Blog

Circulación internacional de documentos notariales en materia matrimonial (II): Reglamentos 1103 y 1104

12 dic. 2018
1103

Este post es el segundo (y último) en que expongo las conclusiones de la charla que tuve ocasión de dar el pasado 13 de noviembre de 2018 en la sede de Alicante del Colegio Notarial de Valencia una Jornada sobre los Reglamentos (UE) 1103 y 1104 de 24 de junio.

 

Recordemos que el post anterior, que se puede leer aquí, estuvo centrado en dar una visión general de tres conceptos clave y del Reglamento Bruselas II bis, y este segundo va a analizar más detalladaments los Reglamentos 1103 y 1104 en relación a la circulación internacional de los documentos que están incluidos bajo su ámbito de aplicación.

 

 

Los Reglamentos 1103 Y 1104 de 2016

 

 

Pasamos a tratar ya los Reglamentos (UE) de 24 de junio por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (2016/1103) y de efectos patrimoniales de las uniones registradas (2016/1104), que como ha quedado dicho, serán plenamente aplicables a partir del 29 de enero de 2019.

 

Órgano jurisdiccional o autoridad

 

Según el artículo 3, se entiende por órgano jurisdiccional toda autoridad judicial y las demás autoridades y profesionales del Derecho con competencias en la materia que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de una autoridad judicial o bajo su control, siempre que ofrezcan garantías de imparcialidad, derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial y tengan una fuerza y efectos similares a los de la resolución de una autoridad judicial sobre la materia. 

 

Esa idea se recoge también en el Considerando 29, cuando dice que el Reglamento debe respetar los distintos sistemas para resolver las cuestiones del régimen económico matrimonial y que el término “órgano jurisdiccional” debe entenderse en un sentido amplio, que incluya también a los notarios de algunos Estados miembros cuando, en determinadas cuestiones del régimen económico matrimonial, ejercen funciones judiciales del mismo modo que los órganos jurisdiccionales o por su delegación.

 

Si nos atenemos exclusivamente a esto, los Notarios deberíamos entendernos excluidos del Reglamento, por no encajar en dicha definición. Pero esta definición está pensando fundamentalmente, en los casos en los que existe controversia entre las partes en relación a cualquier aspecto (por ejemplo, divorcio y liquidación contenciosa) y por eso se habla de la ejecutividad de los acuerdos, la necesidad de imparcialidad y de audiencia y se exige que se permita una revisión por órgano superior. 

 

No obstante, la definición literal no lo es todo en la normativa europea, puesto que si tenemos el concepto de autoridad a estos efectos en Reglamentos tan íntimamente conexos como el Reglamento Bruselas II bis, al que se añade el relevante papel en materia de Certificado Sucesorio Europeo del Reglamento (UE) 650/2012, quizás sí podamos pensar en argumentos de peso para entendernos incluidos.

 

Pero aún así, no se está refiriendo el Reglamento con esto a los casos en que las actuaciones se realicen sin contienda por las partes, que se deben entender incluidos en la regulación de los documentos públicos del propio Reglamento. 

 

Por ello, el Considerando 30 dice que el Reglamento debe permitir a todos los notarios competentes en materia de régimen económico matrimonial en los Estados miembros ejercer esas competencias, de ahí que se regule también el documento público, su reconocimiento y ejecutividad, muy matizada.

 

En ese sentido, el Considerando 31 dice que los actos expedidos por los notarios en materia de régimen económico matrimonial en los Estados miembros deben circular de conformidad con las disposiciones del Reglamento relativas a los documentos públicos.

 

Actos o negocios contenidos en el documento: Desde el punto de vista objetivo, los Reglamentos se aplican a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas. Desde el punto de vista formal, no hay problema conceptual en entender que los pactos sobre ello pueden documentarse en escritura pública y reconocerse conforme al artículo 58, como ahora veremos, si bien teniendo en cuenta el artículo 69.3, que dice que las disposiciones del capítulo III (ley aplicable, capitulaciones matrimoniales, etc.) solo serán aplicables a los cónyuges que hayan celebrado su matrimonio o que hayan especificado la ley aplicable al régimen económico matrimonial después del 29 de enero de 2019.

 

Acuerdos de elección 

 

Acuerdo de elección de ley: el artículo 22 reconoce el principio de elección de la ley aplicable, de modo que los interesados podrán designar o cambiar de común acuerdo la ley aplicable a su régimen económico matrimonial o a los efectos patrimoniales de su unión registrada, siempre que se trate de una de las que reconocen los Reglamentos. 

 

Lo justifica el Considerando 45 al decir que para facilitar la administración de su patrimonio, el Reglamento debe autorizarl a elegir la ley aplicable, con independencia de la naturaleza o la ubicación de sus bienes, entre las leyes con las que tengan una estrecha conexión.

 

La forma de dicha elección se regula en el artículo 23, debiendo realizarse por escrito, fechado y firmado. Añade que si la ley del Estado de residencia habitual común en el momento de la celebración del acuerdo establece requisitos formales adicionales para las capitulaciones, dichos requisitos serán de aplicación. Por tanto, si entendemos que este acuerdo es igual de trascendente que el otorgamiento de capitulaciones matrimoniales, y si tenemos en cuenta que, siendo el estado de residencia España se somete a forma de documento público las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones, conforme al artículo 1280.3 del Código Civil, no solo sería posible que los notarios las autorizaran, sino que precisamente sería lo procedente.

 

Acuerdo de elección de órgano jurisdiccional competente: Según el Considerando 36, para aumentar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la autonomía de las partes, el Reglamento debe permitir que, en determinadas circunstancias, las partes celebren un acuerdo de elección del foro. Por ello, entendemos que también es posible documentar notarialmente los acuerdos de elección de órgano jurisdiccional competente a que se refieren el artículo 5.2 (elección en materia de régimen económico matrimonial, entre los del artículo 5.1) y del artículo 7 (elección cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente, entre los del artículo 6).

 

Regulación de sus relaciones patrimoniales: matiza el Considerando 18 que debe incluir todos los aspectos civiles relacionados tanto con la administración como con la liquidación, en particular como consecuencia de la separación de la pareja o del fallecimiento de uno de sus miembros. De manera especial para el matrimonio, dice el Reglamento que ha de abarcar no solo las normas imperativas sino también las normas opcionales que los cónyuges puedan acordar de conformidad con el Derecho aplicable, lo cual incluye no solo las capitulaciones matrimoniales sino también toda relación patrimonial entre cónyuges y en sus relaciones con terceros, que resulte directamente del matrimonio o su disolución. 

 

Capitulaciones matrimoniales o de la unión registrada: son definidas en el artículo 3 como el acuerdo en virtud del cual los miembros o cónyuges, o futuros miembros o cónyuges organizan los efectos patrimoniales de su matrimonio o unión registrada. Por tanto, deben poder entenderse incluidas dentro de la competencia notarial ya sean pre o postnupciales, por las siguientes razones 

 

Lo establecido en el artículo 23 para la forma del acuerdo de elección de ley aplicable es exactamente lo mismo que lo establecido en el artículo 25 para la validez formal de las capitulaciones matrimoniales o de la unión registrada. Además, el artículo 27 dice que la ley aplicable regulará, entre otras, los efectos patrimoniales y la validez material de las capitulaciones.

 

Lo reconoce también el Considerando 48 al decir que la razón por la que se definen normas formales para ellas es facilitar que los derechos económicos matrimoniales adquiridos de resultas de las capitulaciones sean aceptados en los Estados miembros, por lo que está admitiendo implícitamente la circulación de dichos documentos.

 

En ese sentido, también estaría incluido el otorgamiento de escrituras que regulen las relaciones económicas de las uniones de hecho, allá donde se permitan. En la Comunitat Valenciana, debemos recordar la Sentencia del Tribunal Constitucional de nueve de junio de dos mil dieciséis que declara la inconstitucionalidad de prácticamente toda la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho formalizadas de la Comunitat Valenciana, incluyendo entre otros el artículo 7 (libertad de regulación de las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la convivencia) y el artículo 8 (gastos comunes de la unión de hecho formalizada). 

 

Acta de notoriedad para la constatación del régimen económico matrimonial introducida por la Ley de Jurisdicción Voluntaria en la Ley Orgánica del Notariado en el artículo 53. 

 

En principio, esta norma está pensando en otorgar el acta como medio de hacer constar en el Registro Civil el régimen económico matrimonial cuando éste no constare con anterioridad, pero no se me ocurren argumentaciones en contra para no admitirlo en las relaciones económicas en las que existe un elemento de extranjería, cuando deben presentar o justificar el régimen económico matrimonial que resulta de aplicar las normas del Reglamento.

 

Sería interesante aquí valorar si no sería un buen momento para aclarar su situación los afectados por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de abril de 2016 sobre la Ley 10/2007, de 20 de marzo, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano, que tuvieran un elemento de extranjería.

 

Liquidación de régimen económico matrimonial o de efectos

 

Independiente: indudablemente, la escritura de liquidación del régimen económico matrimonial otorgada con independencia de las capitulaciones matrimoniales, la separación, el divorcio o el fallecimiento de uno de los cónyuges, si no se liquidó en dicho momento debe quedar incluida en el ámbito de aplicación, así como la extinción de los efectos patrimoniales de la unión de hecho, en aquellas legislaciones que la admitan.

 

Otorgado conjuntamente con capitulaciones: si admitimos que las capitulaciones están incluidas en el ámbito objetivo, lógicamente el documento que recoja éstas y la liquidación quedaría sujeto unitariamente al régimen del Reglamento.

 

Otorgado conjuntamente con separación o divorcio: si se otorga una única escritura notarial de separación o divorcio en la que se incluya además liquidaciónd el régimen económico, el problema que se plantea es que los Reglamentos regulan la liquidación, pero es el Reglamento Bruselas II ya visto el que regula la separación o divorcio, por lo que un único documento tendría diferentes formas de reconocimiento y circulación.

 

La cuestión sí está regulada para el caso en que los cónyuges interpongan demanda, pues el artículo 5.1 del Reglamento resuelve que serán los órganos jurisdiccionales que conozcan la demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, o de disolución o anulación de una unión registrada, los competentes para resolver sobre el régimen económico o los efectos patrimoniales que surjan en conexión con la demanda. Por tanto, la compentecia y, entendemos, el régimen de circulación del documento, lo dará el órgano jurisdiccional que decida sobre el estado civil, no sobre la cuestión patrimonial.

 

Recordemos que, en este Reglamento, a diferencia de Bruselas II bis, los notarios no parece que intervengan como órgano jurisdiccional, y de ahí que el Considerando 31 diga que cuando los notarios no ejerzan funciones jurisdic­cionales, no deben estar obligados por las normas de competencia del Reglamento. Pero en materia notarial, no tenemos problema de competencia, porque se permite el acuerdo de los interesados para ambas cosas, lo que permite entender que el notario que es competente para ambas cuestiones (por ejemplo divorcio con liquidación) puede emitir un único documento.

 

Si aplicamos el mismo principio del artículo 5.1, la forma de circulación la dará el Reglamento Bruselas II bis. No obstante, el problema no se planteará si se otorgan dos documentos, ya que cada uno circulará separadamente.

 

Otorgado conjuntamente con escritura de herencia: lo dicho sobre competencia y acuerdo de las partes nos sirve para tratar este supuesto, puesto que el artículo 4 reconoce que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de la sucesión de uno de los cónyuges o de de un miembro de una unión registrada, en aplicación del Reglamento (UE) 650/2012, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado serán competentes para resolver sobre el régimen económico matrimonial o sobre los efectos patrimoniales de la unión registrada en conexión con esa sucesión.

 

Cuestiones dudosas: como vimos, el Reglamento pretende ser extensivo y dice, aunque sea en sus Considerandos, que debe incluir todos los aspectos relacionados tanto con la administración como con la liquidación, y toda relación patrimonial, entre los cónyuges o con terceros, que resulte directamente del vínculo matrimonial o de su disolución. De hecho, esto es congruente con el contenido amplio del artículo 27 cuando dice que la ley aplicable regulará, entre otras cosas:

 

La clasificación de los bienes y la transferencia de bienes de una categoría a otra, lo cual incluiría los negocios entre patrimonios de los cónyuges: aportaciones a gananciales, confesiones de privatividad, fijación del carácter ganancial o privativo del 1355 del Código Civil, y cualesquiera similares de derecho extranjero.

 

Los poderes: por tanto, podríamos entender incluidos los actos de consentimiento en materia dispositiva o de administración entre cónyuges, como autorizaciones o poderes recíprocos con contenido patrimonial.

 

Reconocimiento y ejecutividad: distinguen los Reglamentos el supuesto de resoluciones de órganos jurisdiccionales del resto de documentos públicos, pero para ambos, el artículo 61 dice que no se exigirá legalización ni formalidad análoga alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el marco del presente Reglamento.

 

De resoluciones de órganos jurisdiccionales

 

Reconocimiento: dice el artículo 36.1 que las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de seguir procedimiento alguno, con las excepciones y reglas que contiene dicho Capítulo. 

 

Fuerza ejecutiva: añade el artículo 42 que las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean ejecutorias en dicho Estado se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se haya declarado que poseen allí fuerza ejecutiva de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 44 a 57, teniendo en cuenta que la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se presentará ante el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de ejecución.

 

De documentos públicos: el artículo 3 define documento público como el documento que ha sido redactado o registrado formalmente como documento público en un Estado miembro, y cuya autenticidad se refiere a la firma y al contenido del documento público, y ha sido establecida por una autoridad pública u otra autoridad facultada a tal fin por el Estado miembro de origen. 

 

Reconocimiento: dice el artículo 58.1 que los documentos públicos expedidos en un Estado miembro tendrán en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en el Estado miembro de origen, o el efecto más parecido posible, siempre que ello no sea manifies­tamente contrario al orden público. 

 

Añade el mismo artículo que las personas que deseen utilizar un documento público en otro Estado miembro podrán solicitar a la autoridad que haya formalizado el documento público en el Estado miembro de origen que cumplimente el formulario previsto, especificando el valor probatorio que el documento público surte en el Estado miembro de origen. 

 

Ese formulario es el previsto en el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 67.2, que se remite al artículo 4 del Reglamento UE 182/2011.

 

Fuerza ejecutiva: dice el artículo 59.1 que los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán declarados, a instancia de cualquiera de las partes, documentos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro según el procedi­miento previsto en los artículos 44 a 57, que es el aplicable a las resoluciones de los órganos jurisdiccionales.