El Convenio de La Haya XII de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros se aplica según su artículo 1 a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante, considerándose como tales entre otros los documentos notariales. Dicho Convenio fue ratificado en España por Instrumento de 10 de abril de 1978 y entró en vigor el 25 de septiembre de ese mismo año.

La Sentencia del Tribunal Supremo 56/2019 de 15 de enero, en la que ha sido ponente Doña María de los Ángeles Parra Lucan, versa sobre la resolución de un conflicto de normas de derecho internacional privado en materia de sucesiones, concretamente de determinar si, en contra de la voluntad de un ciudadano inglés que dispuso de sus bienes de conformidad con su ley nacional, es aplicable el reenvío a la ley española, conforme a la norma de conflicto inglesa que establece que la sucesión por causa de muerte se rige, para los bienes inmuebles, por la ley de su situación, y para los bienes muebles por la ley del domicilio del causante.

Parece bastante claro, al tenor de lo visto en materia de circulación de documentos en los últimos Reglamentos sobre Régimen Económico Matrimonial y Efectos Patrimoniales de las Uniones de Hecho registradas, o en Bruselas II bis, entre otros, la idea que subyace hoy en día en el legislador europeo  es la de facilitar la circulación de los documentos, de ahí que el pasado 16 de febrero de 2019 entrara en vigor el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2016 por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, quedando los documentos incluidos en su ámbito de aplicación exentos de toda forma de legalización y trámite similar, según su artículo 4 y el Considerando 19.

Uno de los documentos que más autorizamos y recibimos los notarios son los poderes, ya sean estos para ser utilizados en el propio estado del lugar del otorgamiento o de un tercer estado, sea o no miembro de la Unión Europea.

El pasado 13 de noviembre de 2018 se celebró en la sede de Alicante del Colegio Notarial de Valencia una Jornada sobre los Reglamentos (UE) 1103 y 1104 de 24 de junio, que ya hemos tenido ocasión de tratar en este (ámbito de aplicación) y este post (ley aplicable), que pude compartir con compañeros y amigos como Rafael Ferrer, María Reyes Sánchez y Antonio Ripoll.

Continuamos en este post el estudio de los Reglamentos (UE) de 24 de junio por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (2016/1103) y de efectos patrimoniales de las uniones registradas (2016/1104), que según sus disposiciones serán aplicables a partir del 29 de enero de 2019.

En breve vamos a tener una nueva regulación europea de los efectos patrimoniales de los matrimonios y de las uniones registradas. Tan en breve como que los nuevos Reglamentos serán plenamente aplicables a partir del 29 de enero del año próximo. Por ello, este post pretende ser una primera aproximación descriptiva de lo que nos viene a partir de esa fecha, con un previsible impacto importante en los despachos notariales.

Tras la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y su entrada en vigor a partir del 25 de mayo de 2018, la normativa española obviamente debe ponerse al día, estando pendiente de aprobación definitiva y publicación el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (PLOPD), que servirá para adaptar la normativa española al nuevo Reglamento y que entrará en vigor al mismo tiempo que aquél.

En los dos artículos anteriores nos hemos centrado en los conceptos que debemos manejar para hablar de digitalización de derecho de sociedades y en las ventajas que la actuación notarial puede ofrecer a la propia sociedad, a los socios y a terceros.