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La STJUE de 21 de enero de 2015 y los intereses de demora

26 ene. 2015
STJUE

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015 se ocupa de las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla). Las cuestiones que se plantean son las siguientes:

 

 

Primera cuestión: ¿Puede el Juez moderar la cláusula abusiva de interés de demora?

 

 

La primera cuestión que se plantea es si cuando un juez nacional aprecia la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses.

 

 

Segunda cuestión: ¿Es válida la norma que impone la moderación de los intereses de demora?

 

 

La segunda cuestión es si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 es una limitación clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma.

 

 

Tercera cuestión: ¿Perjudica al consumidor la normativa que impone el recálculo?

 

 

En tercer lugar, se plantea si la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 contraviene el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013.

 

 

Doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

 

 

En la Sentencia, responde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es compatible con el Derecho de la Unión la legislación española con arreglo a la cual el juez nacional está obligado a hacer que se recalculen los intereses de demora resultantes de la aplicación de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero. No obstante, el juez español debe tener la posibilidad de considerar abusiva la cláusula que imponga tales intereses y, en consecuencia, de dejarla sin aplicación.

 

Para llegar a esta conclusión, entiende que es necesario partir de la interpretación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que dice que: “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.

 

Según la interpretación literal del artículo, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para moderar el contenido de la misma y debiendo el contrato subsistir sin otra modificación que la supresión de las cláusulas abusivas. 

 

De hecho añade que si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas se podría poner en peligro la consecución del objetivo de la Directiva 93/13, que es producir un efecto disuasorio para que los profesionales eviten utilizar tales cláusulas al saber que cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato no podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario.

 

A pesar de lo anterior, lo cierto es que el Tribunal de Justicia también ha reconocido en ciertos casos al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato.

 

La norma supletoria de derecho nacional que debemos entonces observar es la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, publicada a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013

 

Esta Ley, entre otras medidas, limitó legalmente en ciertos casos los intereses de demora, para lo cual se modificó el el artículo 114 de la Ley Hipotecaria añadiendo al mismo un tercer párrafo con la siguiente redacción: “Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.” 

 

Además, su Disposición Transitoria Segunda prevé que en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de dicha Ley (el 15 de mayo de 2013), y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada aplicando un interés de demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero cuando el tipo de interés de demora fijado en el contrato de préstamo hipotecario exceda de ese límite.

 

Esta norma, que parece impone el recálculo de los intereses de demora, en ningún caso impide que el juez nacional pueda ejercer sus competencias y excluir la aplicación de una cláusula abusiva, tanto si el interés de demora es superior o inferior al límite que marca, por lo que la Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tal disposición nacional. 

 

De este modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora sea superior al establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 y deba ser objeto de limitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula.

 

Por consiguiente, el artículo 6 apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no se opone a la disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición nacional: no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.