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Protección de datos VS libertad de información. Seguimos con el derecho al olvido.

13 feb. 2015
Protección de datos

La Sentencia de la Audiencia Nacional 5129/2014 de veintinueve de diciembre de dos mil catorce trata, de nuevo, un supuesto de ejercicio del derecho al olvido contra Google, en que una persona se opuso al tratamiento de datos personales ante un medio de comunicación. La Sentencia sigue un esquema similar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, en Sentencia de 17 de Julio de 2014, que traté en este post.

 

Fundaba su oposición en que dicho medio de comunicación enlazaba a una página web en la que constaba, junto con otras informaciones, una subasta de inmuebles relacionada con un antiguo embargo derivado de deudas a la Seguridad Social. El interesado afirmaba que el embargo carecía de relevancia actualmente, y por ello remitió escrito al medio de comunicación y a Google Spain, S.L. ejercitando su derecho de oposición solicitando que sus datos personales no siguieran apareciendo en los resultados de búsqueda con los links del medio de comunicación afectado. 

 

 

Recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos

 

 

Además el interesado presentó en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos reclamación contra el medio de comunicación, al denegar su solicitud, y contra el buscador. 

 

Respecto del medio de comunicación, se desestimó su petición al considerarse que se había denegado de forma motivada la cancelación solicitada, ya que la publicación de los datos tenía justificación legal y su fin era dar la máxima publicidad a las subastas para conseguir la mayor concurrencia de licitadores.

 

Respecto de Google Spain S.L. y Google Inc., solicitó que se eliminase la publicación para que no apareciesen sus datos personales, o bien, utilizase las herramientas necesarias para ocultar sus datos y que dejasen de incluirse en sus resultados de búsqueda. La Resolución de la Agencia estimó la reclamación instando a que se adoptaran las medidas necesarias para retirar los datos del índice e imposibilite el acceso futuro a los mismos. 

 

 

¿Qué medidas debe adoptar para cumplir con la Resolución?

 

 

El problema surgió con la interpretación del alcance de dicha resolución: El abogado defensor de Google Spain S.L. alegó que la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014 no ampara una orden de retirar datos e imposibilitar el acceso futuro a los mismos, lo cual supondría imponer una obligación general de supervisión (algo expresamente prohibido por el artículo 15 de la Directiva 2000/31/CE) sino únicamente ordenar que no se muestren enlaces concretos entre los resultados cuando se haga una búsqueda específicamente por el nombre del interesado. 

 

Entiende la Sentencia que la obligación impuesta por la resolución debe interpretarse en el sentido de que debe adoptar las medidas necesarias para retirar o eliminar de la lista de resultados, obtenida tras una búsqueda efectuada a partir del nombre del reclamante, los vínculos a las páginas web objeto de reclamación.

 

 

Incidencia de la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014.

 

 

No obstante, no fue esa la única alegación ni contienda entre las partes. Dice la Audiencia que diversas cuestiones suscitadas en las demandas después de la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 ya carecen de relevancia al haber sido resueltas por dicha Sentencia, entre ellas que la actividad de un motor de búsqueda como proveedor de contenido debe calificarse de tratamiento de datos personales, del que es responsable. Como consecuencia de ello, los buscadores están obligados a hacer efectivo el derecho de cancelación y oposición del interesado. 

 

Se alega falta de motivación en la resolución de la AEPD, y no acepta el razonamiento la Sentencia, diciendo que si bien no contiene una ponderación de derechos e intereses en conflicto con el alcance predicado por la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014, ello no significa que la resolución adolezca del defecto de falta de motivación, pues expone con suficiente claridad y precisión las razones en que sustenta su pronunciamiento.

 

 

Unidad de negocio y legitimación pasiva del buscador.

 

 

También queda resuelto que Google Spain S.L. se dedica al ejercicio efectivo y real de una actividad mediante una instalación estable en España, por lo que es aplicable la normativa europea en materia de protección de datos y, por ende, la legislación del país de la Unión Europea donde se encuentre el establecimiento.

 

Por ello, se entiende que no hay falta de legitimación pasiva de Google Spain, S.L. y se remite expresamente a la Sentencia del TJUE, en el que se razona que Google Search (gestionado por la matriz Google Inc.) se presta a nivel mundial pero en muchos países existen versiones locales adaptadas al idioma nacional. El grupo Google utiliza una empresa filial, Google Spain S.L., como agente promotor de venta de los espacios publicitarios. 

 

La responsabilidad de Google Spain, S.L. en el tratamiento de datos personales llevado a cabo en el marco del servicio de búsqueda en internet ofrecido por Google Inc deriva de la unidad de negocio que conforman ambas sociedades, en la que la actividad desempeñada por Google Spain, S.L. resulta indispensable para el funcionamiento del motor de búsqueda, pues de aquella depende su rentabilidad.

 

 

El derecho a la protección de datos y el derecho a la intimidad.

 

 

Continúa la Sentencia con la delimitación del objeto y contenido de los derechos fundamentales en conflicto, comenzando por separar o matizar la relación entre el derecho fundamental a la protección de datos y el derecho a la intimidad. 

 

La STC 292/2000, de 30 de noviembre ya afirmó que el derecho fundamental a la protección de datos tiene un objeto más amplio que el del derecho a la intimidad, pues amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado. 

 

De este modo, el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales.

 

 

 

Colisión entre la libertad de información y el derecho a la protección de datos.

 

 

Parte del contenido esencial de ese derecho a la protección de datos es el derecho de oposición a su tratamiento, que prevalece sobre el interés legítimo y la actividad empresarial del gestor del motor de búsqueda en la actividad que desarrolla.

 

Alega también Google Spain S.L. que las páginas web a las que remiten los enlaces cuya eliminación ha ordenado la Agencia en la resolución recurrida, no contienen información únicamente relativa al afectado, sino otras de manifiesta relevancia pública, al ser una página de un medio de comunicación que incluye un artículo de opinión y un reportaje sobre la regulación de la eutanasia. Entra en colisión, por tanto, con la libertad de información.

 

Resuleve la Sentencia que también prevalece sobre la libertad de información del medio de comunicación afectado, que se encuentra satisfecha por su subsistencia en la fuente, es decir, en el sitio web donde se púbica la información por el editor, sin que el hecho de eliminar de la lista de resultados los vínculos a las páginas web objeto de reclamación por el afectado, impida que utilizando otros datos se llegue a las citadas páginas web, pero no a partir de su nombre.