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Actas de herederos en el Proyecto de Jurisdicción Voluntaria

En mi opinión, uno de los indudables aciertos del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria es atribuir a los notarios la tramitación de todas las declaraciones de herederos, y no sólo las que hasta ahora reconocía el artículo 979 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (no derogado por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000), que eran las de descendientes, ascendientes o cónyuge del causante. Dicho artículo queda derogado expresamente por el Proyecto.

 

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¿Ya me puede divorciar el Notario?

Me ha ocurrido varias veces recientemente que parejas jóvenes, sin hijos y con una casa comprada (e hipotecada) en común antes de casarse, al decidir el cese del matrimonio, han acudido a la notaría para ver si era posible solucionar su situación sin tener que acudir al JuzgadoSe sorprendían al ver que no, que tenían que empezar un procedimiento judicial y que lo único que desde la notaría se podía hacer, en su caso, era la extinción de condominio de la vivienda, pero que la relación conyugal no podía ser extinguida en la notaría.

 

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¿Ya me puede casar el Notario?

Una de las modificaciones que quizás no sea tan trascendente desde el punto de vista jurídico, pero quizás la más mediática de las incluidas en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, es la adaptación de la normativa para permitir que tanto el expediente previo como la celebración del matrimonio se realicen también por Notario. Además, al tener también atribuida competencia los Encargados del Registro Civil, debe entenderse que el futuro Cuerpo de Registradores Civiles y Mercantiles también quedan incluidos.

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Los principios del Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria

El Gobierno, finalmente, y tras algunos intentos, ha aprobado un Proyecto de Ley que intenta regular de manera sistemática la jurisdicción voluntaria. El Proyecto considera expedientes de jurisdicción voluntaria todos los que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

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