público en otro Estado miembro podrán solicitar a la autoridad que haya formalizado el documento público en el Estado miembro de origen que cumplimente el formulario previsto de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67.2 (que se remite al artículo 4 del Reglamento UE 182/2011), especificando el valor probatorio que el documento público surte en el Estado miembro de origen. 

 

Matiza el artículo 59.1 que los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán declarados, a instancia de cualquiera de las partes, documentos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el procedi­miento previsto en los artículos 44 a 57. 

 

Finalmente, el artículo 61 dice que no se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento. 

 

 

Disposiciones finales (artículos 61 a 70)

 

 

De las disposiciones finales podemos destacar el artículo 63, que dice los Estados miembros, con miras a hacer pública la información en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, facilitarán a la Comisión un breve resumen de su legislación y sus procedimientos nacionales, incluida la información sobre cuáles son las autoridades competentes y sobre los efectos frente a terceros, debiendo mantener actualizada de manera permanente esta información.