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Los intereses de demora y la comisión de reclamación de impagados ¿son abusivos?

03 nov. 2014
Typic

Era cuestión de tiempo. Los intereses de demora en los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda fueron legalmente moderados por la Ley 1/2013, de 14 mayo mediante la modificación del artículo 114 LH. Pero esos préstamos son una parte, si bien muy importante, de la contratación financiera, por lo que quedaron fuera de la intervención normativa el resto de préstamos hipotecarios, por ejemplo a empresas o a particulares para adquirir otros inmuebles, y los préstamos personales que se documentan en póliza.

 

En todos esos otros préstamos no hay interés máximo determinado por la Ley que pueda ser objeto de control de legalidad por el notario, por lo que las partes pueden en principio, pactar lo que estimen conveniente. El problema, como ocurre en general con las cláusulas abusivas, es que una de las partes lo pacta por las dos, o lo que es lo mismo: una de las partes lo impone a la otra.

 

¿Y cómo se le explica eso al cliente?

 

Desde la modificación de la Ley mencionada, cuando explico una póliza de préstamo y llego al tipo de interés de demora, o al de excedido en caso de un crédito, le comento al interesado que está fijado en un 18, 20, 25 por ciento o el que sea. El interesado suelta algún improperio o pone cara de indignación, por lo que puedo deducir sin mucho esfuerzo que se acaba de enterar en este momento de esos tipos de interés.

 

Si luego de eso, además les explicas que hay una cosa que se llama “comisión de reclamación de impagados”, o denominación similar, que puede generar un cargo directo de hasta 45 euros por retrasarse en el pago y sufrir una reclamación, el cliente suele aumentar su indignación y enfado. Y además, ese cargo lo es con independencia de que se cobre o no el interés de demora y con independencia de la cuota que se satisfaga, de modo que se paga lo mismo si la cuota reclamada es de 90 euros que si es de 900 euros.

 

Llegado ese punto, hasta ahora le comentaba al prestatario o acreditado lo que había sucedido con los intereses de demora en la Ley, y que todavía no había frecuentes decisiones judiciales sobre la moderación o abusividad para el resto de casos como el suyo. Añadía en mis explicaciones que parecía cuestión de tiempo que dichos tipos llegaran a los Tribunales y se aplicara un criterio más o menos homogéneo que apreciara su carácter abusivo, con independencia de que se tratara de un préstamo para refinanciar deudas o adquirir un vehículo. 

 

Por eso comenzaba el post diciendo que ese tiempo ha llegado ya, al menos en relación al interés de demora, pero siendo extensible también a la comisión de gestión de impagados que he comentado. Cada vez más órganos jurisdiccionales están declarando la nulidad de dichas cláusulas por abusivas.

 

Comisión por reclamación de impagados.

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 3 de septiembre de 2012 declaró que el artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 considera abusivas las estipulaciones no negociadas individualmente que contra las exigencias de la buena fe causen un desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor. 

 

También se basó en la Orden Ministerial de 12 de diciembre de 1989, hoy derogada pero aplicable cuando se celebró el contrato, que establece que no podrán cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente. Además, la comisión debe cargarse cuando obedece a una efectiva prestación de servicio por la entidad de crédito, pero en el caso de la Sentencia la comisión se aplicó automáticamente y y sin que la entidad de crédito haya realizado ningún tipo de gestión efectiva para reclamar tales impagos.

 

Dicha comision no sólo cumple esos dos requisitos, sino que además es extraordinariamente desproporcionado lo que se cobra por la comisión (en el caso de la Sentencia, 35 euros por cuota reclamada).

 

Entendido el carácter abusivo de la comisión de gestión de reclamación de impagados, se declaró su nulidad y que debía tenerse por no puesta en el contrato, por lo que se redujo de la deuda la cantidad correspondiente a la aplicación de dicha comisión.

 

Interés de demora abusivo del 18 por ciento anual.

 

Otra cuestión es la relativa al carácter abusivo de la cláusula que fija en un 18 por ciento anual el interés de demora de una póliza de préstamo.

 

El auto de catorce de enero de 2014 del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria- Gasteiz apreció el carácter abusivo de dicho importe y ordenó reducirlo del modo previsto en el artículo 1108 del Código Civil, es decir, al interés legal. Recurrido dicho auto, la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz dictó auto de once de septiembre de 2014 en el que confirmaba el carácter abusivo de dicha cláusula.

 

La confirmación se realizó por la Audiencia en contra de la argumentación de la entidad de crédito, que parte de considerar la naturaleza indemnizatoria y penal del interés de demora pactado. Además, defiende la entidad de crédito que es cierto que los criterios legales y jurisprudenciales han cambiado, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 mayo, pero que el interés de demora no ha variado su naturaleza indemnizatoria y el supuesto legal de la norma citada lo es para el caso concreto que trata, esto es: préstamo hipotecario para la adquisición de vivienda habitual. En este caso, la póliza de préstamo es personal, no hay garantía hipotecaria, ni la finalidad es la adquisición de vivienda, conforme al artículo 114 de la Ley Hipotecaria.

 

La Audiencia no comparte dicho argumento, y entiende que el carácter abusivo del interés de demora no deriva de estar incluida en el supuesto de hecho de la Ley 1/2013, de 14 mayo, sino que deriva de estar incluida en un contrato celebrado con consumidores, ya que el artículo 85.6 del RDL 1/2007, previene que el interés moratorio debe ser calificado de abusivo, y en consecuencia nulo, si supone la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones.

 

Para confirmar su desproporción compara el tipo de interés, entre otras normas, con el interés legal del dinero en general, y en particular con el aplicable al crédito al consumo, que no debía exceder del 2,5 del interés legal en ese momento. Concluye que los gastos de recobro no justifican ese importe, y pueden verse resarcidos con otros más proporcionados. 

 

Según los razonamientos anteriores, para determinar el interés de demora aplicable, no se puede optar por aplicar el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, dejando entonces sin efecto la rebaja voluntaria que la entidad de crédito aplicó al bajar el tipo de demora en la liquidación del 18 al 12 por ciento. Dicha rebaja fue unilateral, y no negociada con la otra parte, por lo que no puede ser respetada pues la cláusula es nula y sólo una nueva negociación, y no una nueva imposición, puede suplir la declarada abusiva. 

 

Como en este caso no hay acuerdo ni negociación, y además según la normativa comunitaria el Juez no puede reducir ni moderar la cláusula, la Audiencia entiende que la nulidad supone que no debe aplicarse interés moratorio de ninguna clase.

 

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de julio de 2014 razona del mismo modo que la de 16 de abril de 2013, que ya dijo que si un órgano judicial nacional aprecia que una determinada cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor es abusiva y, por tanto, nula de pleno derecho, dicho Tribunal no puede moderar la cláusula, modificando su contenido ni integrar, en definitiva, el contrato dando a la cláusula nula un contenido acorde a la equidad y al debido equilibrio entre las recíprocas prestaciones, pues según la legislación de la Unión e interpretación que de la misma efectúa el Tribunal de Justicia, tal transgresión, dada su gravedad, no permite su integración en el marco de la relación contractual en su conjunto, siendo sancionada con su ineficacia absoluta.

 

Interés en caso de descubierto.

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de veintitrés de junio de dos mil catorce trató un supuesto similar con el matiz de que se refería a los intereses por descubierto y que las condiciones generales aportadas no fueron firmadas por los demandados, por lo que desconocían su existencia y por tanto, ni forman parte del contrato, sin que puedan considerarse aceptadas por los afectados. 

 

Por lo demás se reitera en la Sentencia la idea de que la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor es nula, así como las también son abusivas las condiciones generales de la contratación que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, como en el caso de la Sentencia era un interés remuneratorio de más del 20 por ciento.

 

Con esos supuestos, la conclusión es que la cláusula contractual abusiva no vincula al consumidor y que será inaplicable, aunque en este caso la Audiencia ponderó las circunstancias del caso y rebajó el interés remuneratorio del 20 al 12 por ciento, en lo que se estimó como adecuado para un justo equilibrio de las prestaciones.